El Ayuntamiento de Madrid tima a los conductores con el S.E.R.

El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha hace ya unos cuantos años el servicio de aparcamiento regulado, S.E.R., con el objetivo de reducir el tráfico en el centro de la ciudad, rebajar las emisiones y solucionar o reducir de alguna forma los atascos. Pero sin duda detrás también había un objetivo recaudatorio del consistorio más endeudado de España, con diferencia.

Soy un usuario habitual de este servicio de aparcamiento regulado y sé que va subiendo en su tarifa, pero tampoco tengo muy claro cuáles son los costes del servicio. La razón es que al llegar al parquímetro empiezo a echar monedas hasta que marca la hora a la que tengo previsto irme del sitio.

Pero el sábado pasado me ha ocurrido algo muy curioso. Esperé a que fueran las 14.00 para poder aparcar en una zona de carga y descarga, donde está permitido aparcar a partir de esa hora. Y entonces fui al parquímetro, que marcaba exactamente esa hora. Y leo en la etiqueta que tiene pegada con la tarifa que el tiempo máximo en tarifa valle es una hora y su coste 2,00 euros, mientras que en la tarifa punta son 2,10 euros. Compruebo que las 14.00 corresponden a una hora valle, por lo que deduzco que tengo que pagar dos euros.

Busco mi moneda de dos euros y cuál es mi sorpresa cuando al introducirla me dice que tengo que irme de allí a las 14.53. Decidí anular la operación y volver a repetirla, pero me pasó lo mismo y entonces eché los dos euros más otros veinte céntimos más y me apareció una indicación que decía que mi hora de salida era las 14.59.

No sé si el Ayuntamiento de Madrid ha subido la tarifa y ni siquiera se ha molestado en cambiar la pegatina para que los usuarios sepan exactamente lo que tienen que pagar, o si simplemente es que se tima a los conductores madrileños con un 10% de “propina”.

Si una persona entra en un bar en el que pone desayuno 2,00 euros y cuando pide la cuenta el camarero le dice que son 2,20 euros, el cliente tiene derecho a pedir explicaciones, a solicitar el libro de reclamaciones y, al menos en teoría, esa reclamación seguirá su curso. Y sobre todo tiene la posibilidad de no volver a desayunar a ese bar. Pero la pregunta es ¿qué se puede hacer contra el timo institucionalizado que supone que el Ayuntamiento me diga que una cosa me cuesta 2,00 euros y en realidad me cobre 2,20 o 2,25 euros por ello?

He comprobado un ticket del mes de julio de la misma zona que tenía guardado y curiosamente entonces el importe que pagué para una hora exacta fue el máximo, de 2,25 euros, que me dio derecho a 60 minutos de aparcamiento. De ello deduzco que la supuesta subida que no está reflejada en la etiqueta de tarifas del parquímetro lleva ya seis meses en vigor, como mínimo. Es lamentable, sería mejor que no pusieran las tarifas y que dijeran a los conductores que cobran lo que quieren.

Pero esto mismo está ocurriendo cada día más con todo lo relacionado con la conducción y el automóvil. En el derecho Administrativo hay unas normas fijas y perfectamente establecidas en las que no hay espacio para las interpretaciones. Es algo exacto. Un buen ejemplo son las sanciones por exceso de velocidad. Hay un baremo de sanciones, no es una cuestión que dependa de un juez, sino que están perfectamente fijadas, siempre que no llegue a la vía penal. Y hay unos márgenes de error que también son perfectamente legales.

Si una persona circula a 53 km/h en una zona limitada a 50 km/h tendrá una multa de 100 euros sin retirada de puntos del carné, pero si lo hace a 52 km/h no le podrán sancionar, porque el margan de error en un radar fijo es de un 5%. Y lo mismo ocurre en la graduación de las sanciones, que en algunos casos se hace sin aplicar los márgenes de error legales para que una multa que debería ser de 100 euros pase a ser de 300 euros y 2 puntos del carné.

Pero los ayuntamientos y los organismos encargados del control del tráfico en las distintas comunidades autónomas están haciendo una interpretación muy particular de los márgenes de error para sancionar a más conductores y con cuantías superiores. Cuando a un conductor se le sanciona por superar un semáforo en rojo y se le envía una foto en la que se ve el coche pasando el semáforo en ámbar es una vergüenza. Y demuestra que se habla mucho de seguridad vial, pero que lo único que se busca es recaudar. Y si se hacen recursos se tiran directamente a la papelera. Bueno en realidad se responde, “el agente se ratifica” o “el aparato de control está homologado” o “ratificado el hecho no hacen falta más pruebas”, etcétera…

Tiene que haber unas normas, eso está claro, porque de lo contrario el tráfico sería un campo de batalla permanente. Pero las normas tienen que ser muy claras, concretas y precisas, y sobre todo se deben aplicar con la máxima objetividad y honestidad. Si un ciudadano, sea conductor o no, está viendo cómo se vulneran sus derechos de forma continua debería tener algún derecho para reclamar, pero por supuesto sin tener que pasar antes por caja con las famosas tasas judiciales, con gastos de abogado y demás.

Los ayuntamientos cada día cometen más errores a la hora de enviar multas a los conductores. No sé si son malintencionados o simplemente son errores, pero hay que tener algún control para evitar que los ayuntamientos costeros, por ejemplo, empiecen a enviar multas a propietarios de vehículos por mal aparcamiento en una calle del municipio cuando ese coche nunca ha estado en ese municipio.

Cuando un conductor comete una infracción, se le debe perseguir para que pague por ello, pero siempre habrá que respetar la presunción de inocencia. Si un policía municipal se “equivoca” tres veces seguidas en la matrícula de un coche mal aparcado, quizá haya que estudiar cuál es el problema real.

Si la DGT o el Ayuntamiento de Madrid están embargando cuentas sin haber notificado correctamente las sanciones a los propietarios de los vehículos, es que algo se está haciendo muy mal. Pero no es justo que si un ciudadano se molesta en recurrir un embargo, por ejemplo, la única obligación de Hacienda o del organismo implicado sea devolverle el dinero… porque otros muchos ciudadanos ni se molestarán en hacer un recurso. Es el “descuideo” administrativo.

Los conductores deben cumplir la ley, pero los agentes de la autoridad, sean del tipo que sean, deben velar porque las leyes se cumplan estrictamente. Los conductores cada vez cumplen más con la normativa, pero no porque se hayan concienciado de que hay que cumplirla, sino porque ya no tienen dinero para pagar más multas. Pero también tienen derechos y esos se pisan cada día y nadie hace nada para evitarlo.

Quizá la Justicia debería tomar cartas en el asunto y empezar a defender los derechos de los ciudadanos de estos atropellos. Lo que ocurre ahora es que los departamentos jurídicos de todos estos organismos, de los ayuntamientos, de la Policía, de la DGT, de las comunidades autónomas, que los pagamos todos los ciudadanos, se ocupan casi de manera exclusiva de proteger a estos organismos frente a los ciudadanos. Y el ciudadano tiene que pagar un abogado para defenderse de otro abogado que también lo está pagando él.