El informe que ha situado a las empresas en el centro de la diana democrática

Un documento redactado por 14 académicos británicos, encargado por el partido laborista, quiere rehacer la relación de la sociedad con las grandes firmas

Foto: Keir Starmer, representante laborista, ayer durante la conferencia del partido en Liverpool. (Will Oliver/Efe)
Keir Starmer, representante laborista, ayer durante la conferencia del partido en Liverpool. (Will Oliver/Efe)

El laborismo británico ha encargado un documento, ‘A Better Future for Corporate Governance’, a 14 académicos británicos, especialistas en gestión, impuestos, contabilidad, finanzas o derecho, entre otras disciplinas, para analizar un aspecto esencial hoy, el gobierno de las empresas. El texto señala una notable diferencia entre la izquierda anglosajona y la europea. La primera, ya sea en EEUU a través de colectivos como Citizens against Monopoly, dirigido por Barry Lynn y que cuenta con simpatizantes tan activos como la senadora demócrata Elizabeth Warren o la periodista financiera Rana Foroohar, o en el Reino Unido, gracias a la mirada más amplia del laborismo, ha puesto el acento en un aspecto clave de la política actual, como es la gran influencia y poder que tienen las grandes firmas en nuestra vida, y está tratando de tejer iniciativas para embridarla. El partido laborista señaló ayer algunas posibilidades, y el documento redactado por profesores como Hugh Willmott, Ann Pettifor, John Christensen o Prem Sikka, entre otros, contiene el marco desde el que cual es posible entenderlas.

Los autores del informe son conscientes de que en su país (y en el resto de Occidente, cabe decir) confluyen dos grandes problemas, como son que “la economía del Reino Unido no está funcionando a su máximo potencial y que los beneficios económicos no se comparten de manera equitativa”, y ambos parten de un núcleo común: el enfoque a corto plazo de los accionistas y los directivos de las firmas. Para los autores del documento, “las presiones para mantener el precio de las acciones y apaciguar a los accionistas, muchos de los cuales son inversionistas a corto plazo, han persuadido a los ejecutivos de otorgar dividendos y otras formas de rendimiento de los accionistas, a menudo a expensas de inversiones a largo plazo, de nuevos productos, de la atención y el cuidado de los clientes, del medio ambiente o de los salarios dignos para los empleados”. En este escenario, demasiados directivos reciben remuneraciones muy elevadas, a menudo en forma de bonus “que carecen de relación con el desempeño corporativo o con el éxito a largo plazo de la empresa”.

El poder de las empresas

Según el documento, y es difícil negarlo, “las corporaciones dominan todos los aspectos de nuestras vidas. Su poder afecta a la calidad de los alimentos, del agua, el gas, la electricidad, los mares y ríos, el medioambiente, las escuelas, los hospitales, las noticias, el entretenimiento, el transporte, los ahorros, las pensiones, las inversiones, las comunicaciones e incluso la vida de los bebés por nacer”. Además, su “volumen de negocios excede el producto nacional bruto de muchos estados nacionales…y pueden socavar e incluso anular las políticas de gobiernos elegidos democráticamente”.

Accionistas y directivos buscan beneficios a corto plazo, solo miran sus intereses y creen que “no le deben lealtad a ninguna nación o comunidad"

A consecuencia de este escenario, “los consumidores pagamos precios excesivos por el gas, la electricidad, el agua, los medicamentos, los trámites bancarios, las tarjetas de crédito y otros bienes y servicios”, adquirimos alimentos no saludables o contratamos servicios deficientes. Tales males vienen causados porque accionistas y directivos, en la búsqueda de beneficios a corto plazo, sólo miran sus intereses, y creen que “no le deben lealtad a ninguna nación, comunidad o pueblo”. Y ni siquiera a la propia empresa, ya que operar con esta cortedad de miras dificulta enormemente la subsistencia a largo plazo de las firmas que dirigen.

Seguir bailando

Este es un problema bien conocido, que ha sido analizado profusamente, pero como “mientras dure la música, todo el mundo debe seguir bailando”, ninguna de las advertencias del propio entorno directivo ha sido escuchada. Y tampoco las quejas de los clientes o las críticas sociales han logrado variar un ápice este modo de vida corporativo, inmune incluso a una enorme crisis causada por las mismas causas que ahora se pretenden combatir. Esto es paradójico, porque cada vez más partes de la sociedad han sido sometidas a controles democráticos. Nuestra tolerancia para con los líderes sociales es cada vez menor, y podemos conseguir que una presidenta de una comunidad autonóma cese por haber robado cremas, o una ministra por un máster falso y otra vaya camino. Pero la exigencia cada vez más acentuada en ese terreno se convierte en aceptación resignada en otros, y a nadie se le ocurre decir en voz alta que la empresa también debe democratizarse.

Cuando monopolios y oligopolios conforman el mercado, todos tenemos interés objetivo en cómo funcionan las grandes empresas

La objeción más habitual a esta perspectiva resalta que estas compañías son privadas y por tanto carecemos de derecho a interferir en ellas: una firma se rige por la voluntad de sus accionistas, y poco más hay que decir. Sin embargo, los anglosajones acuñaron el término 'stakeholders' precisamente para designar a todos aquellos interesados en la vida y en las actividades de una empresa sin ser dueños de acciones, como los clientes, las comunidades en las que se asientan, los trabajadores, los defensores del medio ambiente, etc. Y en una época como la nuestra, en la que los monopolios y los oligopolios dan forma a buena parte de las interacciones comerciales, esa necesidad se amplía: todos tenemos interés objetivo, por unos motivos u otros, en cómo funcionan las grandes empresas, y más aún cuando nos toca “rescatarlas” cuando las cosas se tuercen.

Atados a las políticas fallidas

Es en este ámbito de poder donde incide el documento redactado para el partido laborista, y con toda la razón: “Existe una necesidad urgente de alinear las corporaciones con los intereses de los ciudadanos, empleados, consumidores, partícipes en planes de pensiones, accionistas a largo plazo y otros con un interés en la compañía. Empoderar a estas partes interesadas a largo plazo es un requisito clave para construir una economía sostenible y con valor añadido”. Numerosos escándalos han puesto de relieve los fallos de los códigos de conducta sobre gobierno corporativo a la hora de sujetar a los directivos y a los accionistas a un modelo de gestión útil para la empresa y para sus ‘stakeholders’. Sin embargo “los gobiernos siguen casados con este tipo de políticas fallidas”.

Quieren otorgar presencia en los consejos de administración a grupos de interés para que "orienten la empresa hacia el largo plazo"

Es hora de cambiar eso. Con ese objetivo, los autores del informe realizan distintas propuestas, como obligar a los accionistas a permanecer al mínimo dos años en la firma u otorgar presencia en los consejos de administración a representantes de grupos que tengan interés en la firma, de manera que “puedan orientar la vida de la empresa hacia el largo plazo e impedir los juegos privados que sólo benefician a los especuladores y a los directivos sin escrúpulos”. Esa idea, bien realizada, tendría consecuencias no sólo en la gestión cotidiana de las firmas, o en su orientación estratégica, sino en uno de los juegos más habituales últimamente para generar dinero solo para unos cuantos: las fusiones y adquisiciones. En estos casos “solo los accionistas a largo plazo podrían votar sobre ellas, impidiendo que los especuladores a corto busquen una ganancia rápida con la volatilidad que crean los rumores de fusiones y adquisiciones. Es importante destacar que los empleados de la empresa también podrán votar sobre la conveniencia de esa fusión o adquisición a través de sus representantes en los respectivos consejos de administración, o incluso podrían estar facultados para votar individual y directamente. Todas las partes interesadas en las grandes empresas tendrían derechos de consulta y acceso a una amplia información para que puedan emitir juicios informados sobre los méritos o deméritos de una adquisición”.

La sociedad depende del control de los distintos poderes que operan sobre ella, y cada vez más esos poderes son privados

La idea de fondo es impedir que la especulación y la avaricia arruinen negocios viables, se pierdan empleos productivos y se causen daños a la economía a largo plazo. Pero más allá de la intención, hay algo esencial en este documento: puesto que la importancia de las empresas en nuestra vida es cada vez mayor, deberíamos tener capacidad de influencia democrática sobre ellas. La sociedad depende del control de los distintos poderes que operan sobre ella, y cada vez más esos poderes son privados, y poseen mayor capacidad de decisión que los Estados o pueden saltar por encima de sus regulaciones con facilidad. En este sentido, y más allá de sus propuestas concretas, lo importante del informe es que coloca la diana en el centro del problema, la posibilidad de someter a control a esa clase de poderes.

Tribuna

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