Pobre educación

"Lo peor que le puede pasar a una buena causa no es ser atacada hábilmente, sino ineptamente defendida", Frédéric Bastiat.

En su comparecencia en el Senado el día 22, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Sr. Méndez de Vigo, comunicó a sus señorías la reducción de la nota mínima para acceder a la beca de matrícula universitaria, desde un 5.5 a un 5, siempre que se cumplan los requisitos económicos. Una demanda que los rectores de las universidades públicas venían haciendo desde que el Sr. Wert, ministro que fue del ramo, elevase para el curso 2012-2013 los requisitos de expediente hasta el nivel actual. Recordemos que el Sr. Wert era ministro en un Gobierno del Sr. Rajoy, presidente también ayer y por tanto avalista intelectual de ambas medidas.

La decisión, además de por los rectores, ha sido acogida muy favorablemente por prácticamente todos los sectores sociales, desde la educación hasta los medios de comunicación. Algunas frases que hemos podido escuchar son, por ejemplo, “La educación no puede estar sometida a criterios económicos” o "Nadie en España debe de dejar de estudiar por razones económicas", esta última expresada, por cierto, no por un senador del PSOE o de UP, sino por el propio ministro de Educación en su citada comparecencia. Nadie, y menos un docente como yo, puede estar en contra de la afirmación del ministro. Si hay algo que, en un sistema como el nuestro, es garantía de progreso, de mejora y de igualdad, es la enseñanza. Es una causa justa, es una causa acertada, es una buena causa.

TE PUEDE INTERESAR

El presupuesto educativo de 2018 sube un 3% hasta 2.600 millones con aumento en becas

Paloma Esteban

Desgraciadamente, y como señaló Bastiat, no es en absoluto la mejor forma de lograr el objetivo, sino todo lo contrario. Voy a tratar de explicarlo.

Nuestra Constitución, en su art. 27.1, establece el derecho a la educación universal. Más adelante, en el 27.4, establece claramente la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, que como es sabido acaba a los 16 años, edad a la que un joven podría incorporarse, si así lo desease, al mercado laboral. Tan es así que los centros concertados lo son hasta cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, dejando de contar con financiación pública a partir de Bachillerato. Para quienes opten por seguir estudiando, tras obtener el graduado en ESO, podrán incorporarse a una Formación Profesional de grado medio o un Bachillerato, tras el cual podrán incorporarse a una FP de grado superior o a la universidad.

Evidentemente, a pesar de no ser obligatoria la enseñanza después de la ESO, los poderes públicos garantizan el acceso a la misma a todos, puedan pagarla o no. El requisito de renta es uno de los más importantes a la hora de acceder al Bachillerato en un centro público, de forma que, al no ser una formación obligatoria, un alumno puede quedarse fuera de un centro público si, dada la limitación de plazas, no demuestra que no puede pagar un centro privado; para ello, es imprescindible (al menos en Madrid) aceptar la consulta telemática de los datos fiscales o aportar la declaración de la renta.

Desgraciadamente, y como señaló Bastiat, esta no es en absoluto la mejor forma de lograr el objetivo, sino todo lo contrario

Valga todo este preámbulo para dejar bien clara una premisa, no establecida a título de inventario en nuestra Constitución sino aplicada a rajatabla por los poderes públicos: la educación es universal, obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Después, por tanto, deja de ser un derecho y pasa, en consecuencia, a constituir un privilegio. Efectivamente, debemos considerar privilegiados a quienes pueden acceder a una formación superior con el legítimo deseo de prosperar. Y debemos poner los recursos que sean necesarios para que quienes quieran hacerlo puedan lograrlo.

En ese sentido, debemos observar cuál es la situación en la que nos encontramos y cuál es el marco hacia el que tendemos. La situación actual es la de una universidad mastodóntica, con centros en todas las localidades de más de 50.000 habitantes, que ha alcanzado una dimensión que impide alcanzar la calidad no solo exigible sino exigida por nuestro entorno. Los niveles de paro de los graduados universitarios no tienen parangón entre nuestros vecinos, y tampoco los niveles de insatisfacción de los graduados, que se quejan constantemente tanto de sus sueldos como de los puestos de trabajo que ocupan. En muchos casos, ese puesto de trabajo que llegan a alcanzar está muy por debajo de su nivel oficial de formación, y son cada vez más los casos de graduados universitarios que, tras un desgraciado periodo de desempleo, optan por una formación de, al menos en los papeles, menos nivel, como la FP de grado superior, para poder labrarse un futuro laboral.

TE PUEDE INTERESAR

Las mejores universidades españolas para cursar cada grado

Héctor G. Barnés

La mejora de los niveles formativos de los individuos no se logra con medidas que no hacen sino disminuir el nivel formativo medio. Si algo anima al individuo es el estímulo para lograr algo más. ¿Quién va a esforzarse por mejorar, cuando con un cinco logra el mismo resultado que con una nota mayor? Al mismo tiempo, dirigir a todos unos recursos públicos siempre limitados (cifrados, ciertamente, en casi 1.500 millones de euros en los Presupuestos recién aprobados, pero limitados, al fin y al cabo) impide que quienes de verdad necesitan esos recursos puedan acceder a ellos.

¿De qué le sirve a nadie tener acceso gratuito a unos estudios de medicina cuando, teniendo la nota para ello, no puede desplazarse fuera de casa de sus padres, a otra ciudad, porque no tiene los medios para ello? ¿No sería más justo exigir una nota mayor para lograr la beca y que la misma comprendiese alojamiento y manutención y materiales de estudio a quienes, de verdad, se han esforzado en lograrlo? Evidentemente, el llevar la universidad física a la puerta de casa no ha ayudado en la tarea, y ahí tenemos que culpar, de nuevo, a unos políticos que siempre han preferido inaugurar campus, como quien inauguraba pantanos, a lograr que sus ciudadanos pudiesen formarse adecuadamente. Todos sus ciudadanos que demostrasen la valía, el mérito y el esfuerzo para hacerse merecedores de ello. Pero, claro, dar becas para estudiar fuera de casa renta menos, electoralmente, que decir “somos villa universitaria”.

La educación es universal, obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Después deja de ser un derecho y pasa, en consecuencia, a constituir un privilegio

A la que vamos es a una sociedad tecnificada, en la que la universidad tradicional tiene que competir con formaciones 'online' de nivel muy superior a la que logran muchos de nuestros centros públicos, por una fracción de su coste. Vamos a un mercado en el que primará el saber hacer frente al título, frente al dónde lo has hecho. Eso es lo que nuestros vecinos, que son todos los países del mundo, han entendido. Eso es lo que nuestros políticos no quieren asumir, porque su ciclo es de cuatro años.

Claro que los rectores de las universidades públicas exigían la medida. Quién no va a querer que amplíen su mercado y les llenen las aulas que con tantas dificultades deben mantener, con unas plantillas de docentes absolutamente desequilibradas. Quién no querría que le garantizasen sus ingresos por ventas. Pero, desgraciadamente, lo que con esta medida el Gobierno busca es, simplemente, titulares que le reconcilien con unos votantes jóvenes que, en todo caso, jamás le votarán. La medida no puede ser más equivocada ni más empobrecedora en el largo plazo. Claro que, cuando toque rendir cuentas, ellos ya no estarán.