Un impuesto al Sol, que en realidad son dos

Desde el momento en que España disfruta de una carísima pero importante penetración fotovoltaica producto de la anterior 'cafrada' regulatoria, el Gobierno actual teme que se genere otra burbuja solar

Foto: Planta solar
Planta solar

La amenaza se cumplió. Ya tenemos un impuesto al Sol. En realidad son dos. ¿Incompetencia, incapacidad o miedo por parte del Gobierno? Un poco de todo.

Desde el momento en que España disfruta de una carísima pero importante penetración fotovoltaica producto de la anterior 'cafrada' regulatoria, tradición secular muy española, el Gobierno actual teme que se genere otra burbuja solar a pesar de no subvencionar ya nada. He ahí su justificación para poner impuestos al Sol: ser fieles a la tradición.

El RD 900/15 se divide en dos. Autoconsumidor doméstico o comercial conectado a la red con una potencia contratada menor de 100 kw, y aquellos otros con una potencia superior a esta. Nos centraremos en los primeros, votantes normales y corrientes que por fin quieren volverse ecológicos, tomar la iniciativa e innovar su propio bienestar, que este real decreto va a hacer lo imposible por frustrar.

Primer impuesto al Sol: el autoconsumidor modesto no obtendrá contraprestación económica alguna por los excedentes vertidos en la red, debiéndolo hacer gratis. Los segundos, los superiores a 100, sí podrán.

Disposición única en el mundo que penaliza al ciudadano de a pie, los medianos de Teseo, hartos de que los lacayos de las élites extractivas legislen contra ellos. Dando trato de favor a aquellos otros que tienen medios y recursos para montar instalaciones mayores y por tanto más eficientes, y más capacidad de presión.

No es de recibo que el autoconsumidor doméstico no pueda cobrar por su sobrante de electricidad diario mediante el cálculo del balance neto

No es de recibo que el autoconsumidor doméstico no pueda cobrar por su sobrante de electricidad diario mediante el cálculo del balance neto, por ejemplo, habitual en países civilizados. Circunstancia esta que obliga a diseñar la instalación para evitar verter energía de manera gratuita, encareciéndola innecesariamente, al obligar a instalar sistemas de reducido tamaño, menos eficientes, con el fin de no sobrepasar su pico de demanda diurna y no tener que regalar nada.

Segundo impuesto al Sol que se suma al anterior: además de los peajes habituales como todos los demás por la energía consumida, el abonado deberá pagar un canon fijo y otro transitorio sobre su propia energía autoconsumida con el fin teórico de compensar los gastos, eminentemente fijos. Incluye los cargos asociados a los costes del sistema descontando pérdidas, pagos por capacidad y otros supuestos servicios. Su valor no lo fija el tal real decreto, dejando 'in albis' al respetable convirtiéndolo, de momento, en papel mojado.

El fin teórico de este segundo impuesto al Sol es evitar una transferencia de costes fijos hacia el resto de consumidores, al ser la mayoría fijos, a causa del menor uso de la red. Tal 'transferencia' ha sido cifrada por alguna fuente en 102 millones de euros anuales.

Un único guiño engañoso: los autoconsumidores con potencia instalada menor de 10 kw disfrutarán de exención del canon transitorio. Como hecha la ley, la trampa hecha está, bastará con establecer un canon fijo suficientemente disuasorio para terminar de desincentivar el asunto.

De energía subvencionada a energía penalizada

Hemos pasado de manera abrupta de subvencionar de forma insensata la energía solar a penalizarla de manera absurda, a pesar de que es ya competitiva y no necesita de ninguna subvención.

Según un informe del MIT, en apenas ocho años el precio de los paneles fotovoltaicos se ha reducido en un 84%. Desde unos 4,00 $/wp hasta los 0,65 $/wp (watio-pico). El coste de la segunda partida de inversión más importante, el inversor, se ha reducido en un 50%, hasta unos 0,30 wp en 2014. Parece que, por costes, el momento solar por fin ha llegado.

¿Por qué se legisla para desincentivarlo? ¿Cuál es el trasfondo de tamaña insensatez? Evitar que se vuelva a rememorar una nueva burbuja solar. Y, de paso, impedir que el ciudadano normal con iniciativa medioambiental se beneficie de algo. Cuestión de ideología. El Gran Hermano vuelve a decidir unilateralmente lo que es malo para el pueblo llano, cual democracia teledirigida por élites extractivas voraces y sin escrúpulos.

No se puede diseñar una red eléctrica con criterios demagógicos o partidistas, tal como comentábamos en la pasada entrega. Ni con criterios exclusivamente marginalistas, tal como la acienciada economía ortodoxa impone. Los electrones no lo permiten. Ni se puede fomentar la energía solar fotovoltaica ni ninguna otra sin más criterio que el estrictamente político, ni siquiera medioambiental.

Las meteduras de pata políticas hay que pagarlas

Al padecer España sobrecapacidad de generación, cada kw-h autoconsumido sin penalización detraería ingresos a los generadores actuales. Elevaría el canon teórico para aquellos otros consumidores que no lo hicieran. Deberían asumir a prorrata la menor utilización de la red, cuyos costes son eminentemente fijos. Podría tener cierta lógica si no fuesen argumentos perversos ambos y si no hubiera alternativas disponibles audaces, lógicas, ecológicas y económicas.

Celebración del día internacional de la madre tierra
Celebración del día internacional de la madre tierra

El segundo trasfondo es de tipo técnico, aunque subsanable. La energía solar fotovoltaica no puede ser fomentada de manera anárquica y descontrolada. Según el mencionado informe del MIT, la energía autoconsumida puede reducir el coste y optimizar la eficiencia de la red eléctrica a la que está conectada. Siempre y cuando el total vertido entre todos los generadores no sobrepase el 25% de la energía que pulula por los cables en un momento dado. A partir de tal porcentaje, los perjuicios técnicos sobrepasarían los beneficios, obligando a realizar más inversiones en la red, incrementando los costes fijos otra vez.

Con la primera burbuja solar, España instaló una capacidad fotovoltaica enorme a precio de oro. Parece que no queda mucho hueco disponible. No sería demasiado sensato, de momento, traspasar tal límite teórico hasta estar seguros de cuáles pueden ser las consecuencias, su coste técnico y económico real. Es una primera condición de contorno.

Dada la situación de sobrecapacidad de generación que padece España, cualquier incremento de potencia irá en detrimento de alguna compañía eléctrica. Tienen las mayores papeletas los del gas. No les hará ninguna gracia a sus accionistas. Querrán seguir cobrando su lucro cesante y por tener sus centrales listas para entrar en funcionamiento cuando se las demande.

A falta de imaginación, esta segunda condición de contorno carece de solución según el Gobierno actual, que tiene que cargar con la onerosa mochila recibida como herencia, sin intentar siquiera quitársela de encima mediante imaginación y ganas.

Lo más paradójico del asunto es que, según la Cátedra BP, los promotores de instalaciones fotovoltaicas han remitido a REE (Red Eléctrica de España) peticiones de acceso a la red que suman 50.175 MW, más de 10 veces la potencia de dicha tecnología solar que hay conectada en la actualidad: 4.715 MW, según el último recuento, realizado en abril.

Una política energética bien diseñada

¿No suena todo esto a dislate? El Gobierno ha actuado sin visión de futuro alguna, para variar. La culpa la tiene el ciudadano por votar a políticos incapaces de elaborar una política energética a largo plazo sensata, consensuada con el resto de fuerzas políticas y con todos los actores sociales y económicos.

Capaz de acomodarse a las circunstancias de una manera flexible según las diferentes tecnologías maduren y la demanda evolucione. En su faceta de consumidor, el ciudadano no es culpable de las meteduras de pata continuadas de sus gobiernos. Tan solo de haberlos votado.

¿Hay solución capaz de dejar satisfechos a todos? La hay. Diseñando e implantando de manera gradual e inteligente, con el fin de no hacer otro pan como unas tortas, una política energética integrada, racional y única que incluya el fomento del coche eléctrico de una manera razonable y sensata.

Con criterios estrictamente ambientales y no políticos. Capaz de realimentarse según las circunstancias varíen, mediante un sistema de gestión eficaz y moderno. Sin ningún real decreto arcaico y capador por medio, ni ninguno otro que fomente más burbujas caras y bochornosas.

Equilibrando criterios naturales, económicos y técnicos mediante una planificación flexible al socaire de la demagogia política y las chifladuras políticamente correctas del momento. Mejorando el balance comercial exterior reduciendo el derroche de divisas, que buena falta harán cuando la burbuja crediticia nos reviente en la cara y los tenedores extranjeros de deuda española huyan a tropel exigiendo todos caja, con permiso del BCE, que anda perdido sin saber qué hacer, más que seguir dando fuelle expandiendo hasta el infinito el fuego mediante billetes de 500 euros que nunca llegan a la economía real.

Para, de paso, dar ejemplo a otros países. Dicen que en la Cumbre de París se van a realizar propuestas cabales y serias, además de proponer otro protocolo, como el fallido de Kioto. Pretender repetir un fiasco no creo que sea cabal ni muy serio. Otro día será.

Apuntes de Enerconomía
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