¿Hacia un sector público más profesional?

Leo con interés que el Gobierno prepara un borrador del Estatuto del Directivo Público del Administrador General del Estado. Y, con sorpresa, que entre los planes del Ejecutivo figura que estos directivos serán nombrados “conforme a los principios de mérito, capacidad e idoneidad”. Si no cumplen, podrán ser despedidos (en el caso de que no sean funcionarios) o relevados del cargo (si lo son). Y se les impondrá una retribución variable ligada a objetivos de hasta el 40%.

¡Guau! Me parece estar soñando. ¿Quiere esto decir que el Gobierno se va a tomar en serio lo de profesionalizar la Administración? ¿Que ésta va a dejar de ser un baile de amiguetes del ministro de turno? ¿Que se va a nombrar a las personas más idóneas para poner en marcha los proyectos o estrategias que se requiera en cada momento? ¡Reguau!

Si estas condiciones se cumpliesen a pies juntillas, no tengo ninguna duda de que la popularidad de Rajoy subiría como la espuma entre aquellos votantes que esperaban que este Gobierno acometiese la necesaria regeneración de las instituciones. Por desgracia, no lo ha hecho.

Si sale adelante el estatuto, cuando un directivo público tome posesión de un cargo tendrá que currárseloClaro que el problema es quién fija y cómo los criterios de “mérito, capacidad e idoneidad”. A un buen directivo del sector privado se le exigen unas cuantas cosas. Por ejemplo, una mejora constante de los resultados o que mantenga satisfechos a los accionistas (que en el sector público son los contribuyentes). Debe servir de inspiración a los que le rodean, organizar eficientes equipos de trabajo, saber delegar, ayudar a que otros mejoren, ser un buen negociador, crear oportunidades, encarnar la visión del cambio, promover la creatividad… Y su retribución está ligada a que se cumpla todo esto.

O sea que, si sale adelante el estatuto, cuando un directivo público tome posesión de un cargo tendrá que currárselo. Enterarse de qué pasa en la casa, corregir sus ineficiencias, tomar decisiones impopulares, relevar a los que no cumplan… Y si es él el que no lo hace, pues tendrá que marcharse. O, cuando menos, renunciar a su bonus. No digo que no haya habido grandes directivos en el sector público en España (se me ocurren unos cuantos). Pero no han sido mayoría. Y si estas exigencias se trasladan a la Administración, seré la primera que me quite el sombrero.

Es justo que el sector público también sufra sus propios ajustesPasan unos días, y una nueva noticia salta a la prensa: el Gobierno se plantea ampliar la jornada laboral de los funcionarios y someterles a evaluaciones continuas. “La oposición es un método de selección para que estén al servicio público los mejores, no para tener un puesto seguro frente al resto”, ha afirmado Cristóbal Montoro. ¡Así me gusta! Todos los que trabajamos en el sector privado estamos viendo como los despidos a nuestro alrededor suponen una mayor carga de trabajo, o empleamos más horas porque tenemos miedo a perder el puesto o porque nos va el sueldo (ni hablamos del bonus) en ello. Es justo que el sector público también sufra sus propios ajustes. Sobre todo, si entre todos debemos mejorar la productividad y la competitividad de este país nuestro.

El problema es que, si todo esto no se cumple, tendremos un motivo más de decepción con el Gobierno de Rajoy. En mi caso, lo que le reprocho es no haber aprovechado el enorme capital político acumulado tras las elecciones para plantear un nuevo modelo de España en el que el ladrillo, la pandereta y los chorizos fuesen historia. Y el derroche a manos llenas de su credibilidad por no contar con un plan de comunicación bien definido. Mi tercera queja es que no haya puesto fin al sistema de nombramientos a dedo. Quizá las últimas noticias cambien esta situación. O no.