La corrupción institucionalizada

La corrupción se ha hecho fuerte en la sociedad española. Raro es el día en el que no se conoce un nuevo caso en el que algunos políticos se han llevado dinero de todos los españoles. Lo malo es que ya no se trata de casos aislados, sino que toda la administración está marcada por la corrupción. De una u otra manera los políticos, los partidos que los integran o los organismos públicos se aprovechan de los ciudadanos.

Los casos de Valencia o de Acuamed en los últimos meses han centrado todos los titulares de los últimos días, pero unos meses antes era el caso de la familia Pujol, y unos años antes el escándalo de los ERE y los cursos de formación en Andalucía, todavía sin juzgar. La Justicia trabaja en ellos, pero poco a poco las responsabilidades se van diluyendo hasta su posible prescripción.

El automóvil no está exento de estas actuaciones. Hay dos casos muy concretos que huelen a corrupción, o como se le quiera llamar, de actuaciones ilegales por parte de las administraciones. En concreto, me refiero a la DGT y al Ayuntamiento de Madrid. Ambos organismos sancionan de forma ilegal a los conductores, como han sentenciado en numerosas ocasiones los jueces, pero pese a la oposición judicial con el sistema empleado en las sanciones, los organismos no cambian su manera de actuar. Eso provoca que los ciudadanos tengan que pagar unas multas injustas e ilegales, según han sentenciado los jueces. O pagar e ir a los tribunales para defenderse del abuso oficial.

El primero de los casos es el de las llamadas sanciones “foto-rojo”. El ayuntamiento de Madrid ha instalado 26 cámaras en diferentes puntos de la ciudad para detectar a los conductores que se saltan el semáforo. Un sistema que, en principio, puede parecer una buena idea. Pero no cómo se hace, porque no demuestra que el sancionado se haya saltado el semáforo en rojo, ya que la foto de la prueba demuestra que se pasa el semáforo en naraja. Y es una forma de recaudar injusta.

En concreto, una sentencia del titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Madrid señala que la fotografía, que es la única prueba que demuestra que un coche se ha saltado el semáforo en rojo, “es cualquier cosa menos concluyente”. No es la única sentencia en este sentido. Hace unos meses, en el semáforo de la calle O’Donnell, en el que está previsto el giro a la derecha con un semáforo intermitente para ese giro, se multaba a los conductores que giraban con el semáforo rojo, pese a estar permitido.

¿Cuál sería la respuesta lógica a esta situación? Organizar una reunión con expertos juristas, analizar lo que dice realmente la ley y poner en marcha un sistema de control de los semáforos que fuera legal. Pues no, la respuesta del ayuntamiento ante la postura de los jueces es que se van a instalar otras 15 cámaras nuevas en febrero, igual de ilegales que las instaladas hasta ahora. Lo más curioso es que la alcaldesa de Madrid antes era juez, y supuestamente hacía que se cumpliera la ley. Ahora quizá ya no le importa tanto lo que diga la justicia.

Con relación a las cámaras de los semáforos hay una fuerte polémica. En Estados Unidos llegó a haber 540 cámaras en distintas ciudades en el año 2012, y ahora son unas 440. En Tampa, en la costa de Florida, se instalaron 23 cámaras y seis meses después los accidentes en esas intersecciones habían aumentado un 50%. Por ello, se quitaron y cada año se reduce su utilización en EEUU.

El otro caso se refiere a la Dirección General de Tráfico. El organismo que dirige María Seguí ha cambiado la manera de aplicar el margen de error de los radares. Hasta hace unos meses, la norma era que sobre la velocidad detectada por el radar se descontaba el margen de error legal del aparato en cuestión, establecido por el Instituto de Metrología. Parece la manera más lógica de actuar, la que usan los franceses o los alemanes, para calcular el valor de una multa por exceso de velocidad.

Pero la DGT ha cambiado su manera de actuar y ahora aplica el margen de error de manera “previa”, según la propia DGT. Es decir, si en un sitio hay un límite de velocidad de 100 km/h, el equipo no dispara la foto hasta los 110 km/h, con lo cual el margen de error solo funciona para “librarse” de la multa a los que circulan a 102, o 106 o hasta 109 km/h. Lo malo es que si el aparato de radar dice que circulamos a 143 km/h pagamos una multa por circular a 143 km/h, cuando eso es totalmente injusto porque puede que en realidad solo circulemos a 136 km/h. El conductor no tiene por qué pagar que la DGT utilice unos equipos de medición poco precisos y mucho más baratos.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha sobre una multa por exceso de velocidad destaca en la sentencia que "a la Sala no le cabe duda que esa velocidad fidedigna que sale en la pantalla del cinemómetro no es la real, sino dentro de los límites del error admitidos, ya que es lógico suponer que no existe una programación de los aparatos para que lleven inserto en sus cálculos tales márgenes, cuando se les permite funcionar con ellos, o por lo menos esa corrección no consta. Dicha sentencia continua que “la consecuencia debe ser que, si a esa velocidad de la pantalla no se le ha detraído el margen de error tolerable, el interesado y en este caso el Tribunal debe hacerlo por permitírselo la norma".

Lo lógico en un país democrático sería anular esas multas ilegales. Y luego crear una comisión entre el departamento jurídico de la DGT y un equipo de juristas especializados en este tipo de cuestiones, analizar en profundidad este tema, y a partir de ahí tomar una postura legal en torno al margen de error. Pero no deja de ser curioso que en ningún país de primer nivel haya ninguna duda en cómo se debe aplicar el margen de error, que existe para todos los equipos de medida. O quizá es que los legisladores españoles tampoco hacen muy bien su trabajo al hacer las leyes.

Con los numerosos casos de los políticos que se han llevado nuestro dinero a su casa, los que han usado ese dinero para financiar sus partidos políticos, y estos casos escandalosos de la administración actuando ilegalmente contra los conductores para hacer más caja, no es de extrañar que los españoles no hagan caso de las normas y que intenten aprovecharse de las circunstancias. Y por eso España es el país número 1 de la corrupción en Europa, y cada día vamos a peor. Es la corrupción institucionalizada.