"El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza".

André Maurois

Tras las declaraciones de la pasada semana de la ministra Báñez sobre el sostenimiento del sistema de pensiones (aquí y aquí), vuelve a abrirse un debate que debería llevar cerrado varios años. Sin otro ánimo que el de aportar elementos al debate, presento una serie de cuestiones que espero permitan clarificar cuál es el horizonte demográfico que afrontamos y su relación con el sistema de pensiones.

Una de las cosas de las que más orgullosos debemos sentirnos es la evolución de la esperanza de vida de los mayores en nuestro país. Como recoge el siguiente gráfico, en 2066 se habrá incrementado en casi 10 años tanto entre los hombres como entre las mujeres respecto a la que había en 1991.

Este hecho, sin duda extraordinario, presenta sin embargo un lado amargo: la población en edad laboral no crece con la misma velocidad, todo lo contrario. Como muestra el siguiente gráfico, elaborado a partir de las últimas proyecciones del INE del pasado 20 de octubre, pasaremos del actual 65% de personas en la franja de edad laboral (entre los 16 y los 64 años) a poco más de un 50% en 2050.  

Esto nos lleva a unos valores críticos en términos de tasas de dependencia, esto es, la proporción de personas mayores de 65 años en relación con quienes están en edad de trabajar (la denominada tasa de dependencia de los mayores), una relación más grave aún si la medimos teniendo en cuenta no solo a los mayores sino también a los menores de 16 años, escolarizados y fuera del sistema productivo.

Tal y como muestran las proyecciones, en 2040, los mayores de 65 años representarán el 54% de quienes tienen entre 16 y 64, mientras que añadir a los menores de 16 lleva a que, en ese año, cada 100 españoles en edad de trabajar lleven sobre sus espaldas a 75 personas que no cotizan. La situación se agrava en los años posteriores, como podemos ver.

Y cuando introducimos el factor económico, el problema se observa en toda su dimensión. De las más de ocho millones de pensiones a mayores de 65 años que se pagaron en 2015, por un importe total de casi 115.000 millones de euros, solo considerando el crecimiento vegetativo de la población mayor de 65 años (sin incrementos ni disminuciones en la nómina, en euros constantes de 2015), pasaremos a 15,6 millones de pensionistas en 2050, con un importe de 193.000 millones de euros.

Es cierto que la reforma de las pensiones de 2011 prevé que, a partir de 2027, la edad de jubilación se haya incrementado hasta los 67 años, y con ella el tiempo de cotización de los afectados. Pero no es menos cierto que, de acuerdo con las proyecciones que estamos señalando, el sistema encontrará enormes dificultades de viabilidad antes de esa fecha. Si no se opta por una modificación radical del sistema y se mantiene el de reparto en sus términos actuales, no habrá más remedio que combinar un alargamiento muy superior de la edad de jubilación con una mayor carga impositiva sobre el conjunto de los contribuyentes. Teniendo en cuenta las proyecciones de la Comisión Europea de las tasas de desempleo de la población hasta los 74 años (que ya se publican, dando a entender, de forma tácita, que el tramo de la población que tiene entre 65 y 74 años tendrá que permanecer en el mercado laboral), hemos calculado la carga financiera que actualmente suponen las pensiones sobre cada activo, su evolución hasta 2066 y su comparación con la que sería de mantenerse en el mercado los de entre 65 y 74 años. Dado que las cifras oficiales de desempleo en ese tramo de edad nos parecen bastante optimistas (algo a lo que los organismos oficiales nos tienen acostumbrados), hemos planteado la hipótesis adicional de que quienes quedan en desempleo en ese tramo de edad pasan a la situación de jubilados, pudiendo volver a trabajar posteriormente si las condiciones mejoran.

De seguir la situación como hasta ahora, la carga que habrá de soportar cada empleado se incrementa desde los aproximadamente 4.600 euros por año a los más de 9.000 en 2050. De aplicarse un incremento de la edad de jubilación a los 75 años, y de cumplirse las hipótesis oficiales de desempleo, el ahorro en ese mismo año sería de aproximadamente 5.000 euros por empleado y año. No hemos considerado tampoco los mayores ingresos que el sistema generaría, derivados de la mayor presencia de cotizantes. Las cifras reflejan por tanto solo el ahorro en el gasto proyectado.

En esta columna, ya hemos apostado en muchas ocasiones por la corrección real del sistema de reparto, sustituyéndolo por uno de capitalización, uno de cuentas nocionales o uno mixto. No es nuestra voluntad obligar a nadie a jubilarse a los 75 años, todo lo contrario, hemos siempre defendido que un empleado dueño de su ahorro será siempre una persona libre de decidir cuándo pasar a la jubilación. Lo único que pretendemos en esta ocasión es concienciar a los empleados de que el sistema actual les obligará a trabajar más años. Exigir un cambio está en nuestras manos.