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Juan Soto Ivars

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¿Quiere usted meter en el trullo a Carme Forcadell?

Si cometió un delito Carme Forcadell por no impedir que las urnas del falso plebiscito se colocasen el 9-N, también lo cometieron dos millones de catalanes que acudieron a esas urnas

Foto: La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. (EFE)
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. (EFE)

El Tribunal Constitucional está para defender los derechos constitucionales y ha de perseguir a quienes los violenten. Poco que decir sobre su decisión, por unanimidad, recordemos, de enviar a la Fiscalía la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, “por si fuera constitutiva de delito”. Es un poco como el típico “yo no digo nada, pero...” de los parroquianos del bar o el “tengo amigos gais pero...”. El Constitucional le deja a la Fiscalía la patata caliente de terminar la frase. Lo que me preocupa es que la decisión tendrá unas consecuencias políticas fáciles de calcular cuando una parte nada despreciable de los independentistas catalanes considera que las leyes de cohesión territorial del Estado son injustas para sus intereses.

Si cometió un delito Carme Forcadell por no frenar las consecuencias de haber colocado unas urnas el 9-N, también lo cometieron dos millones de catalanes que acudieron a esas urnas, sin provocar altercados, para expresar una opinión que yo no comparto. Si las urnas eran ilegales y la población estaba avisada, en Cataluña se ha cometido un delito masivo de desobediencia. Pero dos años después, yo me pregunto si ese delito ha tenido unas consecuencias suficientemente graves para que la Fiscalía procese a la presidenta de un Parlamento autonómico.

Una condena beneficiaría a sus correligionarios, que necesitan volver a infundir en las masas la urgencia de irse de un Estado que les niega la democracia

Desde el 9-N he asistido a muchas sesiones del Parlament y he constatado, y lo he contado en estas páginas, que la virulencia indepe de 2011 no pasa por su mejor momento. Los soñadores de Junts Pel Sí prometieron un plan de secesión rápido e indoloro. La rapidez quedó retratada como engañabobos con el transcurso de los meses; la posibilidad de una secesión indolora la desmiente la experiencia británica del Brexit. Una condena ahora contra Carme Forcadell beneficiaría a sus correligionarios, que necesitan desesperadamente volver a infundir en las masas la urgencia de irse de un Estado que les niega la democracia.

El indepe normal y corriente es un gran desconocido para buena parte de los españoles. La prensa lo suele pintar con brocha gorda y hace el retrato de una hidra con cuernos de nacionalista vengativo y rabo de diputada de la CUP. Hay indepes absolutamente demenciales como los que salen en la prensa de derechas, como los que obtienen muchos retuits de catalanes españolistas con ganas de gresca, pero la mayoría no son así.

Ni siquiera son indepes, han terminado votando opciones independentistas hartos de la cerrazón del Estado en el debate político y el bloqueo institucional

De hecho, ni siquiera son indepes, como uno es del Betis o nacionalista, sino que han terminado votando opciones independentistas hartos de la cerrazón del Estado en el debate político y el bloqueo institucional. El independentismo no ha crecido gracias a la manipulación mediática —la cadena con mayor audiencia de Cataluña no es TV3, sino Telecinco— ni a un sistema educativo de inmersión lingüística. No es el amor a la identidad catalana lo que lo alimenta, a ver si nos enteramos de una vez, sino decisiones desafortunadas del Estado.

Zapatero prometió un nuevo estatuto de autonomía cuando pensaba que no ganaría las elecciones y se echó atrás nada más encontrarse en La Moncloa. El PP había recogido cientos de miles de firmas, vaticinaron que España se rompía en dos semanas y tumbaron un documento que hoy, seguro, aceptarían para darle una salida pacífica al conflicto territorial.

Antes del Estatut, el independentismo era una opción minoritaria. Lo que ha puesto a España más cerca de la ruptura no ha sido el Estatut, sino su prohibición

Así se originó esta bola que hoy tiene el tamaño de casi el 50% del electorado. Antes del Estatut, el independentismo era una opción minoritaria y despreciada, fiebre de la juventud para las mentalidades conservadoras del nacionalismo pujolista de toda la vida. Así que lo que ha puesto a España más cerca de la ruptura no ha sido el Estatut, sino su prohibición, y la campaña mediática alucinada del nacionalismo español que permitió a los medios catalanes hacer un retrato de los españoles tan injusto como el que hacemos nosotros de los indepes.

La decisión de la Fiscalía sobre Carme Forcadell va a leerse políticamente en un momento en que el independentismo necesita nuevos bidones de gasolina para reanimar a su electorado. ¿Quiere usted que Carme Forcadell pague por el supuesto delito de convocar una votación de desobediencia después de que dos millones de personas desobedecieran el 9-N? La próxima vez, en vez de dos millones serán tres.

El Tribunal Constitucional está para defender los derechos constitucionales y ha de perseguir a quienes los violenten. Poco que decir sobre su decisión, por unanimidad, recordemos, de enviar a la Fiscalía la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, “por si fuera constitutiva de delito”. Es un poco como el típico “yo no digo nada, pero...” de los parroquianos del bar o el “tengo amigos gais pero...”. El Constitucional le deja a la Fiscalía la patata caliente de terminar la frase. Lo que me preocupa es que la decisión tendrá unas consecuencias políticas fáciles de calcular cuando una parte nada despreciable de los independentistas catalanes considera que las leyes de cohesión territorial del Estado son injustas para sus intereses.

Carme Forcadell Parlamento de Cataluña