El escándalo de las denuncias falsas

Lloró mucha gente de alegría cuando leyó el artículo la víspera de Nochebuena. Fueron sus únicos Reyes Magos en muchos años. Después de tanto tiempo de dolor y sufrimiento en soledad comprobaron que no eran los únicos, que no estaban solos en el martirio, que son legión los represaliados, aquellos a los que han arrebatado sus Derechos Humanos más básicos.

Solo por eso mereció la pena publicarlo, aunque la bicha acabe mordiendo y el veneno sea trágico. Cuando la justicia agoniza solo quedan los medios. Veremos durante cuánto tiempo. ¿Regresará la tan española tradición del exilio?

Miles de españoles inocentes sufren cada año arrestos indiscriminados, tortura y prisión a causa de la perversión judicial y legal vigente.

Son condenados mediante juicio sumario, mediante recursos que ni siquiera se estudian, que tan solo refrendan las animaladas perpetradas en primera instancia, sin garantía judicial alguna. Juicios donde el infortunado entra con la presunción de culpabilidad colgada al cuello y sale culpable y con cepo. No ha tenido defensa. ¿Para qué perder el tiempo con gente inocente cuando los prejuicios imperan?

Los Derechos Humanos han sido abolidos en España para una parte importante de la población. La ley abyecta que ha vuelto a implantar la Inquisición después de dos siglos los ha cancelado. Demasiados jueces la aplican con saña criminal. ¿Por qué? Habrá que investigarlo.

Muchas denuncias falsas se convierten así en condenas ciertas. ¿Cuántas son? No se sabe a ciencia cierta ni falsa. Investíguese. ¿Acaso hay miedo en mostrar a la sociedad la mayor vergüenza de esta democracia cobarde que pugna por destruirse ella sola?

El motivo aparente es el maltrato psicológico, discutir con la pareja (o ex) aunque no lo oigan los vecinos ni haya rastro ni pruebas. Está penado con la cárcel en España. Hasta ese punto ha llegado el buenismo perverso, la locura de un sistema criminal que creíamos finiquitado siglos atrás, que encarcela de manera indiscriminada a sus propios ciudadanos.

Basta una denuncia falsa, unas cuantas actuaciones irregulares por parte de demasiados jueces y fiscales entusiastas, promovidas por abogados desalmados y psicólogos ideologizados, y al talego el reo.

Dice el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que las denuncias falsas no llegan al 0,01% de los casos. Son aquellas que el mismo denunciante acaba reconociendo como tales y las que informan jueces y fiscales. Suena a chiste el dato. Es falso por necesidad y lógica.

Como todas las denuncias son automáticamente verdaderas al no existir la presunción de inocencia, la simple acusación es siempre veraz y el reo es pateado sin poder rechistar. Ningún juez o fiscal va a informar jamás acerca de sus propias tropelías.

Los garantes de vigilar un juego limpio, los observatorios encargados, no se toman la molestia de observar nada. Mucho menos de investigar la magnitud del drama. Clausúrense. Ábranse otros nuevos limpios de polvo y paja.

¿Cuál es la dimensión real de la tragedia? Según diversas fuentes, de una población reclusa de 61.682 en 2013, los encarcelados por violencia de género podrían llegar a ser un 15%, unos 10.000. El INE solo informó de 3.930. Tal dato levanta suspicacias.

Es imposible extrapolar la proporción de inocentes encarcelados. Podrían superar fácilmente los 5.000, si no más. Si a eso añadimos los que no han entrado en prisión al tener penas de menos de dos años, la cifra de condenas injustas al año sería de varias decenas de miles.

Tales magnitudes asombrosas merecen una investigación en profundidad, rigurosa, independiente y seria. Cualquiera que conozca los entresijos del sistema sabe que las denuncias falsas y los inocentes encarcelados se cuentan por millares cada año.

No hay más que hablar con abogados o jueces decentes, o escuchar a los infortunados que están deseando contar a un país autista e inconsciente su sórdida y dramática historia, aportando sentencias disparatadas, información y datos. ¿Cuántas son? No se sabe. El trabajo pendiente es ingente.

Los organismos supuestamente encargados de luchar contra la violencia de género son los primeros interesados en no informar de la verdad a causa de la corrección política y el miedo mediático, fomentándola con su pasividad, su integrismo y los datos erróneos proporcionados. 

La justicia, como institución, no tiene intención alguna de ponerse en evidencia dando facilidades. Corporativismo obliga. Ha traicionado al pueblo. Se niega a investigar el asunto y mucho menos darlo a conocer. Reitera burdas mentiras. Cada día los mismos “errores”. ¿Miedo? ¿Prejuicios? ¿Dinero? ¿Por qué?

Habrá que ayudarla desde fuera. ¡Que medios y televisiones se armen de valor! ¡Que se dignifiquen de una vez! ¡Que clamen contra la injusticia y la tristeza! ¡Que pongan cara a los humillados! ¡Que contribuyan a rehabilitar a los damnificados! ¡Que defiendan los Derechos Humanos!

En Andalucía lo denominan el negocio de la “igualdá”, con sorna, a causa de la lluvia de subvenciones desparramadas para todos menos para las víctimas. Convertirá en asunto menor el escándalo de los ERE. En el más atroz contubernio al jugar con la libertad y el sufrimiento de sus propios ciudadanos. Denúnciese.

Este Gobierno está obligado a desactivar las leyes fascistas que hace diez años aprobaron sus Señorías, quiero creer que por ignorancia la mayoría. Me gustaría pensar que lo hicieron sin una reflexión seria, obligados por la disciplina de partido ocasionada por el miedo y el qué dirán. Por no ser suficientemente “progresistas” ni tener buen rollo. Bien se la colaron.

España es el país de Europa con la mayor población reclusa por habitante. Están todos dentro menos los que tienen que estar. Es causa mayor el maremágnum legal y las leyes farragosas de pésima calidad con las que cuenta.

Cosa que contamina a los que tienen la obligación de aplicarlas, colapsando de manera absurda los juzgados, dejando en la calle a los verdaderos chorizos que nos han arruinado, mientras su aclamada ineficacia atrae criminales de fuera. Es necesario regenerar de manera urgente la justicia, a pesar de ella.

El Gobierno está preparando una ley de custodia compartida. Que se dé prisa. Que sea retroactiva. Que repare injusticias cometidas, chantajes y coacciones vilmente perpetrados.

No servirá para nada. Muchas custodias compartidas son automáticamente anuladas a causa de las denuncias falsas que llegan a continuación, aplicando la ley genocida vigente, con el fin de poner en evidencia a los jueces decentes que, haberlos haylos, aunque sean minoría. Háganse oír. Se necesita su colaboración, que se armen de valor. Hacen lo que pueden. No es suficiente.

Tal ley en proyecto no será de ninguna efectividad si no se soluciona de manera paralela el escándalo de las denuncias falsas, si no se deroga la fatídica ley inquisitorial en criminal vigor que convierte asuntos de derecho civil, como un simple divorcio, en cuestiones de derecho penal, saturando los juzgados y enviando inocentes a prisión, mientras los abogados codiciosos hacen cumplida caja.

¿Por qué no devolver la dignidad a tantos padres y niños maltratados por la justicia? ¿Por qué produce terror pretender arreglar tantas tragedias?

¿A quién le causa pavor encargar una investigación independiente y rigurosa, revisar las actuaciones judiciales caso por caso supervisadas por observadores internacionales cualificados, rehabilitar a tantos miles de condenados de manera injusta, excarcelar inocentes que continúan en prisión, volver a hacer felices a tanto niño manipulado y entristecido que crece sin el calor y la compañía de su padre?

Y, no menos importante, devolver la arrebatada dignidad a estos últimos, dejando de envilecer a la otra mitad de la población. 

Que la comunidad internacional sea consciente: se cumple el décimo aniversario del restablecimiento de la Inquisición en España. El Tribunal Constitucional continúa como su garante más fiel al haber denegado más de doscientos recursos de inconstitucionalidad contra tal ley criminal. La macabra institución secular ha regresado al corazón de Europa.

Si la justicia española no es capaz de regenerarse por sí sola, la ciudadanía, como poder soberano, la obligará a la fuerza. Los medios tienen el deber de denunciarlo, garantizando así su propio futuro y los Derechos Humanos de TODOS los ciudadanos. Realícese tal investigación. ¿Dónde está Europa?