El hombre que huyó de China y cuenta la vida en la dictadura total

Un día, Tahir Hamut Izgil cometió una infracción de tráfico. Se equivocó y giró por una calle prohibida. Unos agentes salieron del lateral, bloquearon su paso y le pidieron el carnet de conducir. Lo que podría haber quedado en una multa, o una reprimenda, fue mucho más allá. Los agentes le exigieron que mostrara su teléfono y que lo desbloqueara, lo conectaron a un aparato y uno de ellos pulsó un icono de la pantalla. El dispositivo se puso a escanear todos los contenidos que contenía su móvil. Si había en él canciones ilegales, frases de libros prohibidos o alguna aplicación considerada subversiva, podía acabar en la cárcel.

Puede parecer la escena de una película de ciencia ficción distópica. Pero tuvo lugar en la realidad. Concretamente, en 2017, en la ciudad de Urumqi, en la provincia de Xingjian, en el noroeste de China. Izgil pertenece a la etnia uigur, que conforma una importante minoría de Xinjjian, y muchos de cuyos miembros son musulmanes y tienen conexiones históricas con repúblicas vecinas de mayoría islámica. En 2009, esa minoría protagonizó disturbios violentos porque consideraba que el Partido Comunista la marginaba laboral, política y culturalmente. Hubo 200 muertos, según el Gobierno de Pekín. En 2014, según este, terroristas uigures que aspiraban a la independencia de su región cometieron un ataque terrorista que coincidió con una visita en la región de Xi Jinping, el secretario general del Partido Comunista. Tres personas fueron asesinadas. La represión de los uigures no era nada nuevo en la historia de la China revolucionaria, pero desde entonces implicó un sistemático control de sus miembros.

Izgil pertenece a la etnia uigur, que conforma una importante minoría de Xingjian, y muchos de cuyos miembros son musulmanes

Vendrán a detenerme a media noche, las memorias de Izgil recién publicadas en castellano por la editorial Libros del Asteroide, son una extraordinaria crónica de la situación de los uigures. Izgil cuenta su propia historia: la de un escritor y cineasta de clase media que, aunque tenía antecedentes porque en el pasado había intentado salir ilegalmente de China para estudiar en Turquía, era, en teoría, un ciudadano normal. Pero durante la década de 2010 fue sometido a un extraordinario acoso que, como cuenta admirablemente, empezó por la mera burocracia. Izgil narra, con un tono neutro que provoca escalofríos, la sumisión de los ciudadanos chinos, y en especial de su minoría, ante el Gobierno. La policía podía requerirte en cualquier momento.

El carnet de identidad estaba permanentemente conectado a internet y, en caso de que un burócrata hubiera registrado en él alguna falta, hacía sonar una alarma cuando el ciudadano cruzaba un control policial. Cualquier trámite administrativo podía requerir declarar las propias creencias religiosas o las conexiones con el extranjero. Había comités vecinales que eran redes de control mutuo. Muchos uigures hablaban por teléfono en clave porque sospechaban que el Gobierno espiaba sus conversaciones. Y muchos, como Izgil, borraban todos los contenidos potencialmente peligrosos de su móvil o su portátil porque sabían que la policía, con una excusa tan anodina como una falta de tráfico, podían revisarlos. En ocasiones, cuando los amigos de Izgil se reunían informalmente en un restaurante, pedían una botella de vino o de licor para mostrar ante la policía, que aparecía con frecuencia en estas reuniones intrascendentes, que bebían alcohol y, por lo tanto, no eran musulmanes creyentes. Izgil lo describe con humor: “Era una situación macabra —dice—, pero absurda”. Reírse ayudaba a sobreponerse.

Izgil cuenta cómo, sobre todo a partir de 2017, cuando el Gobierno chino decidió endurecer la represión contra los uigures, las detenciones masivas se convirtieron en una rutina. “El objetivo de las primeras detenciones fueron los religiosos devotos. Tampoco iba a librarse ningún uigur que hubiera estado en el extranjero”. Pero, como en todos los regímenes autoritarios, en realidad las detenciones eran aleatorias. No hacía falta haber cometido ningún delito para ser enviado a un centro de reeducación. Todo era arbitrario. El objetivo era generar paranoia.

Hablaban en clave porque sospechaban que el Gobierno espiaba sus conversaciones

Vendrán a detenerme a media noche es un libro crudo. Su frialdad es a veces opresiva. Y lo es aún más porque Izgil mezcla la crónica de la realidad política y social de su minoría con la de la vida de su hogar: el de una familia cualquiera, con dos hijas pequeñas, ilusionada por prosperar, que no es radical pero sí íntegra; una familia que en una democracia normal podría tener una vida felizmente anodina.

Se trata de una de las mejores descripciones recientes de un régimen autoritario; en ocasiones, la burocracia implacable que describe —más y más formularios, interrogatorios, controles vecinales— recuerda a Kafka; en otras, a la gran literatura disidente soviética de Aleksandr Solzhenytsin. Todo el mundo puede ser culpable. Pero hasta la culpabilidad es una cuestión de papeleo, sellos y autorizaciones de funcionarios que solo quieren cumplir las normas para no complicarse la vida. Al final del libro, queda un enorme interrogante: Izgil pudo librarse por los pelos de una condena, pero ¿es eso lo máximo a lo que puede aspirar un hombre normal y corriente?

Estas memorias son importantes y estremecedoras. Dicen mucho del régimen de China. Pero van incluso más allá: son una enorme advertencia acerca del poder del Estado total sobre la vida de ciudadanos que solo disponen de su modesto coraje y del puro azar para escurrirse de la maraña burocrática.