Taxi, usuarios y libertad de elegir

No ha existido, en ningún momento, una plataforma que haya defendido los intereses de los usuarios del servicio de transporte privado urbano

Foto: Concentración de taxistas en las inmediaciones del recinto ferial de Ifema, en Madrid. (EFE)
Concentración de taxistas en las inmediaciones del recinto ferial de Ifema, en Madrid. (EFE)
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“Cuando los sindicatos obtienen salarios más altos para sus miembros al restringir el ingreso a una ocupación, esos salarios más altos son a expensas de otros trabajadores que encuentran sus oportunidades reducidas”.

M. Friedman, ''Free to Choose'

Vuelve a estar presente la enésima huelga-protesta-ocupación del sector del taxi en Madrid y Barcelona ante lo que, denuncian, resulta ser un incumplimiento de la normativa vigente en materia de VTC. El origen formal de la polémica es la aprobación, el pasado septiembre, del Real Decreto-ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, denominado 'decretazo anti-Uber' y que, en esencia, da las competencias de regulación del sector a las CCAA, como pedían las principales plataformas de taxistas; sin embargo, el periodo transitorio de cuatro años fue recibido como "una traición" por el sector.

Madrid tenía en agosto pasado más de 15.500 licencias de taxi, frente a las casi 5.000 de VTC, lo que supone una proporción 10 veces superior a la que establece la normativa. En Barcelona, la situación no es tan extrema, pues para más de 12.300 licencias de taxi existían alrededor de 2.000 de VTC, cuatro veces más, en todo caso, de lo que señala la ley. A nivel nacional, con un total de alrededor de 65.500 licencias, el número de VTC ronda las 11.000, frente a las poco más de 2.000 que debería haber. Es evidente que existe un incumplimiento de la ley o, lo que es lo mismo, que quien ha hecho la ley (el político) ha engañado de forma consciente a quien declaraba proteger (el taxista).

Se supone que son los políticos quienes deben defender a sus representados, pero eso solo ocurre sobre el papel y en grandes declaraciones públicas

Y esta es una de las claves del conflicto. Un grupo de profesionales ha aceptado un juego en el que debe toda su actividad (y, por tanto, buena parte de sus ingresos) a unos políticos que hacen B mientras prometen A. No ha existido, en ningún momento, una plataforma que haya defendido los intereses de los usuarios del servicio de transporte privado urbano; bueno, realmente, se supone que son los políticos quienes deben defender a sus representados, pero eso solo ocurre sobre el papel y en las grandes declaraciones públicas. A la hora de tomar decisiones difíciles, Pilatos se torna en el patrón de la clase política. El ministro Ábalos transfiere el problema a las CCAA y estas se lo pasan a los ayuntamientos. Nadie es capaz de resolver nada, dejando a los ciudadanos huérfanos.

Debe quedar claro que no son las VTC quienes atacan al sector del taxi, sino los políticos. Los mismos políticos que claman contra el calentamiento global, mortifican a las clases con una subida del 30% en el diésel “para luchar contra las emisiones contaminantes” mientras dejan fuera a quienes más contaminan, transportistas por carretera y taxistas. Vuelve a ser el regulador quien juega con las inversiones de unos profesionales que entran en un mercado, completamente regulado, de acuerdo con unas reglas que han negociado con los políticos. Esa regulación es tan brutal que hace que, hoy, transmitir una licencia válida para el Ayuntamiento de Madrid suponga un desembolso de 584,75 euros por parte del profesional; el mismo que, si hoy quiere adquirir esa licencia, tiene que pagar no menos de 130.000 euros en el mercado, con una importante variación en virtud del día de descanso obligatorio.

En todo caso, de lo que deberíamos estar hablando es de solucionar el problema. Es cierto que los taxistas han pagado o están pagando una enorme cantidad de dinero por acceder a la profesión, y que impedir que los usuarios podamos elegir qué preferimos supone, además de un insulto a nuestra capacidad de actuación, digna de regímenes socialistas, un enorme riesgo para el trabajo de los profesionales de las VTC, que se verían abocados al paro. Ahí es donde la cita de Friedman que abre el artículo adquiere todo su sentido.

Nadie parece estar buscando alternativas que permitan compatibilizar la actividad de unos y otros en el mismo mercado de transporte urbano de viajeros. Y, sin embargo, esa solución se alcanzó en Australia hace tiempo. Como se señala aquí, en 2014 una licencia de taxi costaba en Sídney alrededor de 250.000 euros. Para facilitar la transición hacia un mercado libre, las autoridades decidieron que habría que compensar a quienes las habían comprado. Pero esa financiación no podía provenir, en ningún caso, de los presupuestos, sino de los usuarios del servicio, lo que parece tener todo el sentido del mundo. No podemos correr todos con las inversiones fallidas en sellos, en bosques naturales o en cualquier otra actividad. Así pues, se optó por un gravamen temporal al usuario de un dólar por viaje realizado, tanto en taxis tradicionales como en VTC.

No podemos admitir que ciertos representantes del sector nos digan qué debemos consumir, cuándo debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo

Lo que no podemos admitir es que ciertos representantes del sector nos digan qué debemos consumir, cuándo debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo. Representantes que se llenan la boca hablando de no violencia mientras señalan que irán “a muerte” contra las VTC o amenazan con bloquear la frontera con Francia y unirse a los chalecos amarillos (cuyas protestas, recordemos, han causado al menos 10 muertes). Que se indignan porque compremos por Amazon en vez de en la tienda de la esquina, sin entender que quizá valoremos nuestro tiempo de una forma distinta a la suya. Representantes que ven en Glovo o Deliveroo un proceso de alienación del trabajador y no ven que, quizá, sea para muchos de ellos la forma de conseguir unos ingresos que, de otro modo, no tendrían. Representantes que ven en el mercado su enemigo, cuando, en un mercado libre, estos competidores jamás hubiesen existido. Representantes que, en definitiva, pretenden dictar —en connivencia con determinadas organizaciones políticas que les ofrecen su apoyo mientras les fríen a impuestos (pero que gustosamente pagan mientras les mantengan el monopolio, pues acaban trasladándoselos al usuario)— cuál debe ser nuestro modelo de vida. Mientras esos representantes estén al frente y el sector sea incapaz de entender que la revolución tecnológica no está contra ellos sino a su favor, estaremos abocados al secuestro de nuestra libertad de elegir.

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