¿Existe clientelismo en Andalucía? Los jueces no se aclaran

Irene Sabalete. ¿La recuerdan? Saltó a la fama hace unos años cuando trascendió una de esas grabaciones clandestinas que sorprenden por dos cosas, por el desparpajo y por la caradura. Lo que todo el mundo puede sospechar de las cloacas de la política, se contenía en aquella grabación, como ahora con el escándalo del ministro de Interior y el jefe de la oficina antifraude catalana. Ella, Irene Sabalete, era delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén y en víspera de las elecciones andaluzas de 2012, en las que el PSOE andaluz veía en riesgo su hegemonía de décadas, reunió a los trabajadores con un mensaje directo: “Lo tengo que decir muy claro; si no ganamos las elecciones, vosotros no vais a seguir trabajando en la Junta de Andalucía. Os quiero a todos en la calle haciendo campaña por el PSOE”.

Luego les explicaba que, como ganar las elecciones era la única prioridad, que se olvidaran de tramitar más expedientes, nada de trabajo de oficina, y que fueran empresa por empresa recordándole al personal que gracias al PSOE recibían subvenciones y que, si querían seguir recibiéndolas, tenían que votar al partido. “Os quiero a todos en la calle. Esto es lo que más se parece a los testigos de Jehová. Es verdad, que no lo digo de broma”.

¿Diría usted que lo anterior es un caso de clientelismo político? Pues esa es la cuestión, que a raíz de algunas sentencias judiciales recientes la respuesta depende del juez que interprete la legislación existente. El clientelismo político y el enchufismo son materias resbaladizas en España. Porque a veces nos encontramos con que existen pronunciamientos judiciales dispares ante casos que pueden ser idénticos, o eso al menos nos parece.

En alguna ocasión se ha destacado aquí lo llamativo del caso de Pedro Pacheco, por ejemplo, que cumple una condena de cinco años de cárcel por enchufar en el Ayuntamiento de Jerez a dos asesores de su partido: ¿cuántos enchufados hay en política? ¿porqué no ocurre igual en todos los casos? Ya se sabe que existen matices esenciales que diferencian unos casos de otros y que no seguir el procedimiento administrativo puede ser determinante para que haya o no delito en un caso de enchufismo, pero nadie negará, de todas formas, que si la ley se aplicara con el mismo rigor ante todas las denuncias de enchufismo, Pacheco no sería el único que estaría en la cárcel por ese motivo.

El clientelismo político y el enchufismo son materias resbaladizas en España. Porque a veces hay pronunciamientos dispares ante casos idénticos

Pues bien, lo que se ve venir ahora es que una paradoja similar se puede acabar produciendo con el escándalo de los cursos de formación en Andalucía, un proceso judicial que no está unificado como el de los ERE sino que está disperso en 18 causas repartidas por distintos juzgados de las ocho provincias andaluzas. Irene Sabalete, a la que se mencionaba antes, es quizá el ejemplo más notorio por la grabación que se difundió. Y lo que ha ocurrido es que los tribunales han archivado todas las denuncias que existían contra ella.

La primera que se archivó fue la de la grabación; la archivó la Fiscalía de Jaén al entender que no había ni delito de amenazas, ni de coacciones ni tráfico de influencias en su actuación. “Sin perjuicio de los reproches que estas manifestaciones puedan merecer en otros ámbitos”, decía el fiscal en su archivo para justificar que, desde el punto de vista penal, todo se reducía a una mera “presión moral” que no perseguía “la consecución de una resolución beneficiosa, sino el desarrollo de una actividad de propaganda electoral a favor del partido gobernante”. ¿Poner a los trabajadores públicos a hacer campaña electoral como “testigos de Jehová” no merecen más que un reproche moral? Pues esa fue la interpretación del fiscal.

La segunda causa que se ha archivado contra Irene Sabalete ha sido hace unas semanas, en plena campaña electoral, por eso apenas ha trascendido. Tras conocerse la grabación, Sabalete fue detenida, por orden de la jueza Alaya, junto a otros delegados de Empleo del Gobierno andaluz, en el marco de la investigación de los cursos de formación. Las causas quedaron repartidas y lo que ha sentenciado una jueza de Jaén es que todo lo que ha investigado la Policía en estos años atrás no tiene consistencia desde el punto de vista penal para mantener las imputaciones de delitos. ¿Qué investigó la Policía?

A raíz de las primeras denuncias de fraude en la formación, lo que trataba de acreditar es la existencia de una red clientelar extendida por toda Andalucía gracias al reparto de subvenciones a aquellas empresas a las que Irene Sabalete, como todos los altos cargos de Empleo, le mandaba luego a los trabajadores para recordarles que si no votaban al PSOE, no habría más dinero público. Ahora donde la Policía encontraba arbitrariedad e irregularidades, la jueza de Jaén no encuentra nada. Hasta descalifica el informe policial con trazo grueso: “No existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que la Junta de Andalucía destina al pago de tales subvenciones fueran malversados” (…) “Resulta manifiestamente absurdo, salvo que se aleguen y no se prueben, finalidades espurias por los responsables de la administración que se debaten y no se acreditan, como clientelismo electoral”.

Por supuesto que los dirigentes del PSOE andaluz, encabezados por Susana Díaz, han exigido en los últimos días que se le pida perdón a Irene Sabalete “por el linchamiento” al que ha sido sometida, pero lo más curioso es que la contundencia de la magistrada de Jaén es justo la contraria a la que había empleado, unas semanas antes, un compañero suyo de Huelva, que instruye la misma causa, con la misma investigación policial, pero referida a aquella provincia. En esa ocasión, el juez de Huelva lo que veía claro es que no sólo existían irregularidades, sino que a la Junta de Andalucía en su conjunto había que considerarla responsable de ese despilfarro.

Donde un juez ve irregularidades en la concesión y en el control de las subvenciones, otro juez no ve razones para presumir que algo se haya hecho mal

“La Junta de Andalucía se ha limitado a destinar un dinero (fruto del esfuerzo de todos los contribuyentes) que cataloga como fondo propio para el pago de unas subvenciones destinadas a unos cursos para la formación que no han cumplido para nada su objetivo de formación para el empleo, limitándose a entregar el dinero solicitado a las empresas que lo solicitaron, sin cumplir con los requisitos mínimos, en su concesión, en su fiscalización, ni en su supervisión, despreocupándose totalmente si el dinero invertido cumplía o no el objetivo para el que estaba destinado”, sostiene el magistrado que instruye la pieza onubense de los cursos de formación.

Donde un juez ve despilfarro y graves irregularidades en la concesión y en el control de las subvenciones, otro juez no ve razones para presumir, suponer o sospechar que algo se haya hecho mal. ¿Cómo acabarán las 18 piezas de los cursos de formación? ¿Existe clientelismo político en Andalucía? Los jueces no se aclaran. Así que, de momento, sólo podemos repetir la máxima anterior: La interpretación de una misma ley puede derivar en sentencias dispares y una sensación agria en la ciudadanía.