La tasa Google: matar la creatividad a impuestos
En vez de luchar con Irlanda por el talento, nos alineamos con Francia en perseguirlo. "Si se mueve, ponle un impuesto; si se sigue moviendo, regúlalo; si deja de moverse, subsídialo." Ronald Reagan
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Se está hablando mucho estos días de la "tasa Google" y de la intrusión de Donald Trump en la soberanía fiscal de terceros países al amenazar, presuntamente, con sanciones a aquellas naciones que carguen fiscalmente las actividades de empresas tecnológicas. Francia, siempre a la cabeza de la represión fiscal, ha sido la primera en aprobar un impuesto a estas compañías que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y más de 25 millones en su territorio; una detracción nada menos que del 3% sobre los ingresos, y no sobre los beneficios.
El primer punto que hay que aclarar es que no se trata de una tasa, y así lo indica la denominación legal de la figura: impuesto sobre determinados servicios tecnológicos. Efectivamente, una tasa se impone sobre la contraprestación específica directa de un servicio acometido por los organismos del Estado. Así, pagamos una tasa de residuos urbanos por la recogida de basuras, por la emisión del DNI o del pasaporte, por un examen oficial… Cuando lo que se persigue es algo general, hablamos de impuestos, como este.
La clave de la transformación digital de la sociedad está, precisamente, en las empresas privadas que han sido capaces de darnos lo que queremos
La "tasa Google" busca incrementar los ingresos fiscales del Estado bajo una hipótesis perversa: si los gigantes de internet hacen negocio en nuestro país, los ciudadanos debemos participar. El problema es que ya lo hacemos, sin necesidad de que el Estado recaude ninguna cantidad en nuestro nombre. Participamos de ese negocio cuando mandamos un correo electrónico desde nuestro Gmail, nuestro Hotmail o nuestro Yahoo; cuando almacenamos nuestros documentos en Google Drive o en Dropbox; cuando lanzamos un tuit o subimos una foto a Instagram o un mensaje por Whatsapp o por iMessage. Cuando damos 'like' a una historia de Facebook. Cuando leemos noticias en la red. Cuando reservamos un hotel en Booking, un apartamento en AirBnb o cuando llamamos a un Uber o un Cabify. Cuando nos aprovechamos del Prime Day de Amazon o de los precios de Aliexpress.
Cuando, en definitiva, disfrutamos de esos servicios, muchos sin contraprestación monetaria, aparentemente gratuitos. Los modelos de negocio de estas empresas, las GAFA (el acrónimo que ha triunfado para referirse a todas, procedente de la unión de las iniciales de Google, Apple, Facebook y Amazon), se basan en segmentar al máximo los mercados en los que operan, tratando de dar el mejor servicio posible al cliente, que premia a quienes mejor lo hacen y castiga a los que no están a la altura. De todas las empresas citadas, solo una es española, y está a años luz, en valoración, de todas las demás.
El dúo Montoro-Montero se ha caracterizado por castigar a todos los sectores realmente productivos
La clave de la transformación digital de la sociedad está, precisamente, en las empresas privadas que han sido capaces de darnos lo que queremos, al precio que queremos, en el momento que queremos. Y no todo es dinero; cuando Google ofrece, sin coste alguno, uno de los mejores cursos de 'machine learning' que pueden encontrarse online, está haciendo una labor altruista de formación que ningún gobierno, hasta la fecha, ha sido capaz siquiera de imitar. Y lo hemos impulsado nosotros, los ciudadanos, libremente, a cambio de ceder nuestros datos. Cedemos nuestra privacidad con mayor o menor conciencia, pero, desde luego, al menos en Europa, no porque no tengamos que aceptar, cada vez que visitamos una página web o nos descargamos una aplicación, un inmenso clausulado relativo a la protección de datos. El Reglamento General de la materia, conocido por sus siglas como RGPD, es el más estricto del mundo; al hacer click en "aceptar", debemos ser conscientes de que estamos cediendo nuestra vida digital (pueden quitar el calificativo).
Otro aspecto es la incapacidad que demuestra el gobierno español para hacer frente a la responsabilidad contraída con los ciudadanos
Otro aspecto, no menos importante, es la incapacidad que demuestra el gobierno español para hacer frente a la responsabilidad contraída con los ciudadanos. En vez de acometer las reformas necesarias y reducir el gasto en partidas superfluas y duplicadas, nuestros últimos gobiernos prefieren ordeñar a los sectores productivos para seguir inflando el gasto público. El dúo Montoro-Montero se ha caracterizado por castigar a todos los sectores realmente productivos mientras subvencionan los improductivos empleando el mantra de los "sectores estratégicos para la economía", que solo lo son para sus intereses. Al mismo tiempo, nuestros políticos se han caracterizado por gastar a espuertas mientras fallaban en la contrapartida de los ingresos, que, desde 2011, han sido sistemáticamente inferiores a los presupuestados: solo en 2018, se ingresaron 1330 millones menos de lo previsto. Ese es el drama de nuestra economía: nuestros gobiernos gastan unas cantidades ciertas contando con el sueño de unos ingresos que jamás alcanzan los niveles previstos, inflando el déficit, la deuda y trasladando la responsabilidad a las generaciones futuras, sin asumir ningún riesgo.
Sin embargo, lo más importante es lo que supone de desincentivo a la creatividad, a la creación, a la innovación. Ninguna de las 10 primeras empresas tecnológicas del mundo del ranking de Forbes es europea. Solo dos de las veinte primeras lo son. En vez de luchar con Irlanda por el talento, nos alineamos con Francia en perseguirlo y castigarlo. Nuestros gobernantes, apoyados en redes mediáticas afectas y en colegas subidos al caballo del "aún hay margen", prefieren echar la culpa a quienes han arriesgado su capital para hacernos más fácil la vida a los ciudadanos. En vez de ofrecer incentivos fiscales a los creadores de empleo de alto valor añadido, como lleva años haciendo Irlanda y, desde hace menos, Portugal, nuestros ministros se aplican en proclamar la soberanía fiscal de los españoles mientras acusan de populismo a otros.
La disyuntiva a la que los ciudadanos nos enfrentamos es sencilla: promover la actividad económica generadora de empleo y riqueza, o castigarla aplicando el "que inventen ellos" de Unamuno combinado con el "que ya pasarás por caja" de nuestros ministros de Hacienda. Nuestros dirigentes, desgraciadamente, no tienen duda.
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