Los cuentos y cuentas de las privatizaciones o lo que no puede ser…

Resulta muy interesante el fenómeno más reciente de la gestión municipal y autonómica en nuestro país: el de las ‘desprivatizaciones’ o, dicho en puridad, el de las ‘municipalizaciones’ o ‘regionalizaciones’ de servicios públicos bajo gestión privada. Da igual el signo político del consistorio o Ejecutivo gobernante. Aunque es verdad que son más propensos a ellas las llamadas 'mareas', el ímpetu intervencionista alcanza también a algunas fuerzas de teórico centro o izquierda moderada. Todo sea por un puñado de votos.

Y resulta interesante por tres motivos que paso a destacar a continuación:

En primer lugar, porque resultan económicamente inviables. A día de hoy, y pese al empeño del PP en el ámbito energético por conseguir lo contrario, la seguridad jurídica sigue existiendo en nuestro país y buena parte de las concesiones llevan aparejadas unas indemnizaciones en caso de rescisión que son, a día de hoy, inasumibles para los presupuestos de los impulsores de la ruptura. Es precisamente por este motivo por el que están tratando de obtener judicialmente lo que no cabe en sede administrativa, con pleitos y denuncias que no hacen sino extender la sombra de sospecha sobre todo contrato no firmado por ellos -arrimando así el ascua a su sardina de ‘todo es corrupción’-. Pero es que, además, al pago inicial hay que unir los importes asociados a la gestión, especialmente una plantilla que quedaría bajo la órbita del ayuntamiento o comunidad… Casi nada.

En segundo término, porque no mejorarán la eficiencia. Es evidente que en la medida en que ‘se tira con pólvora del rey’, el incentivo para una gestión eficaz al menor coste es menor. Hace bien poco, en una visita por el Levante patrio, nos contaban el impacto que había tenido en términos de ahorro para un hospital el haber externalizado mediante concurso los suministros a un tercero. Millones de euros al año. La mezcla, además, de ‘más’ frente a ‘mejor’ y de ‘subvención’ versus ‘coste real repercutido al ciudadano’ es explosiva en un entorno de mayor urbanización, envejecimiento poblacional y escasez de recursos. Asistir a los más necesitados, por supuesto imprescindible, no se puede confundir con barra libre de prestaciones por la patilla. Alguien lo terminará pagando y será, casi seguro, aquel al que se pretende beneficiar.

Tercero y último, porque tampoco se conseguirá una mayor satisfacción ciudadana. El caso hospitalario es paradigmático. Al igual que hemos comentado en el apartado anterior, la ‘competencia’ invita a la excelencia para lograr la recurrencia del paciente en el uso de las instalaciones. De hecho, a día de hoy, se está consiguiendo con la negativa a mantener los contratos asistenciales de algunos centros privados catalanes, caso distinto pero paradigmático, justo lo contrario de lo que se quería: más masificación de lo público, más rechazo de quien se puede permitir una alternativa, más negocio para los damnificados. Absurdo. Y es solo un ejemplo. Ya verán el efecto de la cancelación de la educación concertada religiosa, ya.

Por tanto, no cabe esperar grandes novedades en este frente, por más que algunos sigan haciendo de la utopía moneda corriente de promesa electoral. Lo cierto es que, desgraciadamente para su discurso, el mundo va cada vez más a modelos de colaboración entre empresas y gobiernos con objeto de mejorar la planificación, la ejecución y el control de determinadas infraestructuras, servicios básicos o prestaciones asistenciales. De donde no hay, no se puede sacar. Y la externalización es la única salida plausible para unos políticos bajo el agua de los déficits y el peso de sus deudas.

Siempre quedará a los soñadores defensores de las 'desprivatizaciones' la alternativa de la confiscación. "Puesto que tú tienes y yo no, y solo por eso lo que tienes es ilegítimo [fondo de su discurso], me lo quedo". Pero para cuando quiera llegar el caso, pocos estarán aquí esperando a que suceda.

Menos cuentos y más cuentas.

Despierten, por favor.