Almacenamiento Castor: temblor o pelotazo

La temblorina es lo de menos. La faltriquera es lo primero. Siempre y cuando el roto se deslice hacia el lugar adecuado, lejos del pagano ciudadano, con el fin de llenar las fauces pecuniarias del esférico futbolero vaciando las del primero.

Habitamos la España eterna que gira sin descanso por los goznes oxidados que hacen rechinar descaradamente las puertas giratorias que conducen a demasiados gobernantes hacia el amiguismo, el nepotismo y la corrupción. ¿Es este un caso más? Empecemos por la parte escabrosa del culebrón. El tembleque geológico vendrá después. 

Introducción sangrante

La entrada en la Unión Europea impuso la demolición de añejos monopolios. Estos, a pesar de la mala fama que la palabreja llevaba aparejada, fueron buenos para España dadas las circunstancias históricas y el control estricto del suministro que unas pocas compañías internacionales ostentaron durante décadas.

El monopolio petrolero español fue ejemplar y único. Dio en los morros a aquellos que pretendieron cobrar más de la cuenta y acogotar el bolsillo del pueblo. La legendaria CAMPSA se creó durante la dictablanda del general Primo de Rivera. Hubo razones muy poderosas para hacerlo. Por una vez se impuso el interés general. Los ciudadanos se beneficiaron de ello durante décadas. La denostada URSS corrió en ayuda nuestra. Nos liberó del asfixiante bloqueo al que nos sometió el contubernio petrolero de entonces, mundial para más señas, controlado a pachas por el Tío Sam y el decadente Imperio.

Es apasionante historia, desconocida e incongruente, que escapa a toda lógica ortodoxa. Que demuestra que hubo una vez en España políticos menos torpes y más preparados, abiertos a encontrar soluciones cualesquiera que fuese su religión económica y sus intereses personales.

Los tiempos cambiaron. Llegó la libre competencia, la ilusión de modernidad, el fundamentalismo de mercado, los márgenes escandalosos, los beneficios obscenos, la ley del más amiguete, la incompetencia institucionalizada. Nombrando por sistema al acólito en vez de al buen profesional. Y eso que salíamos de otra dictadura algo más dura además de franquista aunque, duela decirlo, mejor gestionada en cuestiones energéticas. La triste realidad es que, treinta años después, estamos bastante peor que entonces vistos los antecedentes presentes.

Suministrar energía no es lo mismo que vender trapos ni replicar franquicias que venden pizzas o despachar longanizas. Las sutiles diferencias no aparecen en los libros de economía, ni en el manual económico del perfecto depredador, ni se enseñan en ningún anticuado MBA de postín y precios de escándalo.

Tal ciencia basta y fútil, que no inocua, bastante daño hace a este planeta y sus habitantes, es incapaz de captar matices ni palpar sutilezas. Como las que este planeta contaminado implora inútilmente abordar, para no tener que aplicar la cláusula de rencor al ser humano, el día que envíe al garete este atisbo de civilización tecnológica cada vez más desbocada, exponencial y loca.

La competencia que supuestamente disfrutamos en los campos de la energía o de las telecomunicaciones, por ejemplo, no es más que burdo paripé. Onerosa ilusión de modernidad que nos sale más cara cada día que pasa. En UK andan mosqueados. El gas se ha incrementado allí este mes casi un 10%. Aquí da igual. Parece que sigue sobrando el dinero.

La eficiencia económica del sistema energético español empeora a marchas forzadas. La operativa no es mala. La ingeniería ha cumplido. A pesar de ello, el coste energético se incrementa con cada cafrada regulatoria, sea solar térmica o fotovoltaica, propulsada a gas o soplando.

Da igual quien gobierne: déficit de tarifa, primas obscenas, regulación a la carta, concesiones a dedo, regalo de las mejores gasolineras a tres privilegiados a costa del sufrido ciudadano, una liberalización que se ha quedado en costoso amago,... El sobreprecio está más que justificado.

Cosas que pasan por poner aficionados al frente de la política energética española. A ignorantes a cargo de la regulación de los oligopolios que han fomentado activamente. A políticos mendaces, por no soltar aullidos malsonantes, que son recompensados por los servicios prestados con una bien ganada jubilación en aquellas empresas a las que previamente beneficiaron sin ningún pudor.

Felipe, José María, Eduardo, Ángel, Elena, Narcís,… hasta el ínclito consorte ducal. Una desgracia recurrente y onerosa que debería ser ilegal. Por cada euro que se embolsan con sus consejos y 'asesorías' se desaguan paletadas de millones por el retrete a causa de sus decisiones pasadas y trapicheos ocultos que se resisten a salir a la luz hasta que la tierra tiembla o el bolsillo escuece. Lástima de periodismo de investigación que no hay. ¿Quién será el siguiente en abrevar?

Legislación y trapicheo

El petróleo y el gas son regulados en España mediante la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos. El negocio del gas lo estruja el Real Decreto 949/2001. Su almacenamiento lo afina la delirante Orden ITC/3995/2006. Y la concesión Castor es graciosamente ofrendada por la cara mediante el solemne Real Decreto 855/2008.

El artículo 14 del Real Decreto concesional es para enmarcar:

“En caso de caducidad o extinción de la concesión, las instalaciones revertirán al Estado. En tal caso, y para asegurar la recuperación de la inversión realizada por los titulares,… se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo siempre que estas continúen operativas. Lo anterior no será de aplicación en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, en cuyo caso la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria”.

Si el almacenamiento no entra en servicio el valor residual será el total de la inversión efectuada. Aunque falle o cause dolo el concesionario, o haya sido incompetente, el Estado inevitablemente pagará el íntegro al mal llamado empresario. ¿No quedamos en que este era un régimen capitalista donde riesgo y fracaso eran parte asumida del juego?

El artículo 3.1 de la Orden ITC/3995/2006 establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas: “La inversión reconocida en cada almacenamiento subterráneo de la red básica será la realmente realizada para la explotación del mismo… y deberá acreditarse con la correspondiente auditoría”.

El que paga manda, llámese Pescanova o Caja Madrid. En eso consiste una auditoría, técnica o económica, en este país. Tal disposición fomenta el exceso de inversión. Cualquier gasto en que incurra el concesionario será reconocido a la postre. Esta orden no garantiza ningún buen hacer, todo lo contrario. Fomenta el derroche al no introducir ningún mecanismo de control de la eficiencia y del gasto superfluo. Cuanto más elevada sea la inversión, más ganará. Ya tendrá tiempo de desembarazarse del riesgo, como veremos en un momento.

La guinda financiera, apoteosis del pelotazo patrio, lo pone el artículo 2.2 de la Orden ITC/3995/2006.

“Tasa financiera de retribución. Se corresponderá con el valor de las Obligaciones del Estado a 10 años más 350 puntos básicos en el momento del reconocimiento de la inversión y se mantendrá durante toda la vida útil de la instalación. Se tomará como valor de las Obligaciones del Estado a 10 años la media de los últimos 24 meses disponibles en el momento de la obtención del acta de puesta en servicio”.

El beneficiario de este billete de lotería marcado sólo tiene que emitir bonos en el momento adecuado para asegurarse un retorno sin riesgo, traspasando este íntegramente a los bonistas. Pagan los primos, aunque uno de ellos sea el Banco Europeo de Inversiones. El concesionario se queda con la diferencia de tipos de interés durante los próximos 21,5 años sin haber arriesgado nada. Caja casta, impura, limpia de polvo y paja. ¿Quién ha evaluado el riesgo real del bonista?

El diario Expansión publicó el otro día que el concesionario acaba de emitir bonos por valor de 1.400 millones de euros al 5,75% de interés por tal período. Reduce así su riesgo a cero, en teoría, si el Gobierno no utiliza algo de perspicacia. Embolsándose cada año cerca de 40 millones de euros, la diferencia de tipos de interés pactados, por no hacer nada. La jugada ha salido genial.

De mayor quiero un negocio así. No he tenido más remedio que trabajarme a fondo los que he montado. Afortunadamente, mi competencia siempre ha dejado mucho que desear. Sigue dando pena cuando le impiden dictar al oído el articulado del BOE y le toca competir a las bravas, cosa que es incapaz de hacer sin utilizar feas argucias ni meter la pata de manera sucia y artes mezquinas.

Uno de tales menesterosos acaba de paralizar una refinería por incompetencia manifiesta y manifiesta incapacidad gerencial con largas décadas a cuestas de gestión reactiva y succión exagerada de beneficios inmerecidos a costa de los sufridos canarios. Se veía venir.

¿Cuántos trabajadores inocentes acabarán yendo a la calle? ¿No deberían los árabes calzarse un turbante en vez de una boina y poner a los responsables en la ídem, mandándolos de vuelta a Chimichurri o a cualquier otro barrio residencial de connotaciones caducas que una vez fueron industriales a la par que gloriosas?

Ingeniería e incertidumbre

La parte técnica de cualquier asunto ingenieril estaba hasta ahora en buenas manos. Roguemos para que resuelva con presteza y profesionalidad, vista la escabechina perpetrada por Bolonia, y el negro panorama que espera a la otrora excelente ingeniería española, si se aprueba tal como está el Proyecto de Ley de Colegios Profesionales.

Los talibanes desbocados del Ministerio de Economía y Competitividad están empeñados en destruir lo poco de calidad que quedaba en España: la buena ingeniería. Uno de los pocos caladeros de empleo recurrente y estable que resistían y que proporcionaban prestigio fuera y sueldos dentro.

Mi beneficio de la duda en el caso Castor está de momento con la opinión de varios expertos que he escuchado. Creen que tal almacenamiento podría comenzar a operar con casi total normalidad una vez la evaluación técnica finalice y los temblores se amortigüen, aunque puede que nunca desaparezcan del todo. Siempre quedarán secuelas. ¡Es la Tierra, coño!

Se sabía desde el principio que habría pequeños terremotos en tal lugar. Esto es ingeniería, no religión, aunque sea económica. Las entrañas actúan a su libre albedrío, a pesar de la teoría económica, que por eso nada tiene que ver con la economía real. No hay ingeniero ni sabio nobelado que pueda controlar más que estimar, apenas auscultar sus latidos a través de las falibles herramientas de las que dispone, que jamás serán perfectas, al ser terrenales y humanas.

La falla Amposta sobre la que se asienta el Castor es vieja conocida. Ha sido estudiada mediante las técnicas más modernas. En contra de lo que se ha dicho, parece que el yacimiento no tiene fugas. Todo lo contrario. Si las tuviera el gas se escaparía, haría disminuir la presión del yacimiento. No habría terremotos o serían inapreciables.

Parece que el yacimiento sigue razonablemente sellado y robusto. Otra cosa es su alrededor. Esto no es en sí malo si los riesgos están evaluados y los márgenes de operación son los adecuados. Parece que lo son, según expertos franceses solventes.

Se sabía que la operación del Castor produciría pequeños terremotos. Se esperaban. Ha pasado más veces en otros lugares y hay experiencias previas. Se hicieron los estudios correspondientes. Ha surgido últimamente alguna teoría diferente sobre las causas. Se está estudiando. Algunos expertos independientes sugieren que no pondrá en peligro las viviendas de las poblaciones cercanas. No sería descabellado pensar que el almacenamiento podría operar sin riesgos apreciables una vez se complete el llenado.

Yo no lo sé. Mi prudencia me impide decantarme de momento por nada ya que el asunto está sub iudice y mi pobre sabiduría es limitada: no soy tertuliano ni tengo púlpito exageradamente mediático en el New York Times. Las investigaciones lo manifestarán.

La diarrea de políticos y ciudadanos se deberá en el ínterin atenuar, evitando que esto se convierta en otro costoso y aberrante Prestige más, para que el Gobierno pueda tomar la decisión más acertada. Los edificios de las poblaciones cercanas dicen no se verán afectados y que todo podría quedarse en un susto y algún desasosiego.

Su autorización sería un alivio para las arcas públicas y el pagano ciudadano, a pesar de las draconianas disposiciones narradas, si el Gobierno se decide a utilizar todas las armas a su disposición con el fin de desmontar el escabroso dispendio.

Si finalmente comienza a operar, la tarifa a repercutir será desproporcionada por lo reducido del almacenamiento y las absurdas estipulaciones legales. Deberá ser pagada, en teoría, por los operadores y repercutido en el precio del gas que escocerá todavía más. No es algo inevitable.

El almacenamiento en cuestión produjo algo más de 80 millones de barriles de petróleo durante los años 70 y 80 del siglo pasado. Aunque parezca mucho, es apenas el equivalente al cargamento de 40 superpetroleros estándar de gran tamaño, apenas el suministro de crudo durante un año a una refinería como la de Bilbao. Una minucia que jamás debió ser aprobada por cuestiones económicas teniendo en cuenta la centenaria inversión que se barajaba, convertida en milmillonaria por arte de birlibirloque. El almacenamiento útil es muy inferior a causa del necesario gas colchón.

El sistema gasístico español permite mantener reservas de almacenamiento menores que el resto de los países europeos a causa de su particularidad geográfica y la calidad de sus instalaciones. Si Putin se cabrea, como suele ser habitual a la vuelta de cada Navidad, Alemania se constipa porque depende de él y sus maquiavelismos absolutistas.

Nosotros no. El abastecimiento en España está mucho más diversificado, por tubo y por barco. Una buena gestión, a pesar de la ineficacia de los oligopolios patrios, permitiría que las necesidades reales de almacenamiento fuesen muy inferiores en la práctica a las de Francia o Alemania, por ejemplo.

La obtusa legislación europea debería tener en cuenta tales circunstancias, evitando el mismo café para toda Europa, si no es necesario. De tal manera que si el almacenamiento Castor sobrepasase los niveles de precios de mercado no fuese obligatorio contratarlo por los operadores. Se quedaría fuera del negocio por falta de clientes, como la coyuntura liberal manda, por no haber controlado los costes ni haber sido eficientes.

Es este otro demoledor ejemplo de regulación desproporcionada para beneficiar al compinche de turno y amortizar el palco. Donde una de las partes gana siempre, aunque lo haga de manera incompetente. El riesgo y la abultada cuenta correrán a cargo del sufrido ciudadano, para variar. Puede que sea legal. Que cada cual juzgue si es ético.

¿Quién paga a los que parieron tal legislación? ¿No hay responsabilidades políticas? ¿Y comisión parlamentaria de investigación aunque sea de coña y ficticia? Lástima de neodemocracia.

Podría haber soluciones si alguien se esforzara en pensar. Señor ministro: haga el favor de salir airoso del desaguisado. Si se estruja el cerebelo, y de paso se empeña, se habrá ganado el sueldo, aunque no sea muy abultado, de momento.