Todo un ensayo de gran coalición

La décima legislatura —entre 2011 y 2015— fue en la que un Gobierno con mayoría absoluta (186 escaños sobre 350) dictó más reales decretos leyes. Exactamente el 34% de sus iniciativas legislativas se produjeron por esa vía extraordinaria: el Ejecutivo de Rajoy aprobó por supuestas razones de urgencia 73 decretos leyes y presentó 143 proyectos de ley. Batió récords. También en esa legislatura sacó adelante sin consenso alguno dos grandes leyes orgánicas. La de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la de Protección de Seguridad Ciudadana (“ley mordaza”). Además, también sin un mínimo consenso, aprobó una amnistía fiscal y subió todos los impuestos, directos e indirectos, que dijo no incrementaría. Se comportó como un Gobierno indigesto de poder, adiposo y con alto nivel de colesterol: se lo guisaba y se lo comía todo.

En estos primeros compases de la XII legislatura el equipo de Rajoy y el propio PP, antes prepotentes, se han adaptado al terreno y se han puesto a dieta de poder. La oposición le ha obligado a desactivar la LOMCE y a reformar la innecesaria, en muchos aspectos, Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Además, para lograr un acuerdo con el PSOE en el techo de gasto, ha aumentado en una décima (0,6%) el déficit de las comunidades autónomas e incrementado en un 8% el salario mínimo interprofesional. No ha tocado, al menos de momento, los impuestos directos (IRPF) y aumenta la recaudación a través de una subida de los especiales (alcohol, tabaco y bebidas azucaradas) y del de sociedades, lo que satisface también al PSOE. Al tiempo, ha ampliado la base de cotizaciones a la Seguridad Social y adoptado medidas contra el fraude fiscal.

Con este paquete de medidas el Ejecutivo altera sus pretensiones, atiende a las reclamaciones de la oposición —especialmente del PSOE— y se granjea casi con seguridad la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2017 que no se presentarán hasta que se celebre la Conferencia de Presidentes en enero y, en ese ámbito, se plantee una profunda reforma de la financiación autonómica. De tal manera que la política gubernamental se hace más horizontal como corresponde a un Estado autonómico en el que las comunidades tienen atribuidas las competencias con más gasto social (sanidad, educación, dependencia). Todas estas medidas, compatibles con el diseño de una negociación razonable con Cataluña —que por serlo no será satisfactoria para los independentistas— y abierta con el País Vasco, con cuyas autoridades se negociará la liquidación del cupo (1.600 millones en juego), ofrecen un panorama en el que los populares asumen su minoría y el PSOE articula, silente y sin adelantar acontecimientos, un ensayo de gran coalición.

El Gobierno de Rajoy dispone de dos facultades exorbitantes. Una, la que le permite vetar proposiciones de ley o medidas del Congreso que impliquen incremento de gasto en relación con el previsto en los Presupuestos. Dos, la que le apodera para —en mayo— convocar nuevas elecciones. Rajoy ya ha dicho que cumplirá lo que “sea obligatorio” (o sea, no va admitir iniciativas que aumenten el gasto), pero se cuidará muy mucho de abortar la legislatura porque al PSOE le han subido las proteínas totales y se ha dado cuenta de que la oposición no es tan mal sitio para capitalizar algunos logros, marginar a Podemos y disminuir el protagonismo de Ciudadanos, en lo que coincide con el PP. Van a por Rivera, los unos; y a por Iglesias, los otros.

El presidente del Gobierno va a aguantar 2017 y 2018 hasta que Francia y Alemania dispongan de nuevos Ejecutivos después de sus respectivas elecciones legislativas. Más aún si Renzi, mañana, pincha y los italianos le dicen no a su reforma constitucional. Veremos, además, si Austria elige a un presidente de extrema derecha u opta por un ecologista. Por eso, el contexto internacional aconseja estabilidad en España. Con Trump de fondo. El PSOE dispone así del tiempo que necesita para cambiar el protocolo de 1978 con el PSC, celebrar su congreso extraordinario y recomponerse.

“Nueva política” para establecer contrafuertes en el bipartidismo. El primer tramo de esta legislatura apunta a un intento de recomposición del turno. El PP y el PSOE parecen haber detectado la posibilidad de aprovechar su veteranía política —a veces taimada— para erosionar a Ciudadanos y Podemosy disminuir su espacio. La bisoñez de los morados en el Congreso y sus escenificaciones excéntricas, en combinación con sus discrepancias internas y su fragmentación territorial, alientan la esperanza de una oportunidad para el PSOE. Al otro lado, la pinza entre el PP y los socialistas oprime a Ciudadanos. Y así, el Gobierno, con menos peso de poder pero más ágil, y el PSOE, con más proteínas y más moral, están poniendo en marcha un experimento de pacto subterráneo. De momento, es un ensayo. Veremos si dura y cuánto.