El 'lobby' transparente, bueno para la democracia

¿Qué es el lobby? Muchos ciudadanos no lo tienen muy claro. La mayoría no sabe bien qué es, por qué existe y para qué sirve. A menudo, la percepción de esta actividad no es muy positiva en España. Se suele asociar con prácticas ilícitas como tráfico de influencias, donaciones anónimas y otras. Las numerosas películas de Hollywood sobre este tema no han ayudado mucho a mejorar su imagen. Denominar ‘grupos de presión’ o ‘de influencia’ a los que trabajan en esta actividad, tampoco.

Pero el lobby no es eso. Si nos atenemos a su significado, el término es un anglicismo cuya traducción más cercana sería “vestíbulo”. Es decir, un lugar donde se reúne la gente para dialogar. ‘Dialogar’ –que no influir– es la palabra clave para entender esta práctica. Hay que remontarse al siglo XVIII para ver su nacimiento, cuando los miembros del Parlamento Británico iniciaron así esta forma de hacer política.

APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales define el lobby como “el traslado de intereses privados a las instituciones públicas que son las que, finalmente, legislan sobre todos los sectores de la sociedad. En otras palabras, es el acercamiento de la sociedad civil, de las empresas y de los distintos colectivos sociales a las leyes y reglas que se aprueban en un sistema democrático”.

Los Gobiernos toman decisiones que afectan al futuro de los intereses privados en distintos temas y el diálogo transparente de ambas partes puede ayudar a prevenir efectos contra los intereses generales

El lobby bien entendido y el que debe imperar es una actividad que promueve el diálogo entre el poder y los diferentes grupos de la sociedad. Es beneficioso que las autoridades nacionales, europeas y autonómicas escuchen y dialoguen con los afectados por la actividad legislativa. Los Gobiernos toman decisiones que afectan al futuro de los intereses privados en distintos temas y el diálogo transparente de ambas partes puede ayudar a prevenir efectos contra los intereses generales. Defenderlos es la labor primera de los Gobiernos y debe ser su prioridad. El diálogo entre lo público y lo privado es esencial y ayuda a construir un cuerpo legislativo equilibrado.

Los políticos son conscientes de la importancia de esta actividad, aunque todavía hay un amplio recorrido para la mejora. En una encuesta realizada hace poco por Burson-Marsteller entre autoridades de todos los países de la UE, los resultados muestran que para un 48% de los parlamentarios españoles, el lobby es útil para compartir experiencias y resulta constructivo en el proceso de toma de decisiones (45%). También es verdad que los mismos valoran muy bajo la profesionalidad del lobbista como una ayuda eficaz: sólo un 10% en España, frente al 50% de los encuestados en el resto de los países europeos.

Este dato puede ser una de las razones por las que esta práctica no tiene una percepción positiva en España. Hay otras tres causas principales, a mi juicio: la primera es que casi nadie ha sabido comunicar adecuadamente los beneficios del lobby a los ciudadanos. La segunda es la falta de transparencia que ha imperado en este ejercicio hasta la fecha. Se ha pecado de opacidad y secretismo, aumentando la desconfianza hacia las instituciones y autoridades políticas. La tercera es la creencia de que los lobbistas se rigen únicamente por intereses individuales, sin preocuparse del interés común. Es cierto que puede ser así en algunos casos, pero son mínimos.

Tanto las autoridades como las instituciones han entendido e interiorizado que la transparencia es la clave. De ahí la normalización de esta actividad entre la gente

Quizá una solución para mejorar la percepción sobre el lobby en nuestro país sería imitar aspectos del modelo anglosajón. En Estados Unidos los profesionales de este sector cuentan con oficinas en el Congreso y llevan un registro público de todos sus encuentros y los temas tratados en ellos, así como su forma de financiación, miembros e intereses. Más cerca, en Bruselas, también se hace así. Nos llevan años en este terreno. Salvo casos puntuales, tanto las autoridades como las instituciones han entendido e interiorizado que la transparencia es la clave. De ahí la normalización de esta actividad entre la gente.

Un paso adelante en nuestro país podría ser la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que se encuentra en fase de desarrollo tras ser aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2012. El Gobierno tiene previsto regular aspectos del lobby en esta nueva normativa. Veremos hasta dónde llega.

Si trabajamos en el diálogo y la transparencia, el lobby se convertirá no sólo en una práctica positiva para la democracia y el progreso, sino necesaria. No es casualidad que ninguna dictadura permita esta actividad. Allí no hay diálogo entre los ciudadanos y el poder, ni influencia de la Sociedad Civil en la toma de decisiones políticas. Aquí, al menos, las peticiones de los ciudadanos pueden ser escuchadas y tenidas en cuenta a través de esta vía también.

*Santiago Esteban, Comunicación Corporativa de Burson-Marsteller