Con 47.000 fallecidos y unos 52.000 sanitarios infectados, lo menos que puede decirse es que el Estado, entendido como el conglomerado formado por el Gobierno central y las CCAA, no ha estado a la altura del reto planteado por la epidemia. No se trata solo de los problemas derivados del coronavirus. Convivimos con unas cifras de paro, de fraude fiscal o de fracaso escolar peores que la media europea y, sobre todo, mucho peores que las de aquellos países con los que nos gustaría compararnos.

En estos momentos de polarización, nuestros automatismos mentales nos llevan a la búsqueda de responsables en el campo político opuesto al de nuestras preferencias. Pero es un camino estéril. Gobiernos de derecha y de izquierda han convivido con el fracaso escolar o con el fraude fiscal. Tras la desastrosa gestión del Gobierno Zapatero en el inicio de la crisis anterior, la ejecutoria del PP en términos de creación de empleo es claramente superior, pero el problema de fondo es que ni en las épocas de expansión más boyante de nuestra economía el paro ha bajado de cifras que se considerarían inaceptables en otras economías europeas.

La gestión básica de la crisis del coronavirus no hubiera sido muy diferente con un Gobierno de otro color. Probablemente, la comunicación hubiera sido menos errática y más respetuosa con el nivel intelectual medio de los españoles. Es posible que también se hubiera evitado el ridículo en algunas adquisiciones apresuradas. Pero el problema básico, la estructura de la atención sanitaria, hubiera sido el mismo para cualquier Gobierno. España carece de un sistema unificado de tratamiento de datos sanitarios. Ni siquiera tiene 17. Solo dos autonomías, Galicia y País Vasco, tienen un sistema informático único para todo su territorio. Disponer de un sistema de información centralizado hubiera permitido detectar a lo largo de febrero un incremento de fallecimientos por encima de lo normal y un aumento de los casos de neumonía. Las alarmas se habrían activado y con ellas las medidas preventivas. Ni el Gobierno central ni las autonomías tenían una reserva estratégica de equipos de protección para el personal sanitario, tampoco disponían de planes de contingencia para aliviar su escasez ante una epidemia y tampoco existe una norma que obligue a nadie a tenerlos. Sin información ni recursos, es imposible gestionar.

Gestionar es cuestión de planificación, organización, método y recursos. En España, sabemos hacerlo. La liberalización de la economía y nuestra pertenencia a la Unión Europea y a la zona euro han propiciado un marco en el que las empresas españolas han desarrollado su potencial. No solo contamos con el liderazgo de Inditex. Cosentino es líder mundial en materiales y superficies de revestimiento en interiores. Puig es uno de los cinco grupos de perfumería más importantes del mundo. Grifols lidera la industria de hemoderivados. Contamos con siete empresas hoteleras entre las 100 más importantes del mundo. ACS lidera el 'ranking' mundial por facturación obtenida fuera de su país de origen. Otras seis constructoras españolas figuran también entre las 100 mayores del mundo. Banco Santander o Telefónica figuran entre los 20 actores globales más destacados en sus respectivos sectores. Iberdrola es la sexta eléctrica del mundo. Gestamp o Grupo Antolín son actores relevantes en el mercado mundial de la industria auxiliar del automóvil. No son solo las grandes. Muchas empresas españolas compiten con ventaja en el mercado internacional. Las exportaciones de bienes y servicios han llegado a representar el 36% de nuestro PIB. Sabemos ser competitivos.

En España, podemos hacer las cosas igual de bien en lo público que en lo privado. Gestionar lo público en un sistema democrático es más complejo, pero más enriquecedor si se es capaz de construir teniendo presentes las diferentes sensibilidades. La Constitución define nuestro sistema como “economía social de mercado”. Cada uno puede poner el acento donde considere, pero es imprescindible que lo público funcione. Tras 40 años de Estado autonómico, 25 años de pertenencia a la Unión Europea, cinco años de gobiernos minoritarios, tensiones territoriales crecientes, dos crisis económicas severas y una revolución digital en marcha, conviene repensarse los modos y maneras de nuestra Administración estatal. Es imprescindible que funcione.

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, de la que solo tenemos noticia por el incidente ocasionado por el vicepresidente segundo del Gobierno, debería ser capaz de identificar y acordar las mejoras a introducir en una Administración pública, entendida en su sentido más amplio, y los cambios a introducir en nuestra legislación. Además de los problemas ya apuntados en el ámbito sanitario, hay dos cuestiones, la recaudación fiscal y el sistema educativo, que deben abordarse sin demora.

La presión fiscal nominal española es similar a la europea, pero nuestra recaudación efectiva es claramente inferior. Cerrar esta brecha debería ser una cuestión previa a la discusión sobre subidas o bajadas de impuestos. Aunque en este año de parón económico convenga mirar a otro lado, una de las bolsas de fraude fiscal más importantes tiene que ver con la tributación por módulos. Más de 400.000 autónomos con una facturación teórica inferior a los 250.000 euros al año tributan por estimación objetiva, sin un control específico de sus ingresos y gastos. El problema no es solo una cuota fiscal inferior a la debida, sino el potencial fraude en las declaraciones de IVA o, por ejemplo, el potencial fraude en la emisión de facturas por empresas que cotizan por módulos a empresas fuera de este sistema. El gasto es deducible, pero el ingreso queda diluido en la estimación objetiva. Se trata de nuevo de un problema de gestión. En una época en que el tratamiento masivo de datos es perfectamente factible, este tipo de estimaciones aproximadas, por mucho que se califiquen como objetivas, constituyen un anacronismo a superar.

En materia educativa, la obsesión de la izquierda es que nadie se quede atrás. Es un objetivo perfectamente compartible siempre que no suponga una devaluación de los niveles de exigencia. La educación es el auténtico ascensor social. Hay que garantizar que la educación pública permite alcanzar la excelencia a todo aquel que se esfuerza en conseguirla. Un sistema que permita que los mejores alumnos vayan a las mejores universidades españolas y extranjeras, tenga o no su familia los recursos para ello. Un sistema que permita una formación profesional requerida y amparada por las empresas. El fracaso escolar disminuirá cuando se perciba con claridad que el esfuerzo personal en la propia formación tiene una correlación directa con el futuro profesional.