El reto de la formación en la sociedad posindustrial (II)

Los alumnos no protestan más que para “sacar a las empresas de la universidad”, nunca para exigir unos planes de estudio que no repliquen el pasado

Foto: Un programador, trabajando en código. (EFE)
Un programador, trabajando en código. (EFE)

“Education is what breaks down cycles of poverty and oppression”. Sinead Burke

Dos de cada tres críos que acceden hoy a la escuela primaria trabajarán en profesiones que no existen. Profesiones todas ellas ligadas a la tecnología, a la información y su tratamiento, a las ciencias de la salud y la inteligencia artificial. ¿Tiene realmente sentido, hoy, que las oposiciones de algunos de nuestros mejores alumnos consistan en recitar, para adelante y para atrás, miles de páginas de códigos y leyes que están al alcance de un clic? ¿De unas normativas comerciales que quedan obsoletas en cinco años? ¿Tiene realmente sentido que nadie se forme hoy como auditor, cuando en menos de 10 años nadie contratará a un recién graduado pues su labor la realiza un programa con técnicas de aprendizaje automático ('machine learning'), sin necesidad de muestrear y sin cometer errores, en una fracción de su tiempo y por una fracción de su coste?

En Vietnam (país que, recordemos, quedó destrozado tras una guerra hace menos de 50 años), los alumnos de primaria aprenden programación. Las matemáticas las aprenden con herramientas de 'software' libre que permiten entender los problemas a los que se enfrentan resolviéndolos, con técnicas que hacen enorme hincapié en la visualización. En nuestras aulas, no ya de primaria, no ya de secundaria, no ya de bachillerato, ni siquiera en las universitarias, la programación se plantea como coto cerrado a los alumnos 'de ciencias'.

Hoy, querámoslo o no, un abogado necesita saber programar. Como lo necesita un graduado en administración de empresas. ¿Dónde están las propuestas de modificaciones de planes de estudio de ciencias sociales, los más solicitados en nuestro país? ¿Y los de las carreras técnicas? ¿Cómo es posible que sea una comisión de expertos, sin duda bien intencionados pero que jamás han pisado una empresa o un centro de investigación privado, casi todos mayores de 40 o 50 años, la que decida cuáles son los contenidos de las asignaturas que conformarán el conocimiento de unos alumnos que, al llegar al mercado laboral, no saben manejar, muchos de ellos ni siquiera abrir, una hoja de cálculo y que cuando, por fin, un maestro (este sí) decide enfrentarse al aula con ella, y que tenga que responder a “¿y esto entra en el examen?” como primera pregunta?

La universidad debe cambiar, y solo la competencia entre unas y otras puede lograrlo. Mientras que en EEUU un rector dedica la mitad de su tiempo a lograr financiación, aquí ese tiempo los nuestros lo dedican a gestionar la miseria, ante la imposibilidad de celebrar contratos con entidades privadas. Mientras tanto, todas las grandes empresas del Ibex crean sus propias universidades corporativas, fuera del marco oficial, invirtiendo cantidades ingentes de dinero en la formación de sus empleados. Los títulos oficiales coexistirán durante un tiempo con los crecientes títulos privados como los señalados anteriormente. Los mayores de 50 años, y con ello volvemos a la primera parte, serán los más afectados por el cambio, un cambio que ya no se mide en décadas, sino en años.

Los 'millennials' quieren formación y conocimiento, no un título que se produce en cadena de montaje y que no aporta ningún valor añadido

Los 'millennials' quieren formación y conocimiento, no un título que se produce en cadena de montaje y que no aporta ningún valor añadido. Y una buena parte de ese conocimiento está en la red. El mercado, de nuevo, premiará a quienes apuesten por el cambio. En un mercado global, las empresas buscan el talento allí donde se encuentra. Cada vez son más las 'fintech' y las 'insurtech' con empleados/colaboradores en Madrid, Toledo, Burdeos y Plymouth, sin otra superficie que la de una pequeña oficina de representación.

Las agencias de acreditación, calificación o certificación son incapaces de adaptarse al ritmo, y con ellas las universidades, en las que, desgraciadamente, los profesores no tienen otro incentivo que el de minimizar el tiempo dedicado a la preparación de clases, y los alumnos no protestan más que para “sacar a las empresas de la universidad”, nunca para exigir unos planes de estudio que no repliquen el pasado. Como ocurre en el sector del taxi contra Uber o Cabify, como ocurre en todos los sectores regulados, y la enseñanza lo está en grado superlativo, en breve veremos manifestaciones de prebostes y funcionarios contra la creciente competencia de las plataformas digitales de enseñanza. Y la cuestión no es si llegarán, sino cuándo.

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