Se nos presenta una oportunidad histórica para conseguir un canal alternativo de financiación para las empresas, propiciada por el apoyo de los sectores público y privado al capital riesgo, la búsqueda de inversiones rentables que diversifiquen las carteras, el apetito por los fondos de impacto, ante la normativa sobre finanzas sostenibles, el crecimiento de gestores e inversores en los últimos años y la prometida modernización del régimen jurídico.

Los fondos públicos, nacionales y europeos, se han convertido en actores clave para impulsar el capital riesgo español. Los programas del Banco Europeo de Inversiones, del Fondo Europeo de Inversiones, del ICO o del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, entre otros, están contribuyendo decisivamente a crear un conjunto de gestoras y fondos de capital riesgo que invierten en empresas desde fases tempranas hasta su madurez.

El proyecto de la UE para conseguir la unión de los mercados de capitales asegura la continuidad de estos programas, pues uno de sus objetivos fundamentales es impulsar el crecimiento de la economía europea promoviendo canales alternativos de financiación para las empresas, como el capital riesgo. Las autoridades se han convencido de que un mercado basado en la financiación bancaria y dependiente en exceso de ella no es del todo eficaz para favorecer el desarrollo económico. Esta resulta una excelente noticia para el capital riesgo.

Por su lado, el sector privado no se ha quedado atrás y bastantes empresas han promovido iniciativas, como las incubadoras o los builders, para ayudar a los emprendedores en sus primeras etapas. A su vez, muchas grandes corporaciones han lanzado sus propios fondos de capital riesgo, para invertir en empresas que puedan mejorar sus negocios y conseguir retornos que les permitan financiar sus propios equipos de selección de inversiones. Por último, los inversores privados individuales o business angels están siendo fundamentales para identificar oportunidades y dinamizar el ecosistema.

Como es sabido, los inversores institucionales concentraban, tradicionalmente, la inversión en capital riesgo, pero el interés por esta clase de activos crece cada día más entre los inversores minoristas de medio y alto patrimonio, dada la escasa rentabilidad actual de los activos tradicionales por el efecto de unos tipos de interés en mínimos históricos.

Además, al no estar vinculadas directamente con el comportamiento del mercado, estas inversiones permiten una mejor diversificación de las carteras. En suma, facilitar el acceso de los inversores minoristas al capital riesgo generará un crecimiento sustancial de esta vía de financiación y, con ello, más oportunidades para el nacimiento, crecimiento y supervivencia de las empresas.

Por otra parte, el ambicioso bloque normativo de las finanzas sostenibles va a suponer un reto y una oportunidad importante para el capital riesgo. El esperado auge, a raíz de las modificaciones de las directivas de mercados financieros (MiFID II) y de distribución de seguros (IDD), de productos financieros calificables como inversiones sostenibles, y la complejidad de realizar inversiones de impacto en productos cotizados está provocando una demanda cada vez más importante de fondos de capital riesgo con estas características.

Hay que resaltar también que, si bien en los últimos años se ha frenado la economía, no ha ocurrido lo mismo con el capital riesgo. Las cifras de gestores, fondos y capital comprometido por los inversores han crecido considerablemente en la última década. Aunque la incertidumbre originada por la pandemia en múltiples sectores económicos ha reducido el volumen de las operaciones, los fondos y los demás inversores han ahorrado durante la crisis, por lo que se espera un notable incremento de las tasas de inversión en los próximos años.

En el caso español, tenemos que estar orgullosos de cómo ha crecido y se ha consolidado el capital riesgo en los últimos años: se ha creado un ecosistema idóneo entre gestores de talento, inversores públicos y privados y ayudas a los emprendedores. De hecho, este crecimiento se comprueba con facilidad si se observa el registro oficial de gestoras y entidades de capital riesgo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Solo falta un decidido impulso al marco jurídico actual que, reconociendo que ha contribuido a llegar a este punto, precisa de mejoras. Por un lado, resulta imprescindible facilitar el acceso al inversor minorista a esta clase de activo. En la actualidad, existen asimetrías en la comercialización de productos de capital riesgo en función de la nacionalidad del producto: si este es extranjero, aunque sea de la Unión Europea, solo se puede comercializar entre inversores profesionales; si es nacional, sin embargo, la comercialización entre inversores minoristas es posible con una inversión mínima de 100.000 euros.

Este arbitraje regulatorio reduce la oferta de productos comercializables en España, y eso perjudica la competencia y, a la larga, compromete la calidad y el precio de los productos que pueden adquirir los inversores españoles. Además, determinar cantidades fijas como umbrales mínimos de inversión no es la fórmula más adecuada; a nuestro juicio, es preferible exigir un límite máximo de exposición a este tipo de activo, calculado como un porcentaje sobre el total de la cartera. La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores ha visto bien una reforma en este sentido, a juzgar por algunas declaraciones públicas, pero no se dispone aún de un planteamiento de las instituciones para modificar este aspecto.

Otro asunto que conviene reconsiderar, creemos, es la definición actual de inversor profesional, que está anticuada y no responde a la realidad del mercado financiero. Bajo la normativa española, solo pueden optar a la condición de inversor profesional, además de las entidades financieras, autoridades públicas o empresarios de gran tamaño que lo son per se, quienes acrediten dos de las siguientes tres condiciones: (i) haber realizado operaciones significativas en el mercado relevante con una frecuencia media de diez por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores; (ii) poseer una cartera de instrumentos financieros superior a 500 000 euros, y (iii) haber ocupado durante al menos un año un cargo profesional en el sector financiero que requiera conocimientos sobre dichas inversiones.

Estos requisitos restringen en exceso acceder a esta categoría, pue la experiencia práctica nos dice que ni siquiera los inversores más activos realizan tantas inversiones al año y, obviamente, solo un porcentaje muy pequeño de la población trabaja en el sector financiero. Todos estamos de acuerdo en que el inversor debe acreditar experiencia para ser categorizado como profesional, pero, según esta definición, muy pocos pueden calificarse como tales.

Habría que facilitar las inversiones de los fondos de pensiones actualmente muy reducidas en comparación con otros países

Igualmente, habría que facilitar las inversiones de los fondos de pensiones en este tipo de activo, actualmente muy reducidas en comparación con otros países europeos por los límites máximos de comisiones que permiten.

De otro lado, si comparamos la normativa española con las de otras jurisdicciones de nuestro ámbito, los fondos de capital riesgo son más flexibles para invertir en instrumentos de deuda y tienen menos limitaciones en cuanto a los activos subyacentes. El régimen fiscal aplicable a los gestores también es menos atractivo que en la mayoría de los países europeos. Es una pena que algunos gestores de éxito españoles tengan que estructurar sus productos de inversión en otros países, en lugar de en España.

En definitiva, la oportunidad es única. La doble circunstancia de un mercado maduro y la necesidad de financiación de las empresas nos permite encarar el futuro con optimismo. Solo necesitamos un pequeño impulso de nuestros políticos para reformar el marco jurídico del capital riesgo español y, con ello, mejorar por fin los canales de financiación de nuestras empresas.

*Jorge Ferrer Barreiro y Francisco Aparicio, socio y asociado principal de finReg360.