¿Ignora Alemania los abusos de sus empresas en el extranjero?

El Gobierno alemán promueve activamente la acción exterior de sus empresas, pero mira para otro lado cuando éstas cruzan los límites de la ley. Ésta es la acusación que han lanzado dos conocidas ONG alemanas, Germanwatch y Misereor, en un informe de 160 páginas, en el que detallan más de una decena de casos de irregularidades en el extranjero de compañías alemanas.

El gigante Siemens, en esta recopilación centrada en el sector energético, se lleva la palma. Le acusan de haber amenazado activistas y de haber puesto en peligro la forma de vida de los oriundos de Tehuantepec, en México, con un parque eólico. De acciones similares le acusan en Agua Zarca, en Honduras, donde desarrolla junto a Voith, otra empresa alemana, un proyecto hidroeléctrico. Desde 2013 han muerto en ese país centroamericano seis activistas medioambientales. Por último, en Hidrosogamoso, en Colombia, un proyecto al que Siemens aporta unos transformadores está en el disparadero por acoso a activistas, expulsiones forzadas y daños al medio ambiente.

Pero en las páginas del informe aparecen otros nombres conocidos del sector privado, como RWE y EnBW, dos de las mayores eléctricas alemanas, y el gigante químico BASF. Además, las ONG apuntan que el Gobierno alemán y la banca pública ofrece créditos a proyectos en el extranjero que también están violando los derechos humanos. Citan proyectos en Sudáfrica, en Kenia y en Barrio Blanco (Panamá).

"Por un lado, el Gobierno alemán apoya activamente a empresas que operan en el extranjero, con iniciativas como la promoción del comercio exterior o la facilitación de créditos y acuerdos comerciales. Pero por otro, no se han implementado regulaciones para que se respeten los derechos humanos", denunció al presentar el informe Pirmin Spiegel, presidente de Misereor, una organización vinculada a la iglesia católica.

Más allá de los ejemplos lo que el estudio aspira es a evidenciar los agujeros legales que permiten estos abusos. Germanwatch y Misereor señalan que Naciones Unidas aprobó en 2011 unas líneas generales de actuación sobre este asunto, pero que el Gobierno alemán aún no las ha incluido en su acervo legal. Tan solo, a finales del año pasado, lanzó un Plan de Acción sobre Economía y Derechos Humanos en el que tan solo se pedía a las empresas que lo cumplieran de forma voluntaria. No hay una obligación legal, ni siquiera cuando hay créditos públicos de por medio. En comparación, otros países europeos, como Francia, Reino Unido y Holanda han dado pasos legales en cumplimiento al requerimiento de Naciones Unidas.

La responsabilidad de las empresas alemanas es clave, según Christoph Bals, director político de Germanwatch. "Las empresas alemanas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos cuando extraen carbón o petróleo en países en desarrollo o cuando toman parte en la construcción de embalses", considera y añade: "Esto también rige cuando contribuyen a grandes emisiones de gases contaminantes que contribuyen al cambio climático, que pone en peligro la calidad de vida y la calidad de la comida y el agua en muchas regiones".

La diferencia reside en que la sociedad civil alemana cuenta con organizaciones que investigan esos delitos y los denuncian

Armin Paasch, uno de los autores del estudio, reconoce que "las empresas alemanas no cometen directamente estas violaciones de los derechos humanos en la mayor parte de los casos". Sin embargo, está convencido de que "su responsabilidad va más allá de eso": "Deben prestar atención a las empresas con las que hacen negocios y cómo éstas se comprometen con los derechos humanos". En este ámbito, a su juicio, las empresas alemanas que operan en el extranjero tienen "un gran déficit".

Las empresas aludidas, por su parte, han reivindicado sus operaciones en el extranjero y tratado de refutar algunas de las críticas del informe. En la mayor parte de los casos apuntan que ellas no llevan directamente los proyectos citados y que están cumpliendo con los postulados de Naciones Unidas más allá de lo que está empezando a solicitarles el Gobierno alemán. Alegan también que la situación en algunos países es inestable.

El estudio apunta que, de las treinta empresa analizadas, algunas han empezado ya a tomar medidas, como realizar análisis de riesgos y poner en marcha procedimientos de quejas, pero que estas iniciativas son insuficientes con respecto al requerimiento de Naciones Unidas.

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El Gobierno alemán, por su parte, ha previsto empezar a realizar un análisis de la conducta de las empresas nacionales en el exterior a partir de 2018, con atención especial por el respeto a los derechos humanos. A partir de 2020, y dependiendo de los resultados de esos análisis, estudiará introducir algún tipo de legislación.

Alemania ha sido criticada en repetidas ocasiones a lo largo de los años por no vigilar la actuación de sus empresas en el extranjero. Ni en el ámbito de los derechos humanos ni en el terreno de la corrupción. Muchas ONG han denunciado la pasividad o lentitud de los distintos gobiernos a la hora de perseguir a compañías nacionales que realizaban en el exterior acciones que hubiesen sido punibles en territorio alemán.

También es cierto, sin embargo, que las empresas alemanas no son las únicas que violan los derechos humanos, pagan sobornos o contaminan indiscriminadamente cuando operan en países donde los controles de las autoridades son menores. La diferencia reside en que la sociedad civil alemana cuenta con organizaciones que investigan esos delitos y los denuncian, mientras que en otros países no se da esta reacción de la población.