Este artículo es la continuación de 'Caos de dependencia. Donde la Administración roza la prevaricación'.

Cuando me decido a escribir esta denuncia pública, lo hago porque me invade un profundo sentimiento de empatía. Porque desde mi situación, estas injusticias se ven muy claras. Pienso, por ejemplo, en Ángel, que saltó a las noticias tras asistir el suicidio de su esposa María José, aquejada de una esclerosis múltiple avanzada. Él contaba después que lo primero que iba a hacer era ir al cine, porque llevaba años sin poder hacerlo. Su vida era estar constantemente, día tras día, hora tras hora, atendiendo las necesidades de su mujer, situación que hacía más profunda la pena que sentía ella por tener que verse así. Pienso en situaciones parecidas que me llegan por diferentes lados. De enfermos de ELA sin recursos.

Como un señor residente en zona rural y su mujer, totalmente abandonada por la administración, todo el día pegada a la cama y sin ningún medio para comunicarse entre ellos. Con siete señas nada más con las que él le pide a ella con la mirada lo más básico para el bienestar mínimo de un ser vivo. Pienso en aquel compañero de la carrera con una parálisis cerebral y unos problemas motores extremos hasta el punto de ir amarrado a la silla para no caerse por los exagerados espasmos que sufría. Pues ese tipo nos dio una lección de valentía a todos cuando, el primer día de clase y según nos acabábamos de ver todos por primera vez, hizo una pregunta en alto al profesor delante de cien alumnos, con un tartamudeo y una dicción defectuosa que dificultaban entender bien lo que quería preguntar.

En Cádiz jamás se ha concedido ni una sola prestación de asistencia personal y en toda Andalucía, únicamente hay una decena de ayudas

Y pienso en jóvenes como él que quieran ir a la universidad y no tengan quien les acompañe en el trayecto y les asista durante la jornada académica. O pienso en los invidentes. O en ancianos que prefieran estar en su casa en vez de en un centro de día. O en lesionados medulares que quieran desarrollar una actividad de ocio periódica y no puedan porque necesitan que alguien les ayude. Y en un largo etcétera de situaciones donde la asistencia personal es crucial para la autonomía y la vida digna de los discapacitados y, de paso, libera un poco la carga de la familia.

Ley de Dependencia

De ahí que el asistente personal sea una figura muy implantada en los países más avanzados y que la ONU, en el artículo 19 de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, la considere básica para la independencia cotidiana y evitar el aislamiento. Pero aquí se impulsa un modelo mucho más ineficaz, pagar una cantidad muy insuficiente a un familiar que carga con el peso de los cuidados. Se ha reconocido, al menos, la cotización de estos cuidadores no profesionales. Pero creo que, además, para determinadas enfermedades, como la mía, se tendrían que sumar la prestación al familiar y la de asistencia personal. Porque son situaciones compatibles y los gastos son enormes para el afectado. Y si solo se puede conceder una, como pasa ahora, que se priorice la asistencia personal, en lugar de esconderla tras una maraña burocrática. Porque tener durante unas horas la mayoría de los días un profesional que esté acompañando al discapacitado ya generaría una realidad totalmente diferente y mucho más aliviada en miles de familias.

Volvamos de nuevo a mi caso. Por una de esas casualidades que tiene la vida, justo en los días en que mantenía el tira y afloja con la administración para cambiar mi expediente, me contacta una estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Cádiz que está realizando el trabajo final de grado sobre la asistencia personal dentro de la Ley de Dependencia, alertada por la baja implantación de esta ayuda.

Datos escandalosos

Está realizando un cuestionario a personas que tenemos concedida la situación de dependencia y dio conmigo por mis artículos. Respondo a sus preguntas y de paso me entero gracias a ella de que, en Cádiz, jamás se ha concedido ni una sola prestación de asistencia personal, y que, en toda Andalucía, donde se encuentra la quinta parte (214.378 personas) de todos los dependientes del país, únicamente hay una decena de ayudas concedidas de este tipo. Pero me desvela otro dato sorprendente por contraste con el anterior: entre el País Vasco y Castilla y León hay miles de estas prestaciones aprobadas. Me puse a mirar datos oficiales a fecha de 31 de julio y son escandalosos.

Hay un total de 7.551 prestaciones de asistencia personal en toda España, de las cuales 6.099 pertenecen a Euskadi y 1.104 a Castilla y León. El resto de comunidades es un desierto al respecto: Galicia tiene 115; Madrid, 89; Cataluña, 73; Castilla-La Mancha, 24; Comunidad Valenciana, 19; Navarra, 13; Andalucía, 11; Murcia, 3; Asturias, 1; y seis comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura y La Rioja, además de Ceuta y Melilla) tienen el dudoso honor de no haber concedido ni una sola ayuda de este tipo.

Las sospechas de que la falta de desarrollo es intencionada se apoyan en datos como los siguientes. De las 570.671 prestaciones económicas actualmente concedidas, el 73,27% de ellas (418.103) son a los cuidados familiares, el 25,41% (145.017) a la vinculada al servicio, y solamente el 1,32% (7.551) a la asistencia personal. Totalmente marginal, excepto si vives en el País Vasco…

Burocracia fatal

Pero la polémica no se acaba aquí. Cuando la administración andaluza accede a modificar mi expediente, me dicen que los contratos que yo les tengo hechos a mis cuidadores, en el régimen de empleados del hogar, no son compatibles con la ayuda, sin explicarme por qué. Y me pasan el contrato de uno de esos once casos que tienen la ayuda de asistencia personal en Andalucía para que me sirva de ejemplo. Mi sorpresa es mayúscula porque se trata de uno por servicios donde el asistente consta como trabajador autónomo, pero donde se especifica el horario y que es a jornada completa, es decir, 40 horas semanales.

Un claro ejemplo de falso autónomo, de esos que están siendo tan perseguidos por la Seguridad Social y por la justicia en las empresas de reparto como Glovo o Deliveroo. Lógicamente, les informo de que no voy a hacerlo así porque me parece que cometería un evidente fraude (porque yo soy quien les fija los turnos y los descansos y organiza las vacaciones), aparte de que les estaría pasando la carga de la Seguridad Social al empleado, algo que empeoraría la cobertura y las condiciones laborales que tienen mis cuidadores actualmente. Entonces, al no poder presentar (no sé por qué) el contrato de empleado del hogar, me he dado de alta como empleador autónomo y he cambiado el contrato de uno de mis cuidadores para darle de alta en el régimen general, donde la cuota que pago aumenta un 50%.

Los departamentos que se encargan de la aplicación de la Ley de Dependencia en cada comunidad se reunieron y crearon una comisión

Y esos papeles son los que están decidiendo actualmente en la subdelegación de Cádiz si me los aprueban o no. Ya por curiosidad, contacto con los responsables de la dependencia en Castilla y León para saber cómo son los contratos del millar de expedientes que tienen. Y vuelvo a sorprenderme cuando me confirman que allí todos se hacen con el asistente dado de alta como autónomo. Les alerto también de que puede ser un fraude en muchos de los casos, pero obtengo el silencio por respuesta.

Entonces, dirijo mis preguntas al País Vasco. Allí, para rizar más el rizo en la compleja y desigual burocracia, cada provincia tiene competencias independientes en materia de dependencia. Contacto con el territorio foral de Vizcaya. Me contestan con gran eficiencia y amabilidad. Me pasan su normativa, ampliamente desarrollada, donde se especifica pormenorizadamente hasta las actividades y tareas que corresponden al asistente personal y las que no, y donde se reconoce un plus para las cuantías generales, superando la mayor los 800 euros. Y donde se da cabida tanto a contratos de servicios de un trabajador autónomo (para casos de pocas horas, entiendo) como a contratos laborales ordinarios por cuenta ajena.

Sur vs Norte

Pero desconozco cómo es la aplicación práctica en esta materia ni si los contratos como empleados del hogar son aceptados (que es lo más cómodo para cualquier familia y, en mi opinión, debería ser la fórmula más habitual). Tampoco sé qué perfiles de discapacitados conforman los seis mil casos que tienen en toda la comunidad autónoma. Pero me fue fácil comprobar las diferencias con Andalucía y el resto del país. Allí en el País Vasco creen en esta prestación, la han desarrollado, la promocionan y facilita la vida a miles de ciudadanos desde hace años. Y en el resto de regiones, sencillamente, no.

El funcionario de Vizcaya que me atendió me contó algo muy interesante cuando le expliqué el caos y la ignorancia que me había encontrado en Cádiz respecto a la ayuda de asistencia personal. Esto no le era ajeno, puesto que me informó de que, en 2018, los respectivos departamentos que se encargan de la aplicación de la Ley de Dependencia en cada comunidad autónoma se reunieron y crearon una comisión técnica. Alertados por esta problemática, el objetivo de todos era poner en común las distintas normativas con el fin de homogeneizar al máximo en todo el Estado las condiciones de acceso y la documentación a presentar.

Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura y La Rioja, además de Ceuta y Melilla tienen el honor de no haber concedido ni una sola ayuda

Se elevaron las conclusiones a las esferas políticas, que son las que tienen potestad para legislar, pero desde entonces no han tenido noticias de la suerte que ha corrido esa sensata petición. Aquí se abre el melón de la falta de vertebración práctica de la España de las autonomías y las desigualdades e ineficacia que provoca para el ciudadano, condenado a unas facilidades o impedimentos diferentes según el lugar de residencia. Pero se acaba ya la temporada de melones, así que es mejor acabar aquí. Que bastante polémica he abordado ya.

Una última cosa, pensando en aquellos ciudadanos más reacios a que los Estados gasten tanto en tal o cual subvención o prestación. Escuché en televisión a un experto director de una residencia pública, coordinador de una asociación de su gremio y gran conocedor de la problemática que rodea la situación de dependencia, y que expresó una reflexión muy interesante. Decía que parece que, cuando se habla de pensiones, ayudas o envejecimiento de la sociedad, solo se valora como si fueran problemas. Y se olvida que son también una oportunidad, una inversión, no gasto exclusivamente. Que el dinero público en este sector tiene un impacto directo y relevante en el PIB, generando miles de puestos de trabajo. En el caso de la prestación de asistencia personal esta creación de empleo es evidente. Así que tampoco por estas cuestiones se puede justificar el actual ostracismo, claramente intencionado, que sufre esta modalidad de ayuda en nuestro país.