Buena parte de la derecha política española se ha posicionado en contra de las autonomías y a favor de una concentración cuasi absoluta de las competencias estatales en manos del Gobierno central. A diferencia de lo que sucede en muchas otras partes del planeta —donde la derecha apuesta sin ambages por la descentralización y por la transferencia de potestades a las administraciones regionales y locales—, en España los partidos que ocupan el espacio sociológico de la no-izquierda hacen habitualmente gala de aspirar a reforzar el poder de la Administración central, cuando no directamente —como sucede en el caso de Vox— de enterrar el Estado de las autonomías.

Tras los resultados de las elecciones de este domingo —merced a los cuales las derechas gobernarán o, al menos, serán decisivas en las administraciones de Madrid, Murcia, Castilla y León, Aragón; y, además, Galicia y Andalucía— puede que las simpatías autonomistas de parte de nuestra derecha centralista y jacobina cambien (o, al menos, deberían hacerlo). Si ahora mismo España se organizara como un Estado totalmente centralizado, el PSOE de Pedro Sánchez concentraría en sus manos todo el poder político, con la excepción de las menores atribuciones que correspondan a los municipios. Áreas tan sensibles como la educación (y sus conciertos), la sanidad, la fiscalidad patrimonial, la mitad de la imposición sobre la renta, la política de vivienda o la regulación del comercio minorista (incluyendo su régimen de horarios), todo ello quedaría en manos de los socialistas.

Ahora, en cambio, todos esos campos seguirán siendo administrados por la derecha —o, al menos, serán controlados parlamentariamente por algún partido de la derecha en coalición con la izquierda— para más de 20 millones de españoles, lo que además debería permitir contrarrestar algunas de las peores políticas que vaya a adoptar Sánchez a lo largo de la presente legislatura: ahí está, por ejemplo, ese compromiso electoral de Albert Rivera —que esperemos que sea finalmente respetado— de compensar 'toda' la subida del IRPF que vaya a efectuar el PSOE a escala nacional con la correspondiente reducción en los tramos autonómicos.

Por supuesto, tal concentración competencial ha tenido igualmente lugar en aquellas regiones donde —como Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana o La Rioja— los socialistas han conquistado o retenido la Administración autonómica, pero nuestra fragmentación administrativa les ha dificultado (merced a una doble ronda electoral) que todas se hallen bajo el dominio de la izquierda. Y, a su vez, semejante fragmentación gubernamental permite experimentar diferentes modelos de gestión, adaptarlos a la distinta casuística geográfica y, en suma, facilitar a los ciudadanos la labor de comparar los resultados de esa diversidad de estilos de gobierno.

No deberíamos reclamar una mayor centralización institucional, sino mayor descentralización hacia niveles administrativos más próximos al ciudadano

En suma, las autonomías no han de ser vistas, desde una óptica estrechamente nacional-españolista, como una disfuncionalidad de nuestro marco institucional patrio, sino como un saludable contrapoder interno que dificulta que la totalidad de la maquinaria del Estado recaiga en las garras de una misma formación política (el mismo análisis, por cierto, valdría para la izquierda: en 2015, la victoria socialista en numerosas autonomías evitó desde la óptica socialista que todo el país fuera manejado por el PP). Lo que en todo caso deberíamos reclamar no es una mayor centralización institucional, sino mucha mayor descentralización hacia niveles administrativos más próximos a los ciudadanos: que el Gobierno central y los gobiernos autonómicos traspasen parte de sus áreas de negociado a las corporaciones locales (o a mancomunidades de tales corporaciones locales) para que la competencia institucional se intensifique y el número de contrapoderes efectivos se multiplique. El modelo no ha de ser la decadente, hiperestatalizada y centralizada Francia, sino la pujante, libre y descentralizada Suiza.

Así que ya sabe, votante de derechas: la próxima vez que defienda la supresión de las autonomías y el reforzamiento competencial de la Administración central, recuerde que ahora mismo su modelo jacobino le entregaría (casi) todo el poder del Estado a una coalición de Sánchez e Iglesias. Usted sabrá si prefiere anteponer un huero sentimiento nacional-españolista (que identifica torpemente Estado centralizado con nación unida) a la salvaguarda institucional de las libertades individuales.