El alto precio de la REAL corrupción española en Wall Street

Ana Rosa Quintana, con ese colmillo periodístico cortesano que le caracteriza, le preguntaba esta semana a un compañero si su medio de comunicación, que ha publicado importantes revelaciones sobre el caso de Urdargarín, el de Barcenas, el de Puyol y el de la herencia del papá del Rey tenía alguna campaña de acoso informativo contra la Casa Real u otras instituciones por algún motivo espurio.

Evidentemente, el redactor de investigación respondió que su única campaña era denunciar los abusos, excesos, delitos y otras fechorías de los responsables de la res pública, cuya gestión ha generado un hedor que llega allende los mares. Porque, aunque los españoles nos hemos acostumbrado a desayunar con la pestilencia de la corrupción, merecida en parte por seguir como ganado a alcaldes, concejales, diputados, presidentes y reyes del casino, el menú diario de los escándalos tiene un precio muy alto. Más bien, un coste muy elevado que este país no se puede permitir.

Mientras se imputaba a la Infanta Cristina, se sacaban del colchón las comisiones onerosas de un sindicalista y se sabía que el que fuera presidente del Gobierno José María Aznar daba mal ejemplo al ciudadano al no pagar sus deportivos vicios, varios representantes de fondos internacionales se paseaban por España para comprar activos a bajos precios. Pero su gran preocupación era saber si nuestro país tenía una estabilidad mínima para dar por seguro que su inversión no correría peligro por cuestiones ajenas a la evolución lógica de los números.

Un representante con base entre Madrid y Londres de uno de estos vehículos con más de 5.000 millones para colocar en países serios contaba que en su última visita a su sede central en Nueva York había dedicado el 90% del tiempo a explicar que, en su opinión, Mariano Rajoy no se vería obligado a dimitir y a convocar elecciones anticipadas por demostrarse que estaba manchado por el negro del dinero. Esa era la primera condición para decidir si ponían dinero en la Península Ibérica o si lo destinaban a otro mercado más convincente. Grandes fondos americanos congelan sus inversiones por el temor a que la corrupción se lleve por delante la debil estabilidad política

Se trata de la gran percepción de los gestores de grandes patrimonios sobre España, que no entienden porque entre todos los partidos, con sus medios a sueldo, intentan cada día empujar las boñigas al campo del contrario, sin ser capaces, por el bien de la comunidad, de proponer un acuerdo de mínimos para limpiar juntos las cañerías del reino. El resultado es que muchos bancos internacionales, como JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, o Citi, llevan meses impidiendo que sus directivos en España den un crédito a empresas de primer nivel, incluidas varias de las primeras del Ibex 35.

Cuesta creerlo, pero fuera de España los avales de entidades como BBVA, Banco Santander, Caixabank o Banco Popular no son aceptados cuando empresas como Iberdrola o Telefónica los presentan como garantías de pagos en transacciones comerciales o corporativas. Es, además de la mala gestión del riesgo de varios bancos y empresas, el precio que se paga por ser o estar en un país corrupto, de dudosa credibilidad, preocupado por defender una historia llamada Marca España, mancillada por los mismos que ahora van a Londres en plan salvapatrias.

Porque a los inversores no les agrada ver que Endesa, Repsol, ACS, Iberdrola, Gas Natural dan cobijo a políticos sin experiencia empresarial como pago por los favores recibidos. Que contraten a imputados cuyo mérito ha sido quebrar un banco o haber dirigido el Ministerio de Interior, una tarea muy loable pero poco relacionada con la actividad de una eléctrica. Que se tenga que pasar por caja para conseguir un contrato público. La falta de credibilidad es tal que los avales de grandes bancos españoles son rechazados en operaciones corporativas internacionales

Y tampoco entienden la contradicción de que España va a salir de la crisis en los próximos trimestres y que al mismo tiempo estén llevando a cabo masivos expedientes de regulación de empleo (ERE) si la economía va a ir tan bien como dicen. Ahí está ese Foro de la Competitividad donde se juntan unos optimistas y voluntariosos presidentes de grupos como Telefónica, Caixabank Santander o Acciona que actualmente están despidiendo a miles de personas pese a que a los inversores les están contando que el PIB va a empezar a crecer en el tercer trimestre. O una cosa, o la contraria, pero un mensaje tan incoherente solo les desprestigia ante cualquier inversor.  

Calcular el coste de toda esta putrefacción nacional, producto de los cohechos, de los sobornos, del trinque patrio, es prácticamente imposible. Pero se intuye que es mucho porque de lo contrario algunos de los mayores inversores del mundo no se jactarían de asegurar a sus accionistas de que apenas tienen dinero en España o que han cerrado a la carrera sus posiciones en nuestro país. Es, como ocurría siglos atrás con la peste, una casa donde no se debe entrar.

A cualquiera le gustar pensar, por el bien de las próximas generaciones, que España es un país con un futuro esperanzador. Ajustado a nuestras posibilidades, a su depauperada industria, a sus escasos avances tecnológicos, a su escueta inversión en I+D. Pero sano, honesto, limpio, con un sistema justo de oportunidades, de méritos.  Con sus ingenieros de primera, sus atrevidos médicos y sus arriesgados emprendedores. Que huela bien. Y en esa labor de saneamiento, los primeros que tienen que coger la escoba son los que han ensuciado la casa de todos. 

De lo contrario se llevarán escobazos de una sociedad que ha aceptado con gran sentido ciudadano apretarse el cinturón y sacudirse los bolsillos. Creer, como dijo el ministro de Exteriores que la imputación de la hija del Rey, hace daño a la Marca España es tan cierto como falso. A nuestro hermoso país el perjuicio mortal se lo han causado los incriminados y sus cómplices.

Sean felices