Liberalismo y el artículo 155

En cuanto una minoría tiene capacidad para bloquear un servicio público esencial, el Ejecutivo pasa a prestarle una atención de la que no gozamos quienes respetamos la ley

Foto: Imagen: Enrique Villarino.
Imagen: Enrique Villarino.

"La finalidad de la ley está en impedir el reinado de la injusticia", Frederic Bastiat

Repito cita para recordar a uno de los padres del liberalismo que más nos advirtió de los peligros del Estado. Un Estado cada vez mayor, más intrusivo, más abusivo, más poderoso, y que, paradójicamente, se muestra cada vez más débil ante los abusos de ciertas minorías. Obviamente, no se trata de todas las minorías; de hecho, la más importante en número de todas ellas, el individuo, se encuentra en franca regresión frente a grupos menos importantes en miembros que los componen, pero mucho más poderosos desde las perspectivas mediática y de control. En cuanto una minoría tiene capacidad para bloquear un servicio público esencial, una actividad comercial o las comunicaciones por tierra, mar o aire, el Ejecutivo pasa a prestarle una atención de la que no gozamos quienes respetamos la ley, por mucho que nos cueste hacerlo en tantas ocasiones.

Siempre con la excusa de la defensa del derecho, que no suele ser más que la de un privilegio adquirido por el uso o la costumbre, da igual que estemos hablando de taxistas, estibadores, controladores aéreos, bomberos, médicos o maestros. No estoy diciendo que no tengan razón en esa defensa (tampoco estoy afirmando lo contrario), simplemente constato el hecho de que cualquiera de las anteriores profesiones (curiosamente, y aunque no son las únicas, todas ellas reguladas y controladas por el Estado) tiene la capacidad de lograr una atención especial de las autoridades ante la amenaza de un paro, una huelga, un bloqueo o un estornudo. Atención que siempre se traduce en un nuevo estipendio a costa, por supuesto, del contribuyente medio, el que no tiene capacidad de movilizarse.

Una minoría con claros incentivos coarta la libertad de un grupo mayor de personas para lograr un fin empleando medios claramente ilegales

Viene esta larga introducción a cuenta de la situación que actualmente vivimos en nuestro país a raíz del referéndum del pasado 1 de octubre; ese que, según nuestro Gobierno, no existió, simplemente porque era ilegal. Sin entrar en la búsqueda de culpables de la situación creada, fácilmente identificables, es evidente que se repite el patrón de comportamiento que he descrito en los párrafos anteriores: una minoría con claros incentivos (ya ideológicos, ya económicos, ya de otro tipo), no necesariamente perversos, coarta la libertad de un grupo mayor de personas para lograr un fin empleando medios claramente ilegales. Ante esta situación, solo caben dos posibles soluciones iniciales: invitar a la negociación a los representantes de la minoría por parte de los representantes de la mayoría, o aplicar los medios legales previstos para encauzar la situación. El objetivo, en ambos casos, es pasar a una fase ulterior de encuentro de ambas partes, en la que se dilucidaría el formato final de entendimiento.

Evidentemente, las dos opciones no son equiparables, ni son ambas igualmente buenas. Desde el momento en que hay terceros que asistimos sin posibilidad de actuación, pero que estamos afectados por las decisiones que tomen nuestros representantes, una negociación de igual a igual, tras haber quebrado la minoría la ley, introduce unos elementos de desamparo y, sobre todo, de comparación que pueden dar al traste con el objetivo perseguido, que es la convivencia pacífica. Que todo un grupo mayor sea consciente de que la forma de conseguir la solución a lo que una parte plantea como un conflicto casi genético es violentando las leyes y obviando sentencias del Tribunal Constitucional, no es sin duda la mejor forma de conseguir una convivencia pacífica.

Así pues, queda solo una posibilidad, que puede resultar muy dura pero que, mientras escribo estas líneas, parece ser la única. La ley, en una democracia, supone la cesión de derechos individuales frente a derechos colectivos. Eso, que es la antítesis del pensamiento liberal que defiendo, es sin embargo la única garantía de convivencia en una sociedad, que defiendo con más ahínco incluso. Quizá nuestra participación en ese grupo que denominamos sociedad, país, no sea fruto de una expresión voluntaria al alcanzar una determinada edad. Pero tampoco hemos renunciado, al menos en la enorme mayor parte, a formar parte de ella. Posiblemente porque cualquier otra asociación realista, si fuese posible, no mejoraría la nuestra.

Siendo esto así, solo caben, individualmente, dos alternativas: aceptar la convivencia que la ley garantiza en toda democracia liberal, con la legítima aspiración de modificarla hacia algo que sintamos más cercano, o emigrar a otras latitudes más afines a nuestra forma de pensar. Aceptada la primera alternativa por mi parte, solo me queda reclamar de mi Gobierno (que, lo quiera yo o no, me representa) que aplique todos los medios legales a su alcance para hacer cumplir la ley, en los mismos términos que expresaba hace pocas fechas aquí mismo respecto de otro problema. Así pues, aplíquese el artículo 155 sin dilación, sin esperar a que quienes han promovido el golpe de Estado (porque no es otra cosa) tomen las carreteras y establezcan fronteras artificiales que impidan el libre tránsito.

La ley está para ser cumplida e impedir el reinado de la injusticia. Ya vale de tolerar el golpe de Estado

Como liberal, hay dos cosas que no discuto al Estado: la administración de la justicia y la de la defensa. Dado que la seguridad jurídica está completamente ausente en una parte del país, es imprescindible que se adopten todas las medidas adecuadas para restablecer la legalidad y que todos, sin excepción, podamos sentirnos seguros. Una vez aplicadas las medidas previstas por la Constitución, una vez retiradas temporalmente las competencias a la Generalitat, que es el foco del golpe de Estado, se debería proceder a convocar elecciones, tanto autonómicas como generales. En última instancia, la reforma de la Constitución puede sin duda ser conveniente, por lo que, sin miedo, debería plantearse; pero fijando claramente cuál es el marco de convivencia que la mayoría quiere. El mío será uno, pero acepto sin problemas el que la mayoría escoja desde la legalidad democrática, nunca desde la imposición.

La ley está para ser cumplida e impedir el reinado de la injusticia, como dijo Bastiat. Ya vale de tolerar el golpe de Estado.

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