El caso Rafa Mir, a estudio: ¿cabe la presunción de inocencia en un estadio?

El fútbol y el deporte en su conjunto es el gran espectáculo del siglo XXI y los atletas, las estrellas. Una industria multimillonaria que depende de deportistas con todos los focos apuntándoles para lo bueno, pero también con sus riesgos.

Hablamos generalmente de personas entre los 18 y 35 años que con dinero y fama entienden que su patio de juego se extiende mucho más allá del campo o la pista. Los futbolistas tienen pesadillas con no ser los favoritos de su entrenador y acabar en el banquillo. Sin embargo, cuando este es el que te enfrenta a una acusación penal, la perspectiva es radicalmente diferente. El último que puede ser convocado al mismo por la jueza del Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria es Rafa Mir, actual delantero del Elche C.F.

Esta semana conocimos dos sucesos que llaman especialmente la atención por su relación. El miércoles 8, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió expediente disciplinario extraordinario por los hechos acontecidos en el estadio de Mendizorroza en el minuto 69 cuando parte del estadio cantaba "Rafa Mir, violador". Este hecho activó el Protocolo Antiviolencia, Racismo y Xenofobia y tuvo el partido detenido durante dos minutos. El mismo día, la jueza que ha instruido el caso dictaba auto de procesamiento contra el jugador del Elche, cedido por el Sevilla, acusándole de un delito de agresión sexual.

Cada vez con más frecuencia, los titulares deportivos conviven con los judiciales. Lo que antes eran anécdotas se ha convertido en un patrón: denuncias, procesamientos, sanciones disciplinarias y juicios mediáticos que obligan a los clubes y a las instituciones deportivas a reaccionar en tiempo real, entre el Derecho y la opinión pública.

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Choque de derecho y derechos

Este caso involucra el ámbito jurídico penal, que afecta directamente al jugador, al ámbito laboral y su relación con el club. Es posible que la entidad deportiva esté valorando qué hacer en esta situación, cómo conjugar la presunción de inocencia con la presión social y reputacional que se desata desde el mismo momento en que se hace pública esta situación, así como el derecho al honor y el ámbito disciplinario que tienen que proteger la Liga y la RFEF.

El caso Mir no es un asunto aislado, es el espejo de un fenómeno más amplio que revela la fragilidad jurídica del deporte profesional y el impacto que los futbolistas tienen en toda la sociedad. Si preguntásemos a Cristiano Ronaldo, probablemente respondiese con su famosa declaración:"Me tienen envidia por ser rico, guapo y un gran jugador". Evidentemente, existe un problema mucho más grande.

El propio astro portugués se enfrentó en 2019 a cargos de este tipo en Las Vegas, Nevada, que fueron desestimados en 2022.

Encontramos casos de todos los calados entre los que, sin ánimo de ser especialmente celoso en la enumeración, podemos encontrar algunos sonados como el de Benjamin Mendy (Manchester City). Tras estar custodiado en una cárcel de máxima seguridad fue absuelto de todos los casos de violación que se le imputaban (hasta siete distintos) y el Manchester City se verá obligado a pagarle más de diez millones de euros por salarios impagados. Caso también notorio el de Mason Greenwood, exjugador del Getafe, cuyos cargos nunca llegaron a prosperar. Otro fue Neymar, acusado en 2019. Pero el proceso acabó con la denunciante acusada de fraude y extorsión. El más reciente fue el caso de Dani Alves, condenado en primera instancia en 2024 por agresión sexual; en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la condena y lo absolvió por insuficiencia probatoria.

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Por supuesto, también encontramos algunos casos notorios que fueron declarados culpables como el del celtista Santi Mina en 2023. O Robinho, con condena firme en Italia en 2022 a nueve años por violación en grupo y actualmente en prisión en Brasil. Si nos salimos por un momento del fútbol, hay que recordar la famosa condena a Mike Tyson por la que entro tres años en prisión.

Los deportistas no son santos, por supuesto. Ni pueden ser tratados de forma diferente o privilegiada frente a la ley por el hecho de tener fama o dinero. Sin embargo, resulta claro que proyectamos en ellos unos estándares como ejemplos de la sociedad, muchas veces pendientes y atentos de tumbarlos del pedestal en que la misma sociedad los ha situado.

El deporte vive instalado en esa paradoja. Las redes sociales amplifican la velocidad del juicio moral, las aficiones claman, rugen, gritan e insultan y los clubes se encuentran atrapados entre el código penal y el código ético al improvisar respuestas que a menudo se contradicen mientras el teléfono suena con los patrocinadores al otro lado de la línea exigiendo reacciones.

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El vacío en los contratos

Algunos optan por suspender al jugador mientras se aclaran los hechos; otros prefieren mantenerlo en activo apelando al principio de inocencia. Ambas posturas pueden ser legítimas, pero pocas veces están respaldadas por protocolos claros o cláusulas contractuales específicas. Y esa falta de previsión jurídica convierte cada caso en un incendio nuevo.

Durante años, los contratos deportivos se diseñaron para regular salarios, primas y derechos de imagen, no para gestionar crisis judiciales o reputacionales. Sin embargo, el deporte profesional se ha vuelto un ecosistema de alto riesgo: un tuit, una denuncia o una filtración pueden alterar el valor de un activo millonario o poner en jaque la imagen de una entidad. Algunos de los alumnos más aventajados de La Fábrica del Real Madrid, como Achraf Hakimi o Raúl Asencio, se tienen que preocupar de no perder la marca del delantero rival mientras vigilan su situación jurídica. Se trata de un clima nada sencillo de gestionar.

La ausencia de previsión, de no establecer cláusulas de conducta claras, de protocolos de suspensión o de políticas de comunicación jurídica, deja a muchos clubes expuestos a dos peligros opuestos: actuar con precipitación y enfrentarse a un despido improcedente. O no actuar y ser señalados como cómplices por inacción. La única solución es contar con expertos desde el principio. Si vas a fichar a un jugador, asegúrate de tener todo atado con un especialista jurídico; si representas a un jugador, asegúrate de tener todo atado con un especialista jurídico. Parece un mantra sencillo, pero que pocas veces se da.

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Como abogado puedo comprender a quienes, cegados por el amor, contraen matrimonio sin aclarar su régimen matrimonial, de custodia de los hijos y otros cientos de cuestiones fácilmente acordables cuando la relación es idílica e imposibles cuando estalla el conflicto. Sin embargo, y pese a la grandilocuencia con la que se presentan a los jugadores cuando son fichados, me cuesta creer que exista la misma ceguera ante problemas que pueden surgir en el futuro (y que estadísticamente, antes o después aparecerán).

La ley no satisface a nadie y acaba resumida en el refranero: "Más vale prevenir que curar". La jurisprudencia laboral española es clara: el despido disciplinario por pérdida de confianza debe basarse en hechos probados, no en sospechas, y siempre respetar la proporcionalidad. Pero en el fútbol, donde los contratos se negocian en cifras astronómicas y la reputación cotiza como una divisa, ese equilibrio resulta cada vez más difícil de mantener. Un jugador bajo investigación penal no solo afecta a la plantilla o al vestuario, sino también a los patrocinadores, a la afición y, sobre todo, a la credibilidad institucional del club.

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La ley no satisface a nadie por su lentitud. Muchos, (entre los que me incluyo hasta cierto punto), podrán explicar que esta velocidad es garantista con los derechos del acusado, pero ciertamente, si bien funciona para el porcentaje mayoritario de los ciudadanos que no abrimos portadas y telediarios, en el deporte genera situaciones de difícil solución.

El asesoramiento jurídico debe integrarse desde el diseño de los contratos hasta el compliance, la estrategia comunicativa y la reputacional. En otras palabras: los clubes necesitan juristas que piensen antes del problema, no después.

El caso Rafa Mir no es una cuestión de culpabilidad o inocencia —eso lo dirán los tribunales—, sino un recordatorio de que el sistema en su conjunto sigue sin saber responder con serenidad y rigor a una crisis judicial. Cada vez que un jugador es imputado se improvisa; cada vez que un cántico traspasa los límites se abre un expediente; cada vez que un caso se convierte en trending topic se convoca una reunión urgente. Todo ello evidencia una falta estructural de cultura jurídica preventiva.

El fútbol ha aprendido a ser profesional en casi todo: en la preparación física, en la gestión financiera, en la tecnología aplicada al rendimiento. Pero aún tiene pendiente serlo en lo más básico: en la gestión legal especializada y la protección de integridad más allá del campo de juego.