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Pensiones. 'Quo vadis?'
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Marcos Eguiguren

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Pensiones. 'Quo vadis?'

En España, damos pasos atrás en la incentivación del ahorro privado para la jubilación aludiendo a incomprensibles razones ideológicas y seguimos apostando por lo de siempre: castigar al erario público

Foto: Manifestación convocada por el movimiento de pensionistas de Bizkaia. (EFE/Javier Zorrilla)
Manifestación convocada por el movimiento de pensionistas de Bizkaia. (EFE/Javier Zorrilla)
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Datos oficiales del presente mes de agosto confirman que el gasto en pensiones contributivas en España ascendió ese mes a 12.039,2 millones de euros, es decir, un 11,8% del PIB. Esas pensiones se reparten entre más de nueve millones de pensionistas.

¿Es ese un buen dato o un mal dato? Pues no sabría decirle, estimado lector. Intentemos, si le parece, buscar un poco más de contexto para añadir claridad.

Según la OCDE, a finales de 2020, ese mismo gasto en pensiones ascendía a un 10,9% del PIB. Observamos, por tanto, que en tan solo dos años y medio hemos asistido a un crecimiento significativo de esa ratio. Además, un informe independiente de la AIReF publicado en marzo de este mismo año, poco después de hacerse efectivas las últimas reformas del Gobierno, apuntaban a un efecto a largo plazo que podría llevar ese dato hasta un 16,3% del PIB en 2049.

Foto: Una pensionista observa un escaparate en Barakaldo. (EFE/Luis Tejido)

Ya sé que aparentemente no tiene nada que ver con las pensiones, pero, si me permite el apunte, le recuerdo que la contribución al PIB del primer sector de la economía española, el turístico, fue en 2022 de un 12,2%.

Ahora tal vez sí podamos llegar a una primera conclusión. Dejando aparte tecnicismos y opiniones particulares sobre las diferentes fuentes utilizadas, podríamos concluir sin temor a equivocarnos que en este país ya estamos gastando anualmente casi lo mismo en pensiones públicas contributivas que lo que produce la totalidad de uno de los principales sectores de actividad de la economía nacional, y que ese gasto público en pensiones va a ir a más. Además, todo parece indicar que las contribuciones directas de los trabajadores con las que supuestamente se financian esas pensiones no van a poder soportar ese incremento del gasto, por lo que el mismo solo se podrá abordar por la vía de una mayor presión fiscal o por la de recortar en otras partidas del presupuesto público. ¡Verde y con asas! Si encontrara un emoticono de alguien rascándose la cabeza, perplejo, créame que lo utilizaría ahora.

Foto: Los candidatos del PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. (Reuters/Juan Medina)

Le dirán nuestros gobernantes que no pasa nada, que en unos años se diluirá este efecto que ha sido provocado por la jubilación de la generación de los boomers, o que nuestros datos son totalmente asimilables a los de otros países de nuestro entorno, que no hay de qué preocuparse porque la sostenibilidad del sistema de pensiones está garantizada por ley, y otras muchas cosas. Como si un trozo de papel pudiera garantizarlo todo, o que el hecho de que el vecino esté igual de mal que tú —mal de muchos, consuelo de tontos— lo justificara todo. Lo cierto es que cuando me rasco la cabeza ante un dilema, tiendo a ser descreído. No sé si le pasa a usted también.

Ese descreimiento se acrecienta si a uno le da por consultar qué indicaban las pirámides poblacionales del país hace la friolera de 33 años, en 1990. No le aburriré con más datos, se lo resumo: tasa de natalidad muy baja, esperanza de vida muy alta, porcentaje de personas de más de 65 años en crecimiento, porcentaje de personas de menos de 19 años en decrecimiento, ¿hace falta que siga?, ¿le suena?

Foto: Manifestación de pensionistas en Barcelona. (EFE/Marta Pérez)

¿Alguien ha hecho algo significativo para modificar significativamente el sistema en las últimas tres décadas y hacerlo de forma que no se lesionaran los derechos adquiridos de las diversas generaciones afectadas? Sin duda parece que no; aquí parece que llevamos décadas más ocupados con ósculos robados o con cualquier otro menester, según sea la moda del momento, que con problemas mayúsculos de estabilidad de los pilares del estado de bienestar. Tres, cuatro décadas. Eso es mucho tiempo para poder diseñar, pactar e implementar una reforma de verdad del sistema de pensiones, pero es el tiempo que se necesita. Prácticamente, requieres de una generación completa para darle la vuelta a un modelo que duró mientras duró, pero que ahora es obsoleto y no solo es de dudosa sostenibilidad desde el punto de vista financiero, sino que puede ser moralmente reprobable.

Me explicaré, pero primero permítame que sí que haga una comparación con un país de nuestro entorno, los Países Bajos, sin duda uno de los más justos y sólidos modelos de pensiones del mundo. El informe Mercer CFA Institute de 2021, que compara los sistemas de pensiones de los principales países (medidos en términos de adecuación del sistema a la sociedad, sostenibilidad e integridad del mismo), otorga a los Países Bajos una puntuación muy alta, de 83,5 sobre 100 (82,3 en adecuación, 81,6 en sostenibilidad y 87,9 en integridad). El mismo informe otorga a España una puntuación de 58,6 (72,9 en adecuación, 28,1 en sostenibilidad y 78,3 en integridad). Además, por añadir otro dato, la tasa de reemplazo de las pensiones (porcentaje, en término medio, que supone la pensión pública en un país determinado comparado con el último salario cobrado) es de un 89,2% en Holanda contra un 80,3% en España. No está nada mal en ninguno de los dos casos.

Foto: David Castiñeiras, de 92 años, un abuelo metido a 'tiktoker' (EFE/Lavandeira Jr.)

Sin embargo, cuando uno consulta cifras de la OCDE sobre el gasto en pensiones en los Países Bajos comparados con el caso español, nos encontramos con que, frente al consabido 11 y pico por ciento sobre PIB de España, Holanda nos muestra un raquítico 5% (cifras de 2019). ¿Cómo es eso posible? Muy sencillo, con sistemas públicos de pensiones muy diferentes al nuestro, con una combinación de tres pilares: una pensión pública relativamente menor a la española y basada en la contribución real del asegurado a lo largo de los años, un sistema de ahorro colectivo cuasi obligatorio para los empleados en activo, muy bien trenzado y gestionado por empresas privadas con tutela pública, y, por último, una clara política de incentivación del ahorro privado para la jubilación.

Mientras tanto, en España damos pasos atrás en la incentivación del ahorro privado para la jubilación aludiendo a incomprensibles razones ideológicas, nos cuesta Dios y ayuda crear un sistema de planes de pensiones de empleo que funcionen y que lleguen a todos —será por el marasmo burocrático en que tan a gusto vive este país— y seguimos apostando por lo de siempre, castigar al erario público a sabiendas de que estamos cargando sobre las nuevas generaciones una carga que no deberían tener que asumir, por lo menos no a ese nivel, dada la previsible evolución demográfica de Europa en las próximas décadas.

Foto: Mayores de 65 años. (iStock)

Un sistema de las actuales características y con el contrato social implícito que sigue rigiendo sobre el papel es de dudosa catadura moral porque, con la excusa de proteger al ciudadano, no le incentiva a que haga suyo el deber individual de prepararse para el momento en que deje la vida profesional activa. Un modelo de pensiones como el español ha desincentivado culturalmente el ahorro a largo plazo y ha motivado que muchas familias lleguen a la edad de jubilación sin más ahorro, en el mejor de los casos, que una vivienda en propiedad.

Se requiere de una generación entera para hacer esos profundos cambios. Ya hemos perdido uno de los trenes, el que pasó hace 30 años. ¿Podemos permitirnos el lujo de perder el próximo tren?

Datos oficiales del presente mes de agosto confirman que el gasto en pensiones contributivas en España ascendió ese mes a 12.039,2 millones de euros, es decir, un 11,8% del PIB. Esas pensiones se reparten entre más de nueve millones de pensionistas.

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