La reforma de las pensiones del año 2013, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, contenía dos mecanismos para avanzar hacia la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones: el Factor de Equidad Intergeneracional (por el cual se recortaba la pensión inicial de los nuevos entrantes en función del incremento de la esperanza de vida) y el Índice de Revalorización de las Pensiones (por el cual se limitaba el alza anual del conjunto de pensiones del sistema a un 0,25% mientras la Seguridad Social exhibiera déficit).
El irresponsable pacto presupuestario entre Rajoy y el PNV ya dejó enormemente tocada esta reforma, suspendiendo temporalmente ambos mecanismos y dejando que el déficit de la Seguridad Social continuara aumentando durante unos años más. Pero el acuerdo presupuestario entre el PSOE y Podemos la ha terminado de aniquilar: se abandona definitivamente el Índice de Revalorización de las Pensiones (para volver a adoptar el IPC como variable de indexación del sistema) y se pospone sine die el Factor de Equidad Intergeneracional.
En apariencia, nada demasiado grave. De acuerdo con la propia AIReF, el coste presupuestario de indexar las pensiones al IPC apenas asciende a 843 millones de euros: no es poco dinero, pero tampoco parece una magnitud inasumible para las arcas del Estado (apenas equivale al 0,07% del PIB). Cometeríamos un error, empero, si pensáramos que el impacto financiero de abrogar la reforma de las pensiones de 2013 se limita a su coste presupuestario en 2019: sus repercusiones, por el contrario, se extenderán durante las próximas décadas hasta el punto de abocar a nuestra economía al colapso.
Esta semana, tres economistas de Fedea —Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso Sánchez— han estimado cuáles serán los costes a largo plazo de la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 y, ciertamente, son para echarse a temblar. Primero, el gasto público destinado a pensiones irá aumentando progresivamente desde el 11% del PIB actual hasta alcanzar el 17% en el año 2050.
Gasto pensiones
Segundo, en caso de no incrementar los impuestos para financiar este sobregasto de hasta seis puntos del PIB, la deuda pública se incrementará en más de 200 puntos de PIB para el año 2060. Dado que actualmente nuestro país carga con unos pasivos equivalentes a casi el 100% del PIB, en apenas cuatro décadas estaríamos abocados a un endeudamiento público total del 300% del PIB, es decir, estaríamos abocados a la bancarrota nacional.
Deuda pensiones
Tercero, si en lugar de acumular deuda para financiar un sistema de pensiones optáramos por subir cotizaciones sociales, la magnitud del rejonazo sería desoladora: habría que pasar de unas cotizaciones medias actuales (TMC, en el gráfico) del 17% sobre la masa salarial a unas de hasta el 33% en 2055 (tao en el gráfico); es decir, habría prácticamente que "duplicar" unas cotizaciones sociales que ya se hallan entre las más elevadas de Europa. Y cuanto más retrasemos la subida de las cotizaciones sociales, mayor será la subida necesaria en el futuro (tao* en el gráfico), dado que habremos acumulado nueva deuda que también habrá que amortizar con esos ingresos. Así, por ejemplo, si no subiéramos las cotizaciones hasta el año 2060, necesitaríamos implantar en ese momento una contribución del 42% de la masa salarial, casi un 150% superior a la actual.
Impuestos pensiones
No esperemos, por cierto, que la fiscalidad sobre los ricos vaya a acudir al rescate: sin reforma de 2013, la recaudación extra que necesitaría el sistema para equilibrarse en 2050 sería —en términos actuales— de más de 90.000 millones de euros anuales; y el acuerdo presupuestario PSOE-Podemos, que carga enormemente las tintas sobre “los ricos”, apenas espera recaudar 5.000 millones por año.
Debería ser obvio para cualquier persona moderadamente razonable que derogar la reforma de las pensiones de 2013 "no es una opción realista". Las alternativas de acumular deuda hasta la bancarrota o de sablear extraordinariamente a los trabajadores no son caminos que vayamos a poder seguir (al menos de un modo completo): por tanto, lo responsable sería regresar a la reforma de las pensiones de 2013 e ir ajustando a la baja poco a poco las pensiones "públicas". De hecho, incluso con la reforma de 2013 en vigor, los autores estiman que tendríamos serios problemas por delante: la deuda pública crecería en casi 70 puntos del PIB a menos que aumentáramos las cotizaciones en hasta un 40%. En otras palabras, el sistema público de Seguridad Social tiene una salud financiera tan precaria que ni siquiera es sostenible merced a los recortes aprobados en 2011 y en 2013. Eso sí, lo que constituye un completo despropósito es enterrar la reforma de 2013 sin ningún otro horizonte que las elecciones del próximo año. Y ese despropósito es el que ha acaba de ser rubricado por PSOE y Podemos.