Depurar responsabilidades por los errores de la Administración

La Dirección General de Tráfico con su política de seguir aumentando las multas al mayor ritmo posible parece que pierde, a veces, el norte. Automovilistas Europeos Asociados –AEA-, siempre luchando por la defensa de los derechos de los conductores, ha denunciado un nuevo tema polémico en el trabajo de la DGT. Y es que el organismo que se encarga de controlar -qué bonita palabra- el tráfico en las carreteras españolas está enviando cartas multando a propietarios de vehículos con la ITV perfectamente pasada, por no haber pasado dicha revisión técnica.

La Inspección Técnica de Vehículos es una forma muy buena de mantener un cierto control de los vehículos que circulan por las carreteras españolas. Por eso, creo que es muy necesario que se hagan y se controlen, y de hecho todos los países serios hacen obligatorio este tipo de revisiones que aseguran un buen estado general de los vehículos.

Por eso, que el organismo que vigila el tráfico controle también las revisiones es vital para la seguridad vial en España. Pero como todo, hay que hacerlo bien. Y según la denuncia de la asociación AEA, no se está haciendo así. La DGT ha implementado un nuevo sistema informático, denominado ITICI, para el intercambio telemático de los resultados de las inspecciones técnicas de vehículos. Y esto permite que al pasar un vehículo por una zona de control con cámaras, se pueda saber si el coche ha pasado su ITV o no. Y en caso negativo multar al conductor.

El sistema creo que es muy bueno, porque permite quitar de la circulación coches que pueden ser peligrosos. Pero parece ser que funciona mal, y que la DGT ha enviado al menos decenas de sanciones por este motivo a conductores con su coche perfectamente en regla. La sanción, completamente ilegal en estos casos, es de 200 euros.

El problema no es nuevo ya que hace un año, cuando se puso en marcha el sistema, se produjeron algunos fallos similares y, entonces, la DGT argumentó que se trataba de los fallos lógicos de su puesta en marcha, algo que podría servir como excusa. Pero un año después, ya con el sistema más rodado, los fallos se siguen produciendo.

Y según las explicaciones de AEA no es que el sistema informático funcione mal, sino que hay errores al no meter en algunos casos los datos de los coches que pasan la revisión de la ITV. Lo peor es que cuando una persona va a pasar la ITV del coche, además de las correspondientes tasas y del correspondiente coste de la revisión, se le cobran otros 3,80 euros para anotar los datos de la inspección en dicho registro oficial.

Es decir, que a un propietario de un vehículo que lleva su coche a revisión se le cobran 3,80 euros solo por apuntar sus datos en un registro oficial y a veces el funcionario se olvida de hacerlo. Y la consecuencia es que si pasa con ese coche por un puesto de control de este tipo, en unos días le llegará la correspondiente multa de 200 euros. Todo de manera automática y con la máxima eficiencia.

O tenemos tiempo libre para hacer los recursos correspondientes y tenemos la suerte de que no nos responden “el agente se ratifica en los hechos”, la respuesta habitual a cualquier recurso que se hace ante la DGT, o Hacienda llegará a embargar nuestra cuenta. Ante atropellos como éste, también está la alternativa de hacerse socio de AEA para que se ocupen de defender nuestros derechos en todo momento.

Las leyes están para cumplirlas, pero es una vergüenza que cada día salgan nuevas polémicas como esta que demuestran que los organismos que están para velar porque los ciudadanos cumplan las leyes, en realidad están para hacer cualquier cosa, legal o ilegal, para sancionar a los conductores, que parece que son los únicos que pagan esta fiesta.

Solo unos ejemplos que me vienen a la cabeza. Los semáforos con cámara del ayuntamiento de Madrid no demuestran que el conductor haya pasado el semáforo en rojo, según los tribunales. Los márgenes de error legalmente establecidos no se aplican por parte de la DGT en numerosos casos. Las multas en diferido, esas que se ponen simplemente apuntando el agente la matrícula del supuesto infractor en un cuaderno y rellenando luego en la oficina la multa, que el ayuntamiento de Madrid ha estado imponiendo a los conductores, son ilegales y hay más de 600.000. Pero el Gobierno ya las ha hecho legales a partir de ahora con la última reforma de la ley.

El Reglamento de Circulación vigente solo prevé un tipo de señalización, de color azul, en zonas de aparcamiento limitado por tiempo y de pago. Pero de manera ilegal el ayuntamiento de Madrid ya tiene tres colores distintos, verde, azul y más recientemente naranja, para delimitar zonas en función del coste del servicio. Pues aunque no sea legal el ayuntamiento sigue sancionando a todo el que no paga. Y otros muchos ayuntamientos de toda España las tienen también.

El Estado de Derecho, al menos desde mi punto de vista, se basa en que se cumplan las leyes. Pero todos los ciudadanos, también los Cuerpos de Seguridad del Estado, los abogados, los médicos, los periodistas, los conductores, los secretarios de Estado, los jueces, los políticos. Y por supuesto los organismos oficiales, que deberían dar ejemplo y no saltarse las leyes a la torera.

Una buena solución para recuperar el Estado de Derecho sería que cuando un organismo imponga una sanción ilegal, por ejemplo la de enviar una multa a un conductor con su ITV perfectamente pasada, que la multa que pague ese organismo por su error sea, por ejemplo, 100 veces el valor de la misma.

Cuando un ayuntamiento manda una multa de mal aparcamiento de un coche y se demuestra que el vehículo no estaba allí, sino a 500 kilómetros de ese sitio, pues el ayuntamiento paga por su “error” 20.000 euros. Si un funcionario de la DGT se “equivoca” y se olvida de aplicar el margen de error legal en un exceso de velocidad, pues en lugar de los 300 euros de multa al conductor por ejemplo, pues éste solo paga 100 euros si es lo que realmente le corresponde, y a la DGT se le impone una multa de 20.000 euros.

Eso sería pagar por los errores, o dicho de una manera mucho más fina, depurar responsabilidades, pero de verdad. De esta forma, los departamentos jurídicos de todos estos organismos, que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, se ocuparían de hacer bien su trabajo, de comprobar que la sanción es real y entonces aplicar todo el peso de la ley sobre los infractores. O de formular leyes que se ajusten a Derecho y no hacer lo primero que se les ocurre para sacar dinero, porque nunca les pasa nada.

Pero eso nunca va a ser así, porque los derechos de los conductores es lo que menos le interesa a nuestros políticos y dirigentes y la cartera de los conductores es algo con lo que tienen verdadera fijación. Sirven para tapar todos los agujeros.