Telefónica y la ministra

En los últimos días, multitud de economistas y opinadores se han lanzado en tropel a desmenuzar la toma de participación de hasta un 9,9% de Telefónica por parte de capital saudí. Lógicamente, también me asaltó la tentación de liarme la manta a la cabeza y decir la mía sobre este particular. Sin embargo, no encontraba la motivación para sentarme a escribir sobre un caso que, a mi juicio, no merece tantos ríos de tinta. Estamos, gracias a Dios y mal que les pese a algunos, en un sistema de mercado libre, Telefónica es una empresa cotizada y existen una infinidad de normas y filtros que aplican a una toma de participación de esta dimensión y enjundia en una empresa como la que nos ocupa. Que se apliquen esas normas, se lleve a cabo la operación con las cautelas necesarias, y aquí paz y después gloria. En el asunto de la toma de participación en Telefónica, no me parecía que yo tuviera mucho que aportar que no hubiera sido dicho ya.

Sin embargo, continué buceando sobre el tema y mira por dónde me encuentro con una joya impagable, que ha pasado un tanto desapercibida para la opinión pública, en forma de declaraciones de una ministra del actual Gobierno en funciones —de un ramo, por cierto, que poco tiene que ver con los asuntos económicos— en las que nos recuerda que el credo económico del partido en el que milita defiende que el Estado debe invertir directamente en sectores clave y que, por tanto, en el caso que nos ocupa, la SEPI podría haber invertido en hasta un 10% en Telefónica y, de esta forma, ahora no tendríamos que afrontar el problema de que el capital saudí se interese por esa empresa. ¡Como si ese hecho fuera per se intrínsecamente nocivo! Evidentemente, la posición de la susodicha ministra fue convenientemente jaleada por otros miembros de su conglomerado político dentro y fuera del Gobierno.

Opinión

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A pesar de ser un firme defensor del libre mercado, puedo entender que en inversiones importantes en empresas especialmente sensibles que pretendan ser realizadas por ciertos operadores internacionales existan prevenciones que se deban tomar y que se deba estar razonablemente seguro de la honestidad a largo plazo de las intenciones de ese nuevo accionista. Esa honestidad de los nuevos inversores es de importancia para los accionistas de la compañía y para su consejo de administración y, si además la compañía tiene un perfil estratégico, esa honestidad en las intenciones puede ser relevante más allá del efecto en el núcleo duro de accionistas.

En el caso que nos ocupa, a mí no me quita mucho el sueño que hablemos de una empresa saudí o de donde sea. Lo que hay que comprobar es que, dado que la misma está participada mayoritariamente por un fondo soberano, puede estar sujeta al control del Estado saudí y, por lo tanto, no ser verdaderamente independiente y con estrategia y agendas no únicamente derivadas de una posición de mejora de su competitividad en el mercado global. Por tanto, mi posible preocupación, si existiera, no se basa tanto en la nacionalidad del nuevo inversor como en el hecho de que el mismo está sujeto a una posición de dominio del sector público de su país.

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Curiosamente, nuestra ministra parece querer defenderse de una inversión foránea, protagonizada por un actor dominado en última instancia por el Estado de un tercer país, mediante participaciones públicas preventivas del Estado español. Al menos, es lo que me pareció entender ¿Cree usted, querida ministra, que para defender la españolidad (o la europeidad, o el cumplimiento de la legalidad, o lo que usted prefiera) de una empresa clave la mejor solución es tomar un montón de dinero del erario público e invertirlo en acciones de la misma? ¿Es el papel del Estado invertir en actividad productiva, secuestrando el papel de la iniciativa privada? En cualquier caso, ¿qué aportaría el Estado como nuevo accionista a la estrategia y al futuro a largo plazo de esa compañía? ¿Sería un socio industrial o tecnológico? ¿Un partner para penetrar en nuevos mercados? ¿Teme usted por los datos de los clientes de Telefónica? Ya existe un complejo marco legal al respecto, existen normas de buen gobierno corporativo y maneras de hacer que se cumplan. ¿Necesita usted más?

La verdad es que no se me ocurre, ni en este ni en ningún sector, qué valor podría aportar el Estado como accionista en empresas de cierta relevancia.

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¿Sabe, señora ministra, qué aportaría esa participación del Estado en esta o en cualquier otra empresa privada en sectores clave? Riesgos. El riesgo a largo plazo de que ante situaciones adversas del mercado, el sector público tuviera que verse envuelto en operaciones de salvamento al ser un accionista de referencia, o el principal accionista, y parte del núcleo duro de la propiedad, y el riesgo de que el ADN de lo público, desde la influencia en el consejo de administración, impregnara la compañía objeto de la inversión, empeorando su cultura de servicio y acelerando su transición hacia una situación de monopolio que es justo lo que un Estado debería intentar evitar en cualquier actividad económica. El Estado ya tiene el monopolio del uso de la violencia, de la administración de lo común, de la creación de marcos jurídicos y de la prestación de muchos servicios, tal vez demasiados. El Estado ya es en sí un monopolio al que le cuesta mejorar, al no estar expuesto a formas distintas de ver y hacer las cosas. No permitamos que el Estado tome de nuevo participaciones en empresas privadas. Cualquiera que sea la excusa para hacerlo, seguro que hay otras formas de abordar el problema.

Querida ministra, le pierde a usted la ideología. Una de las mejores formas de tener una economía más próspera en una sociedad más libre y con más oportunidades para que los ciudadanos puedan elevar su nivel de vida, aspirando así a una mayor igualdad social (en lugar de recurrir obsesivamente a los decretos-leyes y al ventilador de dinero público, dinero de todos), es luchar contra los monopolios privados o públicos.

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¿Quiere usted luchar contra la inflación? Favorezca la competencia. ¿Quiere usted tener precios dignos para la vivienda? Favorezca la competencia. ¿Quiere usted favorecer el talento nacional? Favorezca la competencia. ¿Quiere usted promover determinadas actividades económicas? Favorezca la competencia. ¿Quiere usted que mejoren los salarios medios? Impulse determinados sectores y favorezca la competencia. ¿Quiere usted que la banca acelere la vuelta a la retribución de los depósitos? Que haya más entidades serias y favorezca la competencia…

Tal vez tengamos que volver a las urnas en pocos meses. Creo que el votante, más allá de los juegos de artificio a los que estamos asistiendo en estas ruedas de investidura, debería analizar el pensamiento económico y de respeto a la libertad que ofrecen los diferentes partidos. El voto es algo muy serio. Si me ciño en este caso al partido de nuestra ilustre ministra, solo veo una visión colectivista de la sociedad y un encubierto desprecio por la verdadera libertad ciudadana. Todo ello, eso sí, amparado por los objetivos más buenistas que pueda usted imaginar. Usted decide, querido lector, pero recuerde que, a lo largo de la historia reciente, ciertos experimentos no han funcionado demasiado bien.