La propagación de un virus se produce entre personas y también entre objetos y personas; el evento de contagio es puntual, aunque la exposición reiterada a personas infectadas u objetos contaminados pueda incrementar la carga viral. En una situación ideal, de conocimiento perfecto, en la que pudiéramos saber quiénes son las personas y objetos portadores y su interacción con otros, podríamos hacer un análisis extremadamente preciso de la propagación de la enfermedad y crear cortafuegos de una eficacia inusitada para su erradicación.

Pero el mundo no es así, estamos muy lejos de tener ese grado de conocimiento y más cuando el virus al que nos enfrentamos hace del sigilo su arma más poderosa. Este sigilo se deriva del hecho de que una amplia mayoría de los afectados no presentan síntomas o estos son demasiado leves, de modo que no son objeto de pruebas diagnósticas. En la fase de la pandemia en la que nos encontramos en España, parece muy plausible que haya decenas de enfermos no detectados por cada enfermo considerado como tal en las estadísticas oficiales. En este sentido, recientemente el Imperial College estimaba que en España podría haber del orden de siete millones de personas infectadas, cuando la estadística habla de poco más de 100.000.

Con este grado de propagación de la enfermedad, e incluso si la cifra fuera 10 veces inferior, se corre un gran riesgo de que tras la relajación de las condiciones de confinamiento se reproduzcan nuevos brotes. Si unimos a eso el hecho de que los españoles, de forma similar a lo que sucede con los italianos, tenemos una interacción social mucho más intensa entre la tercera edad y los jóvenes, es fácil aventurar que los rebrotes producirán de nuevo una escalada en los fallecimientos entre las personas mayores, las más vulnerables. Esta situación podría dar lugar a nuevos y sucesivos confinamientos más localizados, que podrían extenderse durante más de un año, pero para que esas medidas se mantengan en una reducida escala local, y no afecten al resto de la sociedad, lo que tendría un elevado coste económico, es imprescindible contar con medios tecnológicos que permitan el conocimiento uno a uno del estado, la actividad y las interacciones de cada ciudadano y muy especialmente de aquellos que puedan estar siendo el origen de un nuevo brote.

Durante las últimas semanas, hemos conocido que el Gobierno iba a hacer uso de la información de geoposicionamiento de los españoles suministrada por los principales operadores de telecomunicaciones. Para preservar la privacidad de sus clientes, las operadoras solo facilitarían información agregada, de colectivos de entre 5.000 y 50.000 personas aproximadamente. Aun así, ha habido una fuerte respuesta social a esta medida e incluso algún partido político ha hecho uso de este anuncio para promover que los ciudadanos dificulten esta labor, que consideran de vigilancia, por parte del Estado.

La realidad es que esta medida adoptada por el Gobierno puede ser discutible, pero no desde la perspectiva de la falta de respeto a los derechos de los ciudadanos, que no es el caso, sino desde la perspectiva de la utilidad. El nivel de detalle que se requiere para poder tomar la iniciativa frente al virus, identificando tempranamente la aparición de nuevos brotes y gestionándolos de modo que su resolución pueda estar circunscrita a un entorno social reducido, requiere de otros instrumentos mucho más precisos, que implican la participación de los ciudadanos de forma no colectiva sino individual.

El enfoque del geoposicionamiento agregado supone querer pintar un cuadro lleno de detalles y matices con brocha gorda en lugar de pincel. De qué nos puede servir a estas alturas conocer el número de madrileños que se han desplazado a Valencia, como se ha publicitado recientemente.

España tenía ya en el año 2000 más de 20 millones de líneas de móvil y la cobertura se había extendido por todo el territorio; no existían en aquel entonces las aplicaciones móviles como hoy las conocemos, ni las redes sociales, pero ya teníamos la capacidad tecnológica para conocer los desplazamientos de toda una sociedad a través de sus teléfonos. Por eso, no es una exageración que digamos que la iniciativa de emplear información aportada por las operadoras a nivel agregado supone restringirse al uso de medios tecnológicos del siglo pasado.

Existen tres niveles para determinar qué es realizable y qué no lo es a través de la tecnología: el ético, que establece unos criterios para determinar qué está bien y qué está mal; el legal, que incorpora los aspectos éticos a través de un conjunto de reglas de obligado cumplimiento, y el mediático, que responde a la comunicación que llega a los ciudadanos y que es tanto más eficaz cuanto más se vincule a aspectos emocionales.

La decisión acerca del tipo de tratamiento tecnológico que requiere nuestra situación actual no puede quedarse en lo emocional y mediático, sino que debe ser fruto de la reflexión y el estricto respeto a principios éticos y legales. No podemos permitir que una opinión pública desinformada a golpe de titular o del interés particular de determinados colectivos condicione lo que podemos hacer, provocando el linchamiento público, antes incluso de su puesta en marcha, de iniciativas que sí pueden darnos el control de la situación.

España no es China, las libertades individuales de nuestros ciudadanos no permiten el nivel de vigilancia ni el uso de sus medias coercitivas; tampoco somos Israel, una democracia expuesta a retos para su seguridad como ninguna otra, por lo que cuenta con sistemas de recopilación de información de su población muy lejos de lo que nos parecería razonable. Tanto en un caso como en el otro, se han desarrollado soluciones tecnológicas para el seguimiento e identificación de personas individualmente, con el consiguiente control sobre las sendas de transmisión que ha seguido el virus, que han demostrado ser muy efectivas. Mención aparte merece la aplaudida iniciativa de Singapur, que permite la identificación por parte del Ministerio de Sanidad de los encuentros cercanos mediante el uso de Bluetooth y un ingenioso sistema de identificadores aleatorios para preservar la identidad de las personas, y que podría encontrar acomodo fácilmente en nuestro marco legal.

El modelo planteado por Singapur es una idea celebrada y eficaz, pero puede mejorarse, y puede hacerse bajo una perspectiva de respeto máximo de todos los preceptos éticos y legales de la Unión Europea. Es mejorable por una sencilla razón, que indicaba al principio del artículo: los virus no solo se transmiten entre personas, lo cual sucede cuando coinciden en tiempo y espacio, también se transmite cuando se queda en la superficie de un objeto, manteniendo su capacidad de infección durante horas. En ese caso, la persona de la que procede el virus y la persona que se contagia a través del objeto pueden coincidir en el espacio, pero no en el tiempo.

La solución planteada por Singapur no es capaz de identificar este fenómeno, y restringe su utilidad, que es mucha, a la contaminación por proximidad entre personas. La tecnología que proponemos combina el empleo del Bluetooth, para registrar los encuentros entre personas, con el uso del GPS, para determinar qué personas han estado durante las últimas horas en los mismos lugares por los que ha pasado un ciudadano, para poder trazar esa otra contaminación de carácter indirecto.

Es también destacable el hecho de que para desarrollar este seguimiento no sería estrictamente necesaria la identificación del ciudadano, bastaría con el uso anónimo y sin registro previo de una 'app' con acceso a información de localización GPS y Bluetooth, que no solo sería útil para las autoridades sino que podría estar dando información muy valiosa al ciudadano acerca de su nivel de exposición al virus en cada momento en función de su actividad, o recomendando cuál es la mejor hora para hacer la compra en el supermercado u otras tareas cotidianas.

Una aplicación de estas características debe contar con el respaldo oficial del Estado para que, utilizando todos los canales de comunicación a su alcance y las garantías que confiere que la información recabada no será cedida en ningún caso a un tercero, pueda alcanzar rápidamente una adopción masiva que multiplique su efectividad.

No basta con la tecnología para salir de esta difícil situación, pero de igual modo que nuestro mundo globalizado y profundamente interconectado ha sido el medio ideal para una propagación de la enfermedad a una velocidad sin precedentes, tenemos la obligación, también moral, de combatir el fuego con el fuego, y el virus biológico con otro virus aún más veloz y poderoso, la información propagada a través de nuestras redes inteligentes.

*Dr. José Luis Flórez. Director de Inteligencia Artificial de Minsait/Indra. Presidente de la Fundación Ethia: Ética e Inteligencia Artificial.