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¿Por qué ya no hablan los combativos abogados chinos?
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Ángel Villarino

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¿Por qué ya no hablan los combativos abogados chinos?

Como en las de muchos otros periodistas extranjeros afincados en China, en mi agenda de contactos hay al menos una decena de teléfonos de abogados que

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¿Por qué ya no hablan los combativos abogados chinos?

Como en las de muchos otros periodistas extranjeros afincados en China, en mi agenda de contactos hay al menos una decena de teléfonos de abogados que llevan (o al menos llevaban) casos “sensibles”, un adjetivo que enmarca todas aquellas cuestiones que deslegitiman la autoridad del Partido Comunista Chino. Se trata de gente que, con más o menos militancia, se ha venido arriesgado a hacerse cargo de expedientes que el resto de sus compañeros rechazan para no meterse en problemas. Y lo hacen aún a costa de poner en riesgo su carrera profesional y su propia integridad física. Según me comentaba uno de ellos el año pasado, “en Pekín hay más de 10.000 abogados, pero sólo 50 que aceptamos defender a personas que tienen problemas serios con las autoridades”. Se refería, por ejemplo, a la defensa víctimas de desalojos y expropiaciones, de abusos perpetrados por altos funcionarios o políticos, de persecuciones religiosas, etcétera. 

Sin gozar de la resonancia mediática en el extranjero de artistas o activistas como Ai Wei Wei o Liu Xiaobo, estos abogados se juegan el tipo en una pelea mucho más directa, a pie de calle, por la justicia social en su país. Intentan cambiar el sistema desde dentro, sin más recursos que los que ofrece la propia legislación china, un marco que otorga a los ciudadanos muchos más derechos de los que disponen en la práctica. Como se imaginarán, suelen ser gente muy dura, acostumbrada a las amenazas y con una cierta vocación heroica, cuya motivación procede, a menudo, de experiencias personales pasadas. En sus biografías es común encontrar injusticias sufridas en carnes propias, o en las de gente muy cercana. La verdad es que nunca lo han tenido fácil: a menudo perdían sus licencias, recibían una visita a medianoche, o acababan sufriendo palizas, detenciones y torturas. De vez en cuando, alguno traspasaba alguna línea roja y desaparecía sin dejar rastro. Con todo, la mayoría iban sacando el trabajo adelante y se habían convertido en una de las pocas fuentes disponibles para documentar casos graves de abuso de poder y otros atentados contra los Derechos Humanos. Tanto es así que algunos tenían un contacto continuo y directo con la prensa y las asociaciones humanitarias.

Si hablo en pasado de su trabajo es porque, uno a uno, están desapareciendo de la escena pública. En los últimos meses, sus teléfonos móviles no dan tono, o suenan y suenan sin que nadie responda. Un puñado de ellos acepta la llamada, pero se limitan a pedir comprensión. “No puedo hablar, ni ver a nadie. No es seguro, ni conveniente para mi, ni para mi familia”. Y cuelgan.  El régimen parece haber decidido sacudírselos de encima, aplastarlos con castigos ejemplares en medio a lo que muchos analistas consideran la peor ola de represión desde la matanza de Tiananmen en 1989. En realidad es algo que lleva todo este 2011 ocurriendo. Occidente, pasmado con la crisis económica y cautivo por las deudas contraídas, mira hacia otro lado.

¿Pero qué les está ocurriendo exactamente a estos abogados? Es complicado generalizar, pero reconstrucciones de amigos y familiares de las víctimas, así como mensajes colgados en las redes sociales, en blogs, y alguna que otra declaración suelta aparecida sobre todo en la prensa de Hong Kong y Estados Unidos, ofrecen un mosaico escalofriante. Algunos de los más incómodos, como el experto en la defensa de minorías cristianas Teng Biao, o los especialistas en Derechos Humanos Tang Jingling y Li Liu Shihui, han sido víctimas de detenciones ilegales, torturas, e incluso inyecciones de fármacos que les han provocado desequilibrios psíquicos.

Varios asociaciones y medios de comunicación han ido recopilando dichas pruebas. Se conoce, por ejemplo, lo que le pasó a Fan Yafeng, que después de ser citado en una comisaría de Policía, acabó encapuchado y retenido en una silla durante más de diez horas, sufriendo diferentes tipos de maltrato físico. Acto seguido, fue encarcelado y torturado intermitentemente durante nueve días. Antes de dejarle marchar, le obligaron a firmar una confesión en la que reconocía estar implicado en negocios ilícitos y promover la subversión contra el orden establecido. Cargos que, según le dijeron sus torturadores, le pueden costar hasta 20 años de prisión si se obstina en seguir hablando con la prensa y aceptando casos “sensibles”. 

Otro de estos letrados, que prefiere no ser identificado, asegura haber pasado varios días en una habitación vacía sin moverse, privado de todo tipo de estímulos y obligado a firmar papeles que ni siquiera había terminado de leer y en los que cree haber rubricado y admitido crímenes que no cometió. Peor le fue a Tang Jingling, a quien estuvieron inyectando fármacos hasta hacerle perder la cabeza. Dicen que tiene dificultades, incluso, para reconocer a gente de su entorno. Las amenazas se extienden también a los familiares de las víctimas, recuperando en cierto modo el concepto del “castigo colectivo”, una vieja tradición imperial que hacía pagar los crímenes no sólo al infractor, sino también a sus allegados. 

Una minoría de estos abogados ha desaparecido y sus familias se desesperan intentando averiguar su paradero. El resto han regresado ya a casa, pero con la voluntad totalmente quebrada. Incluso aquellos a los que todavía no han detenido ni torturado, no parecen dispuestos a meterse de nuevo en problemas con el Gobierno. Se está llevando a cabo una vieja estrategia de represión, que resume a la perfección un proverbio chino: “Matas a un pollo para asustar a los monos”. Un método que, por supuesto, funciona. Según organizaciones como Amnistía Internacional, la mayoría de los “casos sensibles” están siendo abandonados. El resultado más inmediato es que miles de personas se han quedado sin nadie que las defienda ante un tribunal. 

Li Tiantian, una abogada de Shangai detenida durante tres meses, ha sido una de las pocas que se ha atrevido a hablar en su blog de la experiencia. Lo hizo utilizando una fábula en la que un pajarillo que trinaba demasiado era apresado por un gran avispón. Después de recibir unos cuantos aguijonazos, el pajarillo fue liberado, a condición de que no contase lo que había ocurrido y de que abandonase para siempre sus incómodos canturreos contra los avispones. “En estas circunstancias, no hay nada malo en convertirse en una tortuga y esconder la cabeza. Al menos, las tortugas viven hasta una edad avanzada”, concluía la fábula. Por supuesto, el blog fue inmediatamente censurado. 

Como en las de muchos otros periodistas extranjeros afincados en China, en mi agenda de contactos hay al menos una decena de teléfonos de abogados que llevan (o al menos llevaban) casos “sensibles”, un adjetivo que enmarca todas aquellas cuestiones que deslegitiman la autoridad del Partido Comunista Chino. Se trata de gente que, con más o menos militancia, se ha venido arriesgado a hacerse cargo de expedientes que el resto de sus compañeros rechazan para no meterse en problemas. Y lo hacen aún a costa de poner en riesgo su carrera profesional y su propia integridad física. Según me comentaba uno de ellos el año pasado, “en Pekín hay más de 10.000 abogados, pero sólo 50 que aceptamos defender a personas que tienen problemas serios con las autoridades”. Se refería, por ejemplo, a la defensa víctimas de desalojos y expropiaciones, de abusos perpetrados por altos funcionarios o políticos, de persecuciones religiosas, etcétera. 

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