El actor Ethan Hawke interpreta en 'Gattaca' al chico concebido de forma natural, a la antigua usanza, con imperfecciones genéticas como la miopía. Sueña con ser astronauta, pero le cuesta encontrar trabajo. Basta que deje por descuido un pequeño rastro de su ADN en un vaso de agua para que en las entrevistas lo descarten de antemano. En ese futuro ficticio, las empresas descubren los defectos de los candidatos fisgando en sus genes. La discriminación teóricamente está prohibida en Gattaca, pero en la práctica siempre contratan humanos genéticamente mejorados para los trabajos más cualificados.

El planteamiento de esta película, que hace 20 años sonaba a ciencia ficción, ya no lo es tanto. ¿Podría un pasaporte de inmunidad al Covid-19 acabar marginando del mercado laboral a los más vulnerables, a los que quería proteger?

Hemos tenido que sacrificar la libertad de movimiento porque incluso en las democracias del mundo desarrollado el confinamiento forzoso sigue siendo la manera más eficaz de frenar un coronavirus letal que ya ha costado más de 115.000 vidas en todo el mundo y contagiado a millones de personas. También se está redefiniendo un nuevo equilibrio entre la salud pública y la privacidad a medida que cada vez más países europeos exploran mecanismos para el rastreo masivo de móviles para ayudar a frenar la pandemia. Cuando la vida de cientos de miles de personas está en juego, las democracias se replantean algunos límites que en otras circunstancias no tolerarían sobrepasar. Ha pasado en los últimos años con la amenaza terrorista y está pasando ahora con el Covid-19.

La siguiente frontera moral puede plantearla el certificado de inmunidad. Fue Italia el primer país en plantear que haciendo test que certificaran a los ciudadanos que han superado la enfermedad y desarrollado los anticuerpos necesarios contra el coronavirus, podría acelerarse la vuelta al trabajo de las personas inmunes al virus para que la sociedad pudiera volver a funcionar cuanto antes, y de forma escalonada pero segura, después de más de un mes de parálisis. Encontrar a las personas que ya han superado la enfermedad ayudaría a determinar quiénes pueden liberarse del confinamiento sin arriesgar su vida ni la de los demás. También serviría para tener una noción de cuántas personas asintomáticas han pasado sin saberlo la enfermedad y, por tanto, tener más claro el número de contagiados reales en cada región. Además, servirían para tener una mejor idea de la situación general y entender mejor por qué unas personas enferman al contraer el Covid-19 y otras no.

En España, algunas comunidades autónomas como Castilla y León ya han anunciado su intención de poner en marcha un 'carné de inmunidad', a través de una 'app' que registra las personas que se hayan curado del coronavirus y serviría de certificado, en palabras de su consejera de Sanidad, “como un carné de vacunaciones” como el que se pide cuando viajas al extranjero. La idea de los certificados de inmunidad ya la han comentado en Italia líderes regionales, como el de la región de Véneto y hasta el primer ministro, Giuseppe Conte. También Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos. El Gobierno británico también habló de los pasaportes de inmunidad, igual que Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, habló de la posibilidad de que quienes se hayan curado del virus sean quienes vuelvan a trabajar. Como en los confusos tiempos del coronavirus todo está investigándose sobre la marcha, los políticos ya lo han propuesto como una posible solución antes de que los investigadores hayan podido asegurar por completo la idoneidad de este tipo de pruebas. Incluso hay empresas que por su cuenta están buscando la forma de hacer test serológicos masivos para identificar a los empleados inmunes.

Las ventajas de identificar a los inmunizados para la salud pública son evidentes, también para trazar las estrategias que frenen la pandemia con mayor eficacia. Aunque aún no está claro cuánto dura la inmunidad al virus, a corto plazo la gente inmunizada podría empezar el desconfinamiento con mayor seguridad, porque los curados podrían servir de cortafuegos a la expansión del virus. Para reactivar la economía de la manera más segura posible y pasar de un confinamiento masivo a uno selectivo, es fundamental facilitar los test a la población.

Sin embargo, es ahí donde también surgen algunas dudas morales respecto de la sociedad posCovid-19. Si el Estado tarda en tenerlas disponibles para toda la población y a corto plazo solo tienen acceso a estas pruebas quienes puedan pagar entre 100 y 200 euros por ellas, ¿generará una desigualdad de oportunidades a quienes no se lo pueden costear? Y aunque estuvieran disponibles para el conjunto de la población... ¿Podría la existencia de un grupo de población que sea inmune al virus generar un nuevo tipo de privilegio social? Si hay que convivir con el virus durante meses, quizás años, hasta que aparezca la vacuna, ¿podría este pasaporte inmunológico derivar en alguna ventaja o prerrequisito laboral? ¿Otorgará también alguna ventaja a quienes lo tengan para circular por la calle, entrar en algún tipo de local o incluso viajar a determinados países que lo exijan como parte del visado?

Es el momento de hacerse estas preguntas para garantizar que ahora se diseña una normativa lo más justa posible más allá de la evidente urgencia del estado de alarma. Debería aclararse, junto con los test de inmunidad, qué uso podrá darse en el futuro a esa información y por supuesto aclarar que será ilegal utilizar la inmunidad como mecanismo de discriminación laboral directa o indirecta. No es lo mismo utilizar estos test en beneficio de la salud pública y para proteger a la gente más vulnerable que para discriminarla. Aunque, teóricamente, esa discriminación también era ilegal en 'Gattaca'.