La ley, solo la ley, toda la ley

Acato la ley. Aunque sea contraria a lo que quiero, aunque me parezca que el Gobierno legisla por encima de nuestras posibilidades y recauda mucho más dinero de mi trabajo del que debería

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"La finalidad de la ley está en impedir el reinado de la injusticia", Frederic Bastiat

Soy liberal. Eso, que no sorprenderá a quien haya leído muchos de mis 'posts' anteriores o a quien me siga en Twitter, significa fundamentalmente una cosa: que pongo la libertad individual por delante de cualquier otra cosa. Las consecuencias de tal posicionamiento ideológico son claras: quiero que el Estado sea muy pequeño, que se preocupe esencialmente de proporcionar justicia y seguridad, aunque también creo que debe ocuparse de que todos tengan acceso a la educación (en el colegio o en casa) necesaria para desarrollar una profesión o continuar sus estudios, y que todos tengamos acceso a una sanidad que permita una salud y una salubridad colectiva adecuadas. Asimismo, creo en el derecho a la autodefensa, y en el acceso a las armas para tal fin.

Muchos de Uds. estarán dando gracias ahora mismo a que mi postura sea minoritaria y a que ningún partido político con representación parlamentaria o posibilidad de tenerla defienda ninguna de esas opciones. Y no pasa nada. Quiero decir que no me ofendo, ni mi rebelo ni me inmolo. Acato la ley. Aunque no me guste, aunque sea contraria a lo que quiero para mí y los míos, aunque me parezca que el Gobierno legisla por encima de nuestras posibilidades y recauda mucho más dinero de mi trabajo del que razonablemente debería. Aunque tenga que trabajar uno de cada dos días para satisfacer las necesidades de un Estado construido sobre derechos espurios y necesidades sociales que solo lo son para minorías, tan pequeñas como la mía, pero con una capacidad de movilización mucho mayor.

Respeto la ley. Y, aunque esté en contra, aunque me parezca injusta en muchas ocasiones, sé que, si no la respeto, caerá sobre mí el peso de la misma

No me verán el 30 de junio ni a mí, ni a ningún libertario, atrincherarse en el sótano de un centro comercial con un fajín de explosivos gritando “Esto va por todo lo que Montoro me ha quitado”, no. Ni el 30 de junio ni ningún otro día. Ni siquiera cabe el no violento “pues no hago la declaración de la renta, hala”. Por una sencilla razón: respeto la ley. Y, aunque esté en contra, aunque me parezca profundamente injusta en muchas ocasiones, sé que, si no la respeto, caerá sobre mí el peso de la misma, que para eso se aprobó por el legislativo en un Parlamento elegido democráticamente. El Estado tiene capacidad para sancionarme si incumplo cualquier precepto legal.

No pido otra cosa que la aplicación de esa misma ley para todos los residentes en mi país, comunidad autónoma, territorio foral, municipio o entidad local. Nada más. No entiendo por qué, en determinadas ocasiones, en determinadas zonas, el Estado ha renunciado a aplicar la ley. No entiendo por qué la ley se matiza en función del credo en un país aconfesional, en donde se respetan todas las creencias. No entiendo por qué llevar el pelo descubierto en la foto del DNI puede variar según el culto que profese la persona.

No entiendo por qué, en determinadas ocasiones, en determinadas zonas, el Estado ha renunciado a aplicar la ley

No es de recibo que el Estado haya renunciado a ejercer labores que tiene encomendadas en exclusiva. No es posible que la policía renuncie a inspeccionar y detener a sospechosos de delitos por miedo a ser tachada de racista, como ocurrió durante 16 terribles años en Rotherham, en el norte del Reino Unido, durante los cuales unas 1.400 menores fueron violadas por una banda organizada.

Los jueces, a su vez, ante la posibilidad de ser acusados de racistas por los políticos, renuncian a aplicar la ley (el imán de Ripoll, posible adoctrinador ideológico de los atentados de Barcelona y Cambrils, fue condenado a cuatro años de cárcel y el juez no habría exigido su expulsión, como señala el Código Penal en su art. 89, de acuerdo con varios especialistas consultados).

Y los políticos, apretados por los medios, se reúnen y hacen declaraciones a favor de la paz en el mundo sin ser capaces de agarrar el toro por los cuernos; porque, de hacerlo, serán inmediatamente rechazados por esos mismos medios que se han erigido en guardianes de la moral. Y cuando lo hacen, solo pueden denunciar el repugnante racismo proveniente de supremacistas blancos o neonazis, nunca de la izquierda comunista 'antifa' ni de las bandas organizadas de musulmanes.

La ausencia de la ley en determinadas zonas de París, Bruselas o Barcelona genera la proliferación de guetos ideológicos donde se fomenta el odio

Por ejemplo, es interesante observar cómo el 'Informe de la policía en las zonas expuestas', de la policía sueca del pasado junio, identifica 61 áreas “delicadas” y 23 de ellas “particularmente vulnerables”; en ningún caso emplea términos asociados a religión, aunque medios como 'Newsweek' hablen de vulnerabilidad a la radicalización religiosa, y 'Zerohedge' identifique las 23 como “muslim-controlled No-Go Zones”.

Nada tiene que ver esto con rechazo alguno a la inmigración, de la que, como he puesto de manifiesto en estas páginas, soy partidario. Tiene que ver con la ley. Igual que yo no puedo más que acatarla, quiero que la misma contundencia se aplique sobre todos. La ausencia de la ley en determinadas zonas de París, Bruselas, Berlín, Copenhague, Estocolmo, Malmo, Madrid o Barcelona genera la proliferación de guetos ideológicos donde se fomenta el odio.

El buenismo imperante es aprovechado por quienes, nacionales o no, en absoluto tienen interés alguno en integrarse en una sociedad tolerante que muta hacia la intolerancia, dando alas a los populismos. La inflación de derechos de un hipertrofiado Estado del bienestar actúa como un imán (de acuerdo con su procedencia etimológica francesa, no árabe), añadiendo estímulos diarios. Solo la correcta definición de los 'derechos', en un sentido minimalista y claramente exigente, puede revertir la situación. Solo la aplicación de la ley puede garantizar la libertad de todos, y esa ley, en Europa, no puede ser la sharía. Ceder al chantaje religioso en sociedades laicas es el camino a la destrucción de la sociedad.

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