Necesitaremos una Ley de Claridad

Cuando Txapote, Iñaqui de Rentería, y el resto de los penables de ETA hayan sido juzgados por los 300 atentados aún pendientes de esclarecer. Cuando los terroristas condenados hayan cumplido la condena que les corresponda, o la mayor parte de ella. Cuando la banda terrorista lleve años y años sin atentar y se pueda verificar que el enésimo comunicado de "cese" de su actividad era cierto. Cuando el terrorismo de baja intensidad, la kale borroka, haya desaparecido para siempre. Entonces, y solo entonces, necesitaremos una Ley de Claridad.

En el futuro inmediato de España no tiene por qué ocurrir lo que pasó en Yugoslavia y Croacia, en Serbia y Kosovo o en Reino Unido e Irlanda del Norte. Perfectamente puede ocurrir lo que sucedió en Canadá y Quebec, aunque no se haya hablado mucho de esta posibilidad desde que ETA comunicó, otra vez, que "cesa" su lucha armada.

Sin embargo, el modelo quebequés se usó por el PNV en la presentación del Plan Ibarretxe y los políticos nacionalistas vascos lo pusieron como ejemplo de lo que ellos anhelaban; solo que lo interpretaron a su antojo, dándole la vuelta al verdadero sentido de la legislación canadiense y envidiando lo que iba a conseguir Quebec gracias a esa legislación. También el nacionalismo catalán lo cita de vez en cuando como el modelo al que aspira. En este artículo del pasado enero, el centro de Estudios Jordi Pujol dice, entre otras cosas: "Por lo tanto, la alternativa a la situación actual de Cataluña en España tan solo podría ser la independencia. La opción independentista es de difícil realización. La otra, la que nos impone España, la de los partidos españoles y de las instituciones españolas, no es tan difícil porque equivale a rendirse. Y a aceptar la marginación y el ahogo de Catalunya. Por lo tanto, fácil. Pero es nuestro final colectivo. Llegado el caso, alguna gente, que jamás hubiera soñado hacerlo, votaría independencia. En cualquier caso, entre la independencia y ser el Quebec español mucha gente votaría lo segundo. Pero podría ocurrir perfectamente que para España el estatus de Quebec fuera tan intolerable como la independencia”.

Pues bien, ese modelo podría servirnos a todos. Porque ya ha servido en Canadá y puede servir en España. Cuenta, además, con la gran ventaja de que es un modelo reclamado por los propios partidos nacionalistas, aquellos que ponen la independencia de sus territorios como la solución a todos sus problemas. Por tanto, podría servir a la inmensa mayoría de los españoles, incluyendo a los españoles votantes de CiU o del PNV.

Lo que no sirve es el modelo actual. No sirve a los nacionalistas, porque en su naturaleza está pedir siempre más de lo que reciben y reclamar siempre algo nuevo cuando consiguen lo que pedían antes. Y no sirve al conjunto de España, porque no se pueden seguir concediendo competencias indefinidamente sin que eso llegue a contentar nunca a quien las recibe.

Canadá encontró la solución con la Ley de Claridad. Se trata de un procedimiento más sencillo y menos farragoso que el camino constitucional hacia la independencia de una Comunidad Autónoma, que sí contempla nuestra Constitución. Luis María Ansón lo repite a menudo en sus escritos y cualquier que conozca nuestra legislación sabe cuál es el procedimiento.

No hay dos naciones comparables al cien por cien, ni dos historias exactas, pero sí hay aspectos de la situación del independentismo en Canadá que pueden ser útiles para España. El terrorismo que provocó el separatismo quebequés no se puede comparar con el provocado por los asesinos, criminales, secuestradores, recogedores de nueces y demás independentistas vascos. Pero sí se pueden comparar las acciones de los terroristas quebequeses con las de los terroristas del independentismo catalán. Unas doscientas bombas y media docena de muertos, incluyendo un ex-alcalde en Barcelona y un ministro en Montreal. Superada la etapa de los atentados, Canadá encontró un camino. En España, los atentados de los terroristas catalanes son ya historia, como lo son las otras 200 bombas de los independentistas canarios. Los casi 900 asesinados por el terrorismo vascos están aún muy próximos. El problema es que España no tiene una región que aspira a la independencia, sino dos, más algunas otras en las que existen partidos nacionalistas, como Canarias o Aragón, que podrían llegar a plantear también su independencia. Si se promueve un proceso para aquellas partes que hace años que abandonaron el terrorismo, como Cataluña, habría que hacer una ley que sirviera también para las zonas donde los atentados están aún calientes.

Cualquier asociación, matrimonio o proyecto entre partes que quiera romperse, ha de contar con la opinión de todos los implicados, no sólo de los que quieren deshacer el acuerdo. Canadá promulgó una norma que establece cómo sería el proceso de independencia de Quebec. En España una Ley Orgánica similar, aprobada por las Cortes Generales, podría poner las cosas en su sitio. Esa norma establecería, por parte de los representantes de todos los españoles, las condiciones para que una parte pudiera, si lo desea, gestionar su independencia. Pero tendría que cumplir los 4 requisitos contenidos en la Ley de Claridad:

- Una pregunta clara y comprensible. Algo como "¿Quiere usted que la Comunidad Autónoma de xxx se independice a todos los efectos del resto de España?". No valen preguntan ambiguas, que se rechazarían, como la del último referéndum quebequés: “¿Aceptaría usted que Quebec sea soberano tras haber ofrecido formalmente a Canadá una nueva asociación económica y política en el marco de la Ley sobre el Futuro de Quebec y el acuerdo del 12 de junio de 1995?”. No se permitirá preguntar por la "autodeterminación". Si quieren la independencia, que pregunten por la independencia.

- Una mayoría suficiente de votantes y de votos válidos emitidos. No vale un porcentaje como el de las consultas populares celebradas en Cataluña. En algunas ciudades votó un 5% de lo que establecieron como censo, incluyendo a emigrantes y menores de edad. Los porcentajes se marcarán por las Cortes, pero deberían ser una participación en torno al 65% del censo y un voto favorable en torno al 65% de los emitidos. Algo así como la mayoría cualificada necesaria para modificar una Ley Orgánica. El censo debería incluir a todos los naturales del territorio secesionista que hayan huido de él por el terrorismo y quieran empadronarse para poder votar.

- Las minorías o los territorios que no quieran independizarse pueden votar para permanecer en España. Suponiendo que la pregunta es clara y los porcentajes pedidos dan un resultado global de independencia de un territorio, las partes de ese territorio que no quieran irse han de poder quedarse, mediante otra votación. Por ejemplo, Álava o Iparralde deben tener todos los medios a su alcance para decir si quieren permanecer en España o en Francia, en el supuesto de que se haya celebrado una votación para la independencia de España y Francia de los siete territorios históricos de Euskal Herría.

- La votación no se repite. No vale, como llegó a proponer algún político nacionalista, repetir la consulta cada cinco años, hasta que salga el sí. En todo caso, los independentistas eligen cuándo la quieren realizar, cuándo es el momento más adecuado para sus fines. Pero no se repite si sale que no. Al menos, en 25 años.

En esta entrevista a Stephane Dion, ministro canadiense que presentó esta Ley, queda bastante claro cuál es su alcance y contenido. “Celebrado el referéndum con todos los requisitos citados habría que, por ejemplo, negociar el reparto del activo y del pasivo, las modificaciones de las fronteras y la protección de los derechos de las minorías. Eso es lo que ya se especifica en el artículo 4 de la Ley sobre la Claridad, pero para avalar la separación habría que negociar muchísimas más cosas. El principio de que no se puede retener a nadie contra su voluntad tiene que aplicarse en todas las direcciones. Los secesionistas declaran la divisibilidad de Canadá o de España, al tiempo que proclaman la indivisibilidad de su futuro Estado. Es una contradicción inherente a todos los secesionismos. Ellos tienen que saber que si entramos a negociar la escisión, tendrán que contar con la posibilidad de que una parte de su territorio opte por quedarse con Canadá o con España. Hay que evitar las dos varas de medir.”

En las últimas elecciones, el nacionalismo quebequés ha sido prácticamente barrido de la escena. Hasta su líder ha quedado fuera del parlamento regional, ya que han pasado de 30 a 3 escaños. La Ley de Claridad ha tenido, en mi opinión, un peso fundamental en este resultado.

En España el principal inconveniente por el que no se aborda esta Ley es porque a los principales partidos nacionalistas y al PP-PSOE les interesa mantener el modelo salido de la Transición para controlar las mayorías parlamentarias y los dineros públicos. Pero el modelo parece agotado y, además, ya no hay dinero para mantenerlo. Ha llegado la hora de cambiarlo.

*Herrador es un activo forero residente en Madrid, ingeniero, dedicado a la industria y apasionado de la política.