Patrones de comportamiento y voracidad fiscal

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David Fernández

El caso de Julia no ha salido en los periódicos, pero es igual de sangrante. Compró una segunda vivienda en la montaña aragonesa a un procurador de los tribunales jubilado. Fijado el precio, esperó impaciente que el vendedor no exigiese un pago en B, algo habitual en España durante mucho tiempo. Pagos alentados, entre otras, por las insaciables administraciones públicas con impuestos a las plusvalías, a las transmisiones y, en general, a todo lo que se sea susceptible de ser gravado. Valga como ejemplo el posible impuesto a la sombra que el ayuntamiento de Córdoba quiere aplicar a terrazas y veladores (ya sujetos a imposición por aprovechamiento del espacio público) en función de los metros cuadrados de velamen. En el frontispicio de las agencias tributarias, en los salvapantallas de sus funcionarios, la máxima de Ronald Reagan les recuerda su sentido vital: si se mueve, ponle un impuesto.

Esperaba Julia, digo, la demanda del vendedor, que sin embargo nunca llegó. "Es un tipo muy legal, es procurador, y no quiere problemas", dijo la agencia a la compradora. "No, si yo encantada, no puedo pagar nada en B porque no tengo B", respiró Julia, aliviada. Cierto es que el precio era bueno: la combinación de crisis inmobiliaria, exceso de oferta y cierta urgencia por el vendedor animaron a Julia a comprar. Se cerró la transmisión entre las dos partes, con un precio acordado libremente entre ellas, ambas con capacidad legal para obrar, y se liquidaron los impuestos. Casi no había podido pasar más que unos días en verano cuando recibió una carta de Hacienda reclamándole una deuda de más de 4200 euros por plusvalías no registradas.

Julia se había convertido en defraudadora por haber comprado una propiedad por debajo de lo que Hacienda y sus tablas señalaban. Tablas que, como ocurre con los carburantes, se actualizan con las subidas de precio en la burbuja, y tardan años en reflejar las caídas de precios. Lo primero que tuvo que hacer fue pagar, pidiendo un préstamo a sus familiares. Luego ya tendrá tiempo para interponer las demandas, si se atreve, pero el dinerito es imprescindible que se encuentre a buen recaudo en las arcas del Estado. No importa que no tenga conocimientos legales; no importa que trabaje de sol a sol y que no pueda desplazarse en los horarios conciliadores (para sus funcionarios) que la hacienda local impone a los contribuyentes. Pague, Julia, vamos a llevarnos bien.

"No importa que no tenga conocimientos legales; no importa que trabaje de sol a sol y que no pueda desplazarse en los horarios conciliadores"

Lo más sangrante de los dos casos es la inversión de la carga de la prueba que Hacienda exige, y que todos hemos aceptado, también los jueces. Es José Miguel P. quien debe probar que se trata de su vivienda habitual, no Hacienda quien debe probar que miente cuando el contribuyente así lo declara. Es Julia quien debe demostrar que no aportó dinero negro, que no eludió ni un euro de su deuda tributaria, no el fisco quien debe demostrar la culpa. Hacienda parte de la base de que ambos son culpables, delincuentes ciertos, no presuntos, y, por gracia del ordenamiento administrativo, y en una flagrante quiebra de varios preceptos legales (presunción de inocencia, libertad de fijación del precio en la transmisión de un bien privado, etc.), los convierte, nos convierte a todos, en sujetos incívicos, en culpables ciertos, nunca presuntos.

La razón de esta forma de actuar de Hacienda, increíblemente aceptada por todos y refrendada, de forma más increíble aún, por los tribunales de justicia, no es otra que la estadística. Miles de perfiles son creados por especialistas en manejar la información que proporcionan las más de 19,6 millones de declaraciones que se presentaron en 2017. Mas de 10.000 técnicos de Hacienda, de los más de 25.000 funcionarios que trabajan para la Agencia, tiene acceso a nuestros datos. Clusters o grupos de contribuyentes son creados en virtud de su código postal, ingresos, pagadores, cuentas bancarias, propiedades, hijos, ascendientes, deducciones; información que, como el caso de José Miguel P. prueba, es cruzada con registros privados de terceros como la factura eléctrica. Si Hacienda tiene acceso a los gastos de luz, por qué no lo va a tener a los movimientos de tarjetas de crédito, a las extracciones de cajeros automáticos, a pagos de peaje con sistemas telemáticos, a nuestra actividad en redes sociales.

Si Hacienda tiene acceso a los gastos de luz, por qué no lo va a tener a los movimientos de tarjetas de crédito, a nuestra actividad en redes sociales

A partir de la información que controlan de forma directa, y la que puedan controlar, de forma indirecta, los científicos de datos de la Agencia elaboran perfiles de fraude para minimizar la probabilidad de error a la hora de abrir un proceso de inspección. Los algoritmos de 'machine learning' aprenden, valga la redundancia, a velocidad de vértigo, y ayudan en la toma de decisiones para dirigir a los inspectores allí donde detectan un posible fraude. Un inspector trabajando en una paralela aleatoria es un inspector que no está generando ingresos probables. Algo que demuestra la eficiencia de nuestro sistema tributario, pero que entra en colisión directa con los códigos de buenas prácticas, retuerce el concepto de probabilidad de fraude para transformarlo en certeza, y, al hacer acopio de información pública y privada de los contribuyentes sin orden judicial, puede contravenir el RGPD que entró en vigor el pasado 25 de mayo.

José Miguel P. logró el favor del Defensor del Pueblo, sin que a Hacienda le importase un pimiento. Julia aportó todas las pruebas que pudo para demostrar que no era culpable. No importa. Hacienda rehusó en ambos casos aceptar que podía haber un error. Hacienda sabe lo que debe ser, y como se le ocurra a Ud. apartarse del patrón estadístico de los de su calaña (pues como tal le trata Hacienda), rece si es creyente, medite si le gusta el yoga o cruce todos los dedos que tenga en otro caso. Como Goldberg, director de la Agencia Tributaria de los EEUU entre 1989 y 1992, Hacienda no necesita pruebas; sabe que es Ud. culpable, y que deberá demostrar su inocencia.