El Gobierno de Obama espía a periodistas: ¿seguridad o libertad de prensa?

Determinar el alcance que algunas noticias pueden llegar a tener resulta tan complejo como impredecible. Nadie presagiaba que el arresto de cinco individuos en el edificio Watergate aquel 17 de junio de 1972 concluiría dos años más tarde con la dimisión del presidente Nixon. La que ha surgido esta semana es de similar índole: el espionaje. El pasado 10 de mayo el presidente y consejero delegado de la agencia Associated Press, Gary Pruitt, recibía una comunicación oficial en la que se le informaba de las escuchas telefónicas que el Departamento de Justicia había realizado en su agencia de noticIas.

Entre abril y mayo de 2012 se intervinieron unas veinte líneas de AP con objeto de identificar al agente que había filtrado información secreta relativa a la operación en Yemen contra un activista de Al Qaeda que pretendía volar un avión de pasajeros. AP estima que el número de periodistas espiados podría superar el centenar y, en su escrito de queja, Pruitt calificó el suceso de “injustificable”. Fue James Cole, número dos del fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, quien respondió aludiendo al propio secreto de la investigación para no aportar más detalles. Sí ha dejado claro que el objeto de las escuchas fue única y exclusivamente preservar la "seguridad nacional" porque se "podían poner en riesgo vidas y causar un grave daño a la seguridad de todos los americanos". Finaliza su carta haciendo referencia al "balance entre el interés público para el libre flujo de información y el interés público en la protección de la seguridad nacional".

Holder, de momento, ha podido inhibirse del caso por un posible conflicto de intereses al haber sido interrogado previamente por el FBI, pero no ha dudado en afirmar, en un intento de justificar la actuación del Departamento, que la filtración que originó este asunto fue una de las dos o tres más graves que ha conocido a lo largo de su vida. Jay Carney, el portavoz de la Casa Blanca, ha salido rápidamente al paso y, evitando entrar en el fondo de la cuestión, ha afirmado que la Casa Blanca es ajena a este tipo de actuaciones y decisiones tomadas por el Departamento de Justicia, y que, si bien respeta la Primera Enmienda (se recoge la libertad de prensa), debe existir un equilibrio entre la seguridad y la libertad de prensa.

Lo que ahora se puede estar dilucidando -al estilo de la inmortal obra de Orwell, 1984- es la violación del Estado de derecho por parte de las propias autoridades en pro de la seguridad

El tema es ciertamente complejo y de una trascendencia que va mucho más allá de atentar contra la libertad de expresión o contra los periodistas, como ha manifestado la influyente asociación de periodistas The Newspaper Guild, quienes en su comunicado de condena denunciaban la violación de la libertad de prensa garantizada por la Constitución en aras de la seguridad. También el CEO Pruitt se ha manifestado en un sentido similar en la respuesta a la primera comunicación de Cole. Siendo importante, que lo es, el tema relativo al derecho a la información, el fondo de la cuestión transciende el ámbito eminentemente periodístico.

Las distintas actuaciones terroristas desde el 11-S han supuesto un progresivo recorte de libertades en hipotética garantía de la seguridad; y la sociedad occidental parece haberlo admitido con innegable resignación. Este que ahora nos ocupa no es el caso. Con anterioridad a estas escuchas, primero se legislaba y a posteriori se actuaba conforme a derecho; lo que ahora se puede estar dilucidando -al estilo de la inmortal obra de Orwell, 1984- es la violación del Estado de derecho por parte de las propias autoridades en pro de la seguridad. El propio Cole es consciente de ello al utilizar en sus dos cartas el complejo término legal subpoena (subpoena duces tecum sería la referencia exacta) para referirse a las escuchas.

Pero, ¿cómo justifica que los 'pinchazos' hayan sido indiscriminados? Se trata de escuchas a más de cien empleados en distintas oficinas de la agencia (Washington, New York, Hartford). Según Cole, no pretendía espiar a periodistas, sino averiguar la identidad del traidor interno. Pero ¿qué habría ocurrido -o podría estar ocurriendo- si durante el curso de las investigación hubieran obtenido información referente a otro asunto que ellos también consideraran inherente a la 'seguridad nacional'? ¿Quién garantiza que dentro del secretismo de la investigación se destruirá todo aquello ajeno o tangencial al asunto en cuestión? ¿Es la 'seguridad nacional' una nueva patente de corso para los servicios de seguridad -no digamos ya los servicios secretos-? Demasiados interrogantes sin respuestas.

Probablemente se ajusten a la realidad las declaraciones del portavoz Carney, pero Barack Obama no puede ni debe actuar como don Tancredo. Debe intervenir de forma directa, rápida, clara y contundente. El Estado de derecho, las libertades individuales o la privacidad personal -sí, también el derecho a conocer- están en entredicho y resultan ser asuntos sustanciales y constitutivos de la propia democracia. Cualquier intento por distanciarse de este tema puede volverse en su contra; un hipotético y de momento poco probable impeachment pudiera resultar en absolución como a su predecesor Clinton, pero marcaría, también como en el caso de este, el legado histórico de su presidencia.