Deuda odiosa, deudocracia y deudodependencia

La deuda es el resultado de la lucha de clases

Costas Lapavitsas, SOAS University of London. 

Como es bien sabido, las escuelas de pensamiento económico discuten entre dos formas de abordar una situación de crisis como la actual. La primera es mediante políticas de expansión monetaria y/o de endeudamiento del sector público, conocida como “crecimiento”. La segunda es a través de la cercenación del gasto público, conocida como “austeridad”. Independientemente de cuál sea la opción escogida, en ambas subyace el deseo de recuperar la actividad económica lo antes posible para así crear riqueza y que con ella aparezca el ansiado empleo, su consecuencia social más visible. Bien recaiga la mayor parte del esfuerzo sobre los ciudadanos (en las de “crecimiento”, mediante subidas de impuestos, delegación de responsabilidades a futuro, incrementos de deuda que lastrarán generaciones e inflación) o sobre el Estado (en las de “austeridad”, mediante reducción de competencias de las que se adueñó de un modo u otro, por delegación o apropiación), no existen sin embargo dudas acerca de la responsabilidad de este último (y, en consecuencia, de los ciudadanos) en la atención de la misma.

 

Sin embargo, en los últimos tiempos surgen voces que plantean la vuelta al concepto de deuda odiosa. Como es bien sabido, ésta fue la calificación que emplearon los EEUU tras la guerra de Cuba para rechazar la asunción de responsabilidades asociadas a la nueva situación política de la isla; la deuda generada por los siglos de ocupación española no sería en ningún caso asumida por los EEUU.

La presión de los mercados financieros sobre los bonos soberanos, sean griegos, españoles, alemanes o norteamericanos, proviene de la percepción que tienen los inversores de la capacidad del país de atender sus obligaciones. Si hay más riesgo, se exige un sobreprecio. Lo curioso del concepto de deuda odiosa es que se ha convertido en una válvula de escape de la responsabilidad. Un parte de la izquierda europea (fundamentalmente en Grecia, pero también en España) considera que la actual situación de endeudamiento masivo se ha generado de forma torticera y contraria a los intereses del pueblo. La declaración de ilegitimidad de la deuda española por parte de Izquierda Unida hace unos meses corresponde a ese principio. Y señala por la tanto que el Estado debe declarar esa deuda como odiosa, rechazando la asunción de la responsabilidad que supone. “No podemos ser responsables de algo en lo que no hemos participado, y nos ha sido impuesto”.

En donde nos encontramos es en una situación de deudodependencia: como deudoadictos, necesitamos cada vez más dosis, más deuda, para poder seguir avanzando. Y el camello, consciente de nuestra debilidad, de la cada vez mayor desconfianza que generamos, nos pide cada vez más a cambio

No voy a entrar a valorar las consecuencias que en la situación actual tendría para una economía como la española una declaración en ese sentido; ni en que, efectivamente, el mecanismo de generación de la deuda pública sea absolutamente ajeno a la voluntad popular, y escape a todo control parlamentario. Sí es necesario, en cambio, analizar la paradoja extrema que se plantea.

Nuestra inflación de derechos ha llevado a los políticos, los principales responsables de la situación, a construir autopistas (primer país de Europa por número de kilómetros), líneas de ferrocarril de alta velocidad (más de 2.650 km, segundo país del mundo tras China), aeropuertos (contamos con 98 con pistas asfaltadas, de los que 18 tienen al menos una de más de 3.000m), carreteras bajo ríos, campus universitarios (basta con vivir en una ciudad de 50.000 habitantes para saber que al menos habrá uno), hospitales, residencias de la tercera edad, guarderías (perdón, me refería a las escuelas de educación infantil)... Todos ellos, insisto, consecuencia de los derechos que los españoles hemos exigido, o que los políticos nos han otorgado. Y que, siendo perfectamente defendible una posición contraria, no voy ahora a discutir, puesto que no es el objeto de este artículo.

Sí lo es, en cambio, el de la responsabilidad en la financiación de tales inversiones. Desde el momento en que nuestro país, nuestras Comunidades Autónomas y nuestros Ayuntamientos no tienen capacidad de pagar tales infraestructuras con los ingresos corrientes, todos ellos se han endeudado, y, en consecuencia, nos han endeudado. Y esta es la segunda parte de la paradoja. La deuda proviene de la financiación de este macro Estado del bienestar que nos hemos dado. Deuda que no puede tampoco financiarse con ingresos corrientes del Estado, que crece de forma constante en el tiempo y que ha de financiarse con nuevas emisiones de deuda. Esta es la situación que algunos denominan “deudocracia”: la sustitución del poder del pueblo por el de los mercados financieros, que, malvados ellos, exigen recuperar lo que nos han prestado porque libremente se lo hemos solicitado.

Pero, ¿en dónde se encuentra aquí la deuda odiosa? ¿No hemos exigido derechos? No se trata entonces de una deudocracia. La representación popular no se ha visto en ningún caso disminuida. En donde nos encontramos es en una situación de deudodependencia: como deudoadictos, necesitamos cada vez más dosis, más deuda, para poder seguir avanzando. Y el camello, consciente de nuestra debilidad, de la cada vez mayor desconfianza que generamos, nos pide cada vez más a cambio. Sin embargo, no somos una sociedad enferma; podemos, debemos demostrar que no necesitamos más. Cumpliendo con nuestras responsabilidades, dejando a nuestros hijos algo más que deudas; en definitiva, reduciendo Estado.