Las medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, desde su toma de posesión el pasado mes de junio, han sido decisivas para recuperar una parte importante, pero aún incompleta, de derechos laborales y sociales suprimidos o recortados durante los cerca de siete años de gobiernos del Partido Popular (PP) con la connivencia de Ciudadanos (Cs).

El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, basado en el acuerdo establecido por el Gobierno socialista con Unidos Podemos y sus confluencias, tenía entre sus objetivos revertir las políticas de austeridad y los recortes, con medidas orientadas tanto a impulsar las políticas de inversión en los servicios públicos esenciales y en la actividad productiva como a recuperar los derechos sociales y laborales y potenciar las políticas sociales para que la recuperación económica llegue al conjunto de la sociedad, especialmente a las personas más vulnerables, junto con aumentar los ingresos con una fiscalidad más equitativa. Pero fue rechazado por las derechas al igual que por los independentistas catalanes, lo que delata que se guían por sus intereses partidistas frente a los intereses generales.

Los argumentos esgrimidos por el PP y Cs eran completamente ajenos a los principios de equidad, equilibrio y responsabilidad de los contenidos recogidos en el propio proyecto de ley: estos comportamientos insolidarios solo están inspirados por el cálculo electoral y la búsqueda de réditos partidarios. Ello obligó al presidente del Gobierno a convocar elecciones generales y, por lo tanto, disolver las Cámaras.

Los argumentos esgrimidos por el Partido Popular y Cs eran completamente ajenos a los principios de equidad, equilibrio y responsabilidad

Por ello, el Gobierno socialista, para cumplir con sus deberes con la ciudadanía, se ha visto obligado a promulgar varias iniciativas dirigidas a restablecer los derechos sociales que fueron arrebatados por el PP a partir de 2012 con el pretexto de la crisis económica, con medidas de ajustes y recortes impuestas de forma autoritaria. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente diferentes medidas urgentes a través de la figura del real decreto-ley (RDL). Entre otras materias aprobadas, son de resaltar las siguientes: la revalorización de las pensiones con el IPC; recuperar la sanidad universal; la reversión de los recortes en educación y dependencia; facilitar el alquiler de viviendas; potenciar el empleo de calidad y los salarios dignos de los empleados públicos; mejorar las prestaciones y el sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos; combatir la pobreza infantil o la ley hipotecaria.

También se ha aprobado un potente paquete de medidas para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, junto a algunas disposiciones para impulsar la lucha contra la violencia de género.

Otras medidas relevantes son la subida de un 22% del salario mínimo interprofesional (SMI), fijándolo en 900 euros mensuales por 14 pagas en 2019, que beneficia a los trabajadores sin convenio colectivo de aplicación y fundamentalmente a jóvenes y mujeres, y supone acercarse de forma importante al 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea; la recuperación del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años suprimido por el PP en 2012; ampliar el sistema de Garantía Juvenil, y obligar a las empresas a registrar la jornada laboral de sus trabajadores.

Ante estas iniciativas que benefician a las mujeres, los jóvenes, pensionistas, los trabajadores ocupados o desempleados y a una gran mayoría de las familias, la reacción del PP y Cs ha sido acusar, de forma deleznable e injustificada, al Gobierno socialista de todo tipo de prácticas fraudulentas y antidemocráticas. Es la continuación del bloqueo al que tiene sometidos los proyectos y proposiciones de ley en la XII Legislatura, unos 50, con el mecanismo de prorrogar de forma abusiva los periodos de enmiendas, como ha ocurrido en la Iniciativa Legislativa Popular de CCOO y UGT para instaurar una prestación de ingresos mínimos a las personas desempleadas sin recursos económicos.

A la vez, ambas fuerzas de la derecha no tienen ningún tipo de rubor en instrumentalizar partidariamente las instituciones públicas, como viene haciendo la presidenta del Congreso con su flagrante obstrucción de la labor parlamentaria de los grupos: ahora quiere boicotear que la Diputación Permanente del Congreso ejerza las funciones que tiene atribuidas, como la de convalidar los reales decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros para recuperar los derechos sociales e impulsar la igualdad y la cohesión social cuando, según los servicios jurídicos de la propia Cámara y también muchos expertos, el Gobierno está plenamente legitimado para utilizar la vía de los reales decretos-leyes.

En el acuerdo alcanzado para los PGE entre el PSOE y UP, se definían las materias que se querían derogar de la reforma laboral de forma urgente

El PP haría bien en recordar sus conocidos como 'viernes de“dolores', en que aprobaba los recortes y contrarreformas laborales y de pensiones mediante RDL, con una gran diferencia entre la actual práctica del Gobierno socialista y la de los gobiernos del PP, diametralmente opuestas: estos utilizaban los RDL para recortar derechos a las clases trabajadoras y el PSOE utiliza esa vía, por obligación legal, para reponer de forma urgente derechos sociales.

La reforma laboral de 2012 y sus desarrollos, junto con las políticas económicas y sociales aplicadas por los gobierno del PP en estos años, han originado que la recuperación económica y la creación de empleo se basen masivamente en la precariedad y los bajos salarios. Para los socialistas, la derogación de la reforma laboral es necesaria, pues sus medidas autoritarias y lesivas para los derechos de los trabajadores son un freno para el desarrollo económico y el progreso social.

En el acuerdo alcanzado para los PGE entre el Gobierno socialista y Unidos Podemos y sus confluencias, se definían las materias que se querían derogar de la reforma laboral de forma urgente, como la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos o la supresión de la unilateralidad empresarial en las inaplicaciones de los convenios colectivos y en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que están siendo tratadas en las mesas de diálogo social junto con otras materias, como la recuperación de la prevalencia de los convenios sectoriales. También se formulaban compromisos sobre el propio escenario presupuestario para el próximo año, como que los firmantes se comprometían a concluir la tramitación parlamentaria de cuestiones como la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (ET) sobre la regulación de las contratas y subcontratas; la modificación del artículo 34 del ET sobre el registro diario de la jornada de trabajo; la igualdad retributiva entre mujeres y hombres para acabar con la brecha salarial, o el impulso a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación. La falta de tiempo, el veto de las organizaciones empresariales y la relación de fuerzas parlamentarias son los argumentos que han impedido hasta ahora culminar su tramitación para revertir los derechos laborales.

Quizá la propuesta de mayor peso estratégico del acuerdo era la voluntad compartida de modernizar y reequilibrar las relaciones laborales y recuperar de forma completa los derechos de los trabajadores recortados por la reforma laboral. Para ello, se establecía que en 2019 se iniciara la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, de forma consensuada a través del diálogo social, y también se acordaba crear un comisión de expertos que participe en su redacción, de modo que se pueda dotar al país de un marco de relaciones laborales moderno y participativo, basado en un sistema de negociación colectiva fuerte y equilibrado que dé respuestas a la internacionalización de la economía, a las nuevas realidades en la organización del trabajo y a la creciente implantación de la digitalización. El Boletín Oficial del Estado del 12 de marzo publicó el Real Decreto-ley 8/2019, de medidas urgentes de protección y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Una de las medidas que recoge es la que establece que el Ministerio de Trabajo nombre un grupo de expertos para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

En los actuales tiempos políticos, condicionados por los sucesivos procesos electorales, es necesario que todos los socialistas y progresistas, junto con el conjunto de la izquierda, trabajemos para conseguir el respaldo de la mayoría social en las urnas y realizar un esfuerzo a la hora de situar correctamente las prioridades políticas que permitan dar respuesta a las aspiraciones de la sociedad, es decir, lograr una mejor disposición parlamentaria para conseguir, a su vez, un periodo extenso donde acometer reflexivamente las reformas de calado que necesita nuestro país para volver a cohesionarlo socialmente. Por ello, es imprescindible la construcción de una alternativa sólida y fiable ante las políticas neoliberales y desreguladoras de la derecha y la extrema derecha.

*Toni Ferrer es miembro de la ejecutiva federal del PSOE.