Ya nos gustaría que fuera una broma. Pero no lo es.

25 años después se han conocido detalles del contrato rubricado entre Adif y Distrito Castellana Norte para la enajenación y posterior desarrollo urbanístico de 1,27 millones de metros cuadrados en la zona norte de Madrid. La Operación Chamartín se empezó a fraguar en 1993 con la firma del primer contrato por parte del actual titular de la cartera de Exteriores y que entonces ocupaba el ministro de Fomento, Josep Borrell, entre Renfe y el Grupo Argentaria.

Se supone que la firma de ese contrato era el resultado de un proceso de concurrencia pública que concluyó con la adjudicación a la mejor oferta. Se supone que la mejor oferta fue la de Argentaria porque todo el proceso ha sido secreto. Los detalles de la adjudicación y los sucesivos contratos firmados y renovados por los 'herederos' de quienes suscribieron el inicial han estado guardados bajo llave hasta ayer. La publicación por parte de un medio digital ('eldiario.es') ha confirmado los peores presagios que se adivinaban para cualquiera al que le preocupe el buen uso del dinero público.

Porque la enorme cantidad de suelo que transmitirá Adif a Distrito Castellana Norte (DCN), formada por la constructora San José y BBVA, se venderá a 769 euros por cada metro cuadrado. Supondrá un ingreso de 984 millones de euros para el gestor público de infraestructuras ferroviarias por los 1,27 millones metros cuadrados enajenados. Según los expertos del sector inmobiliario, es la mitad del precio de mercado por el que se han vendido otros solares en el mismo ámbito. No hay que ir muy lejos para comparar ya que el mismo Adif subastó una parcela en el municipio de San Sebastián de los Reyes y obtuvo por la misma 1.500 euros por metro cuadrado.

La deficiente gestión no se queda ahí. Porque el importe de la venta lo pagará el consorcio privado en “cómodos plazos” de 20 años con un modesto recargo del 3% anual. Para abundar más en el expolio para el patrimonio público, el importe final a percibir por parte de la empresa pública podría ser inferior si la urbanización de la losa con la que se cubrirán las vías es más costosa de lo inicialmente previsto o si se produjeran costes derivados de tener que abonar a los propietarios originales de los terrenos un importe adicional al que recibieron cuando se les expropiaron para el uso actual. De hecho, la normativa vigente en el momento del nacimiento de este desarrollo urbanístico les reconoce el llamado derecho de reversión que no dudemos que pelearán en los tribunales y que minoraría lo que finalmente recibiría Adif.

Ahora se entiende el oscurantismo y la falta de transparencia con que los sucesivos Gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español han cubierto esta operación. Josep Borrell, Rafael Arias Salgado, Francisco Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor, Íñigo de la Serna y ahora José Luis Ábalos. Todos y todas lo han ocultado y todos y todas han contribuido a engordar las plusvalías privadas a costa de una empresa pública. Cualquier propietario de suelo tiene derecho a venderlo. Incluso tiene derecho a venderlo mal. Hasta regalarlo podría un dueño no hábil o no preocupado por su patrimonio. Pero ninguno de los ministros y ministras de Fomento, ni tampoco Renfe antes ni Adif ahora, son los propietarios. El suelo público que se está transmitiendo a un precio extremadamente barato es suyo, lector. Y es mío. Es nuestro.

El suelo público que se está transmitiendo a un precio extremadamente barato es suyo, lector

Por eso es muy doloroso que una empresa pública como Adif que tiene una deuda a junio de 2018 de más de 15.508 millones de euros transmita su patrimonio a precios inferiores a los de mercado para generar enormes plusvalías a actores privados.

Cuando quien gestiona lo público no cree en la acción colectiva, el resultado suele ser nefasto y en este caso tenemos un claro ejemplo.

Sin embargo, nada más necesario en situaciones como la que se describe en este artículo que la búsqueda del interés general y no el de los operadores privados. No se trata de un capricho. Está en la legislación vigente. La subordinación de la riqueza al interés general es un principio rector del urbanismo incorporado a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (art. 3.1.b) para garantizar “la utilización sostenible del territorio y la cohesión social”. La misma ley establece los sistemas de ejecución pública del planeamiento (art. 131) y los instrumentos de intervención en el uso del suelo, en la edificación y en el mercado inmobiliario (título V).

Es evidente que hay razones más que sobradas para detener este desvarío. No solo por los evidentes motivos de modelo urbanístico, desarrollo de ciudad y reequilibrio territorial sino también por el claro ejemplo de saqueo de lo público que supone esta operación de transmisión de suelo.

Descarten de antemano que no haya otra opción. Porque sí se pueden defender los intereses generales. De hecho, estamos ante una oportunidad inmejorable de demostrar que hay alternativas a las políticas de la derecha para mejorar y garantizar la cohesión social y para hacer efectivo realmente el derecho a la vivienda. Para eso es imprescindible que el suelo público esté al servicio de la mayoría social y que los gobiernos defiendan a la gente y no las cuentas de resultados de las empresas privadas.

*Carlos Sánchez Mato, responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida. Concejal del Ayuntamiento de Madrid