Putin teme a internet: Rusia retira más contenido Google que el resto del mundo

En su libro “Nothing is True and Everything is Possible” [“Nada es Cierto y Todo es Posible”], el periodista británico Peter Pomerantsev, que trabajó una temporada para la televisión rusa, relata cómo en una ocasión asistió a una reunión en la que una veintena de ejecutivos vinculados al Kremlin decidían qué iba a ser noticia y qué no, y cuál iba a ser la agenda informativa de la próxima semana. Él y otros reporteros han descrito un régimen que tolera la existencia de medios de prensa críticos e independientes -porque, en la práctica, casi nadie los lee-, pero que controla férreamente lo que aparece en la pequeña pantalla, donde se distribuye una narrativa cuidadosamente diseñada en la que un Vladímir Putin poderoso y magnánimo está convirtiendo Rusia de nuevo en un gran país, pese a las maquinaciones de las potencias extranjeras y sus peones locales.

En un país en el que el 74% de la gente se informa exclusivamente a través de la televisión, la estrategia funciona. Pero la cosa empieza a fallar ante la Generación Youtube: no en vano, el grueso de la oleada de protestas que sacudió Rusia el pasado abril lo componían jóvenes menores de 25 años, menos acostumbrados a sentarse frente a una pantalla convencional en el sofá de sus padres que a navegar en internet y las redes sociales, sobre las que las autoridades rusas no tienen pleno control. No en vano, el video del líder opositor Alexei Navalny sobre la presunta corrupción del primer ministro Dimitri Medvédev ha logrado ya casi 24 millones de visualizaciones. Y eso, obviamente, es algo que no gusta al Gobierno ruso.

Por eso, son altamente significativos los datos del último informe de transparencia de Google, que revelan que el Estado ruso ha solicitado en 2016 la eliminación de más contenidos que todos los demás Gobiernos del mundo juntos, el 85% de las veces por razones de “seguridad nacional”. Y de las 13.200 peticiones recibidas por la compañía estadounidense en todo 2016, casi 12.000 eran videos de YouTube (la suma de todas las solicitudes combinadas de los demás países del mundo apenas supera las 9.000).

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Ciertamente, en muchos casos las peticiones son legítimas: se trata de contenidos que promueven la violencia, la pornografía infantil o el suicidio o son casos casos de difamación. Incluso en el apartado de "seguridad nacional", un gran porcentaje de las solicitudes se refiere a elementos de carácter yihadista, que alientan acciones terroristas en territorio ruso (y cuyo incremento está relacionado con otro fenómeno, el del crecimiento del yihadismo en Rusia y los países vecinos). "Las autoridades parecen querer controlar la creación y la difusión de materiales orientados a la radicalización, el separatismo o el levantamiento civil. Para lograr un control más estricto, las autoridades rusas usan varias herramientas, desde técnicas (como el bloqueo de páginas y proveedores) hasta regulatorias. Las restricciones regulativas al sector de internet se han endurecido dramáticamente en estos últimos años", explica Alex Kokcharov, analista para Rusia de la firma IHS Markit, a la revista Newsweek.

Leyes más restrictivas

Sin embargo, un enorme porcentaje de las peticiones está relacionada con convocatorias de manifestaciones antigubernamentales, que los activistas rusos han descubierto que tienen mucho mayor alcance si son lanzadas en formato video, en plataformas como YouTube. Y con unas elecciones decisivas en el horizonte, las autoridades rusas no están dispuestas a correr riesgos. "Es probable que Rusia siga utilizando una combinación de métodos para mejorar la eficiencia de su estrategia de lograr un control mucho mas férreo del flujo de la información en internet. Probablemente esto se volverá más urgente antes de las elecciones presidenciales de 2018, que tienen el potencial de desatar una frecuencia cada vez mayor de protestas políticas en Moscú y otras ciudades de Rusia", señala Kokcharov.

El viernes pasado, la Duma (el parlamento ruso) aprobó una propuesta de ley que prohibe el uso de plataformas de mensajería anónima, como Telegram, y de VPNs o redes virtuales privadas que enmascaran la identidad digital de los usuarios de internet. Bajo la nueva regulación, los proveedores de servicios estarán obligados a bloquear las páginas que ofrezcan servicios de VPN y otras formas de eludir la censura y la vigilancia en internet. A las aplicaciones de mensajería se les exige que verifiquen la identidad de los usuarios y pongan sus mensajes a disposición de las agencias de seguridad. La ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2018, apenas tres meses antes de las elecciones.

El 18 de julio, la organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch emitió un informe de 83 páginas titulado “En internet y en todos los frentes: el asalto de Rusia a la libertad de expresión”, en el que asegura que estas medidas son un intento de restringir la red como parte de una estrategia más amplia de control de la disidencia. Al mismo tiempo que aumentan las condenas por "expresión del extremismo", se amplía la definición de qué constituye extremismo: críticas al Gobierno por su anexión de Crimea o la defensa de los derechos LGTB, por ejemplo. Y según HRW, entre 2014 y 2016 el 85% de estas condenas lo fueron por contenidos en internet.

"Tenemos docenas de casos donde la gente ha sido literalmente enviada a la cárcel. Eso, por supuesto, tiene su efecto en el nivel y la libertad del debate público y político en las redes sociales", explica Andrei Soldatov, periodista de investigación y coautor del libro "The Red Web: The Struggle Between Russia's Digital Dictators and the New Online Revolutionaries" ["La Red Roja: la lucha entre los dictadores digitales de Rusia y los nuevos revolucionarios de internet"], publicado en 2015. Desde la aparición del trabajo de Soldatov, el pulso en la red entre Gobierno y oposición no ha hecho otra cosa que intensificarse. Y en esta encrucijada clave, el Kremlin parece decidido a no perder la batalla.