El empeño de Sánchez por politizar aún más la Administración más politizada de Europa

España tiene la Administración más politizada de la UE, es decir con el mayor número de cargos nombrados a dedo en función de su adscripción política y, junto con Turquía y Chile, una de las tres más politizadas de los 37 países que forman parte de la OCDE. Grecia e Italia arrojan mejores resultados que España. Canadá, Alemania, los Países Bajos y los países escandinavos son, en cambio, los miembros de la organización cuyos gestores / funcionarios gozan de más estabilidad laboral. En Berlín o en Ottawa apenas se retocan los gabinetes ministeriales cuando llega un nuevo titular de la cartera.

Pero en España nada menos que entre el 95% y el 100% de sus asesores ministeriales y altos cargos (directores generales y subdirectores) son relevados cuando se produce un cambio del color político del Ejecutivo, según 'Governement at a Glance 2017', el último estudio elaborado por este organismo internacional con sede en París.

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El estudio solo abarca al Gobierno central, pero probablemente arrojaría resultados aún peores si incluyese las empresas públicas, las administraciones autonómicas y los ayuntamientos. La rotación de personal era reducida cuando la democracia dio en España sus primeros pasos, pero ha ido creciendo hasta alcanzar ahora proporciones gigantescas comparadas con nuestros vecinos. Abarca hoy en día a muchos cargos que no son nombrados por el Consejo de Ministros, como los subdirectores y hasta buena parte de los nutridos gabinete de prensa.

Los partidos se han convertido, sobre todo cuando ganan las elecciones o por lo menos obtienen una cuota de poder, en una agencia de colocación. No proporcionan empleo a los que más saben, a los que gozan de mayor experiencia, sino a los más fieles que hay que recompensar por la ayuda brindada pero que no suelen ser los mejores gestores. Cada vez hay por cierto más fieles, porque la entrega a un partido es una manera de colocarse y ascender.

El clientelismo es el primer inconveniente de lo que en el mundo anglosajón llaman el 'spoil system', pero hay muchos más. Tras un relevo en el gobierno la Administración se paraliza largo tiempo hasta que llegan los nuevos y la colaboración que les bridan los que les dejan el puesto no siempre es idónea. Se resisten a allanar el camino a sus adversarios políticos. Cuantas veces los nuevos se han encontrado los cajones vacíos. Los funcionarios de carrera son además con frecuencia arrinconados por los asesores nombrados a dedo y acaban desaprovechados a menos que no opten por alinearse con el bando vencedor. En su informe, la OCDE subraya las consecuencias negativas para el funcionamiento del Estado de esta elevada tasa de reposición ateniéndose a criterios políticos.

Los nombramientos políticos al frente de determinadas instituciones provocan también la desconfianza de la ciudadanía. Prueba de ello lo sucedido con el CIS desde que Sánchez designó presidente a un miembro de la Ejecutiva socialista, José Félix Tezanos. ¿Habría sido tan criticada la institución si la hubiese dirigido un sociólogo de reconocido prestigio, pero sin adscripción política? Probablemente no.

¿Por qué razón ADIF, AENA, Correos, Renfe, el Instituto Cervantes y otras muchas empresas e instituciones deben estar encabezadas por fieles del PP o del PSOE cuándo gobiernan? No es solo el presidente o el director el que se sitúa en la órbita de un partido sino que este elige a su vez a sus colaboradores con criterios políticos. Al paso que vamos algún día hasta los conserjes serán nombramientos políticos.

Las prácticas de clientelismo, nepotismo o amiguismo en la designación de cargos directivos son también una manifestación de corrupción

Este baile de cargos cuando cambia la mayoría parlamentaria impide también, según la OCDE, "la requerida estabilidad necesaria en la gestión para implantar y supervisar las reformas a largo plazo", pero en España se legisla tan poco en los últimos años que esa labor es casi innecesaria.

El clientelismo es, por último, la antesala de la corrupción. Primero, como escribe el jurista Rafael Jiménez Asensio, "las prácticas de clientelismo, nepotismo o amiguismo en la designación de cargos directivos (…) son una manifestación también de corrupción (…)" aunque no tenga consecuencias penales. Mientras que el funcionario trabaja ante todo para la institución, aquél que ha sido nombrado a dedo lo hace primero para su benefactor. De ahí que sea más proclive a incurrir en prácticas de dudosa legalidad. Por algo la abrumadora mayoría de los imputados por corrupción en los últimos años son cargos de confianza.

La hiperpolitización de las administraciones españolas no es un tema de debate en las campañas electorales. Ningún partido quiere prescindir del poder de distribuir cargos. Ciudadanos, el partido de la supuesta regeneración, no ha tomado ninguna iniciativa en ese sentido. Se ha sumado con alegría al reparto de puestos en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que sigue, no obstante, en manos de los nacionalistas catalanes.

Solo la sociedad civil y la prensa podrían en España intentar colocar el tema sobre la mesa obligando a los políticos a pronunciarse y quizás a reducir un poco su intervencionismo. Como, sobre todo en Cataluña y en algunas provincias remotas, hay tanta prensa subvencionada por el poder político, directamente o mediante publicidad institucional, es harto dudoso que allí se pueda reivindicar la despolitización de unas administraciones que precisamente le dan de comer.