¿Quién y por qué ha desenchufado a Endesa del gran lobby patrio?

La semana que ahora acaba comenzó por todo lo alto, con la puesta de largo de lo que se ha dado en llamar llamado “Consejo Empresarial para la Competitividad”. Un grupo de presión con excelentes intenciones que, hartos de la incongruencia e incompetencia de nuestros políticos, ha decidido coger el toro por los cuernos. Un arrebato de independencia que llega con cierto retraso -tres años después de que estallara la crisis y con cinco millones de personas sin trabajo- y con cierto toque oportunista, a sabiendas de que al Gobierno actual le quedan dos telediarios y la carta de ajuste.

La presentación fue un ejercicio de perfecto marketing a la americana. Se celebró en el gran auditorio de la sede de Telefónica, con panel gigantesco de pared a pared, con logo del invento incluido, y foto oficial al estilo reunión semestral de la Comisión Europea o anual del Fondo Monetario Internacional. Una imagen medida en todos los detalles, con César Alierta en el centro, como anfitrión, arropado a derecha por Emilio Botín, Isidoro Álvarez, Antonio Brufau y Florentino Pérez, y a izquierda por Isidro Fainé, Francisco González e Ignacio Sánchez Galán.  Empresarios todos que han hecho sus deberes, que se han internacionalizado en la mayoría de los casos y que han creado multinacionales que no se merecen el trato de unos inversores decididos a poner en la diana cualquier cosa que huela a España, ello a cuenta de la ineptitud de nuestros gobernantes.

Sin embargo, como destapó este medio el martes, la iniciativa ha arrancado con polémica, con un muy mal sabor de boca y con un enfado monumental por el llamado “derecho de admisión”. Parece ser que los FCC, OHL, Indra, Sacyr y otros tantos grupos no cotizados de mucho peso –Caja Madrid, Bergé, etc.- no cumplen los requisitos para formar parte de tan selecto club que, como recordó Alierta, debe ser pequeño -17 compañías ni más ni menos- si quiere ser eficiente.

Entre los nombres señalados en rojo destaca el de Endesa, una de las diez mayores corporaciones de España, con sede social en Madrid, 11.500 empleados sobre la piel de toro y un beneficio de más de 4.100 millones de euros, que pasa por las horcas caudinas del Fisco español. El argumento utilizado para dejar fuera a la eléctrica es que su máximo accionista es la empresa pública italiana Enel, grupo, a juicio de los responsables del lobby, poco o nada interesado en la defensa de los intereses patrios.