La dimisión de Seguí, un ejemplo para los políticos

La dimisión de María Seguí al frente de la Dirección General de Tráfico (DGT) es un buen ejemplo de cómo los políticos deberían asumir sus responsabilidades en casos de corrupción, tan frecuentes en España en los últimos años. Pero es que la palabra dimisión no parece estar en el vocabulario de las personas que dirigen las instituciones españolas, si exceptuamos el caso de Seguí y el del ministro José Manuel Soria por su implicación en los papeles Panamá.

Quizá la razón principal por la que se produce esta dimisión es que Seguí no es una persona del entramado político habitual, no es de ningún partido político, y tampoco es amiga de ningún político al uso. Y por eso ha podido tomar la decisión que yo creo que debía tomar, dimitir, y que casi ningún político toma.

Se puede analizar si su etapa al frente de la DGT ha sido buena o mala, positiva o negativa, en base a sus proyectos, sus líneas de actuación, el equipo de personas que ha formado y demás. Pero al final, por lo único que se va a valorar su gestión es por esos tres trabajos encargados a un equipo en el que trabajaba su marido. Eso, por supuesto, está mal, si es que realmente se ha producido. Pero no debemos olvidar que la DGT tiene cada año un presupuesto de casi 850 millones de euros, de los que más de la mitad son gastos de personal. Su cometido es velar por la seguridad en las carreteras y trabajar por reducir las víctimas mortales del tráfico. Una tarea muy importante.

La DGT debe participar activamente en reuniones con otros departamentos, como la Dirección General de Carreteras o el Ministerio de Fomento para conseguir nuevas inversiones en carreteras con las que mejorar las infraestructuras. Los agentes de la DGT conocen a la perfección las rutas españolas y sería perfecto crear comisiones con los responsables de Carreteras para mejorar, por ejemplo, la señalización. Las reuniones con el Ministerio de Educación serían importantes para conseguir que, por una vez en la vida, los niños estudien Educación Vial desde pequeños. O con Hacienda para que se pongan en marcha planes que ayuden a rejuvenecer el vetusto parque español de automóviles, un tema clave para mejorar la seguridad vial.

Lo que ahora hay que tratar de estudiar es si la gestión del departamento que dirigía hasta el viernes pasado ha sido buena o mala. Si realmente se han producido esas reuniones y han sido positivas y si María Seguí ha defendido el derecho de los ciudadanos a desplazarse de una manera ágil y segura ante esos organismos. Los españoles deberíamos acostumbrarnos a analizar de manera más profunda las cosas. Cada día hay nuevos casos de corrupción en España. Todos los diarios españoles llevamos de manera habitual en la portada algún escándalo protagonizado por un político y lo que tendríamos que hacer los ciudadanos, desde mi punto de vista, es tratar de entresacar los que de verdad son importantes y los que son una mera ficción. Por ejemplo, los dos trajes de Camps o todo el dinero que se le atribuye al clan Pujol.

Analizar cuatro años de gestión

En la DGT ha habido muchos temas polémicos en los últimos cuatro años y medio. El último de todos ellos es el de los cursos de recuperación de puntos del carné adjudicados durante diez años a una sola empresa, pero ha habido otros muchos. Por ejemplo, los casos de modificaciones en el número de víctimas mortales del tráfico en los últimos años o la política de puesta en marcha de nuevos radares que nos vendían que era lo mejor y que ahora se demuestra que no era tan buena. Cuando la crisis se ha reducido y los españoles salen más, hay más accidentes y más víctimas, lo que demuestra que los radares ayudaron en su momento, pero no son la solución.

A lo largo del mandato de Seguí, uno de los trabajos importantes que ha emprendido la DGT ha sido la elaboración de la reforma del Reglamento de Seguridad Vial, que tras varios años de trabajo está aparcada en una vía muerta desde principios de 2015. Y ese es un ejemplo perfecto de lo que hacen nuestro políticos, sean del color que sean y en el departamento al que les asignen.