Los grandes charcos de Rato, el hombre milagro, con sus pompas y sus obras
Ahora resulta que el antiguo responsable económico fue beneficiario de la amnistía fiscal. “El amigo Rodrigo está metido en muchos otros charcos y no sólo los de Bankia”, dice un antiguo colaborador
La lucha contra el fraude desplegada por el Gobierno ha permitido aflorar en el trienio negro de 2012 a 2014 un patrimonio de 110.000 millones de euros propiedad de 130.000 declarantes que han estado todos estos años escondidos en paraísos fiscales de medio mundo. Una cifra que demuestra la capacidad de los contribuyentes para saltarse los controles tributarios en un ejercicio donde la codicia y la insolidaridad ciudadana compiten por birlar el celo fiscal. El ministro Montoro tiene motivos sobrados para enorgullecerse de la redada pero lo que no podía presumir el recaudador mayor del Reino era que dentro del grupo multitudinario de infieles ahora reconvertidos figuraba con derecho propio su antiguo jefe y viejo paladín de la Hacienda Pública, Rodrigo Rato.
El hombre que encarnó el milagro económico de España durante la última década del pasado siglo no deja de estremecer con su triste ejemplo a todos los que durante mucho tiempo alardeaban de haber trabajado bajo su triunfal dirección. Quizá de ahí el testimonio de alguno de sus más conspicuos colaboradores de antaño que hace pocos días confesaba sus lamentos señalando a un grupo de periodistas que “el amigo Rodrigo está metido en muchos otros charcos y no sólo los de Bankia”. Está claro que Rato ha sido abandonado a su suerte pero sus andanzas siguen jalonando la memoria histórica de los dirigentes del Partido Popular que han llevado las riendas de la política económica en la España de la gran recesión.
Tanto Montoro como su colega de Economía, Luis de Guindos, forman parte de la foto en sepia que ilustra la etapa feliz de Rato como mano derecha de José María Aznar. Quizá fue la llegada al poder de tan ilustres subordinados lo que provocó el exceso de confianza del antiguo presidente de Bankia y la razón de fondo que motivó la ruptura de las negociaciones con La Caixa para crear el que estaba llamado a ser el líder bancario del país. Rato dejó en la estacada a Isidro Fainé convencido de las posibilidades naturales que ofrecía un Gobierno amigo plagado en la trinchera económica por aquellos dirigentes que habían sido sus lugartenientes durante los días de vino y rosas.
Llegado el descalabro económico el ex ministro metido a financiero midió mal sus fuerzas, incapaz de entender el papel asignado como chivo expiatorio con quien alimentar los autos de fe que demanda una sociedad escarmentada a golpe de látigo fiscal. Rato fue comprando papeletas para saltar de la hoguera de las vanidades a otra mucho más ardiente y combustible que ha terminado por quemar toda su reputación profesional. Enviado hace tiempo al ostracismo político por sus correligionarios de partido, sólo la excepción de Telefónica confirma la condena del reo que todavía mantiene viva su contrata como asesor internacional de la primera multinacional de España por obra, gracia y valor de ley de ese gran amigo de sus amigos que sigue siendo César Alierta.
En el Gobierno de Rajoy no son pocos quienes legitiman en cuestiones de lealtad institucional la obligación de marcar amplias distancias con Rodrigo Rato. No es un problema de desafección interesada, sino más bien de evitar el suicidio político que se habría derivado a poco que algún miembro del Ejecutivo hubiera tratado de cubrir, ocultar o despistar el rastro dejado por el ex vicepresidente económico en la salida a bolsa de Bankia, con las tarjetas black de CajaMadrid y más recientemente en esas empresas instrumentales con claras conexiones en Islas Vírgenes y Gibraltar.
Es precisamente éste episodio reciente de las relaciones de Rodrigo Rato con Hacienda el que ha provocado una enésima oportunidad para derruir la figura del mítico dirigente popular. La mayor parte de los grupos parlamentarios de oposición se han lanzado en tromba contra Montoro para reclamar un nuevo ejercicio de transparencia como evidencia de la falta de confianza que ofrecen los presuntos movimientos financieros del ex ministro. Ahora resulta que el antiguo responsable económico fue uno de los beneficiarios de la amnistía fiscal promovida por el Gobierno del Partido Popular en 2012 y, lo que es peor, su nombre forma parte de la lista de más de 700 contribuyentes que la Agencia Tributaria envío en febrero al Sepblac por presunto blanqueo de capitales.
La investigación está supuestamente relacionada con los seis millones largos de euros que Rato percibió a su salida de Lazard en diciembre de 2009. El banco de inversiones fue una de las entidades que acogió con los brazos abiertos al director gerente del FMI cuando éste decidió repentinamente regresar de su periplo en Washington a finales de 2007. La retribución en cuestión fue uno de los aspectos más llamativos del interrogatorio llevado a cabo por el fiscal Anticorrupción Alejando Luzón en el procedimiento penal derivado de la salida a bolsa de Bankia. El beneficiario confirmó en sede judicial la transferencia de Lazard y justificó que los fondos procedían de unos derechos sobre acciones de la entidad financiera que habían sido adquiridos en 2008 y cobrados en diferido a su vencimiento en 2011.
La cuota del eventual delito fiscal fue convenientemente saldada con la llamada Declaración Tributaria Especial de 2012, pero lo que ahora se trata de esclarecer es el origen concreto de los fondos, lo que obligará a su beneficiario a justificar con detalle los pagos multimillonarios con que la firma presidida por Jaime Castellanos tuvo a bien reconocer los servicios prestados por el que luego fue también su cliente en Bankia. Dicho de otro modo, Hacienda no parece fiarse de la versión declarada por Rato ante el juez Fernando Andreu o, cuando menos, quiere asegurar con plenas garantías que la fuente de los ingresos declarados por un contribuyente tan especial no está contaminada por ninguno de los indicios que pueden derivar en blanqueo de capitales.
Fuentes oficiales tratan de eludir cualquier suspicacia de escándalo recordando que el Sepblac es un organismo de prevención, por lo que, en su opinión, no se debe prejuzgar ninguna de las actuaciones. En todo caso, los daños colaterales del escarnio público están certificados desde el mismo momento en que Hacienda ha decidido sumarse a la manifestación de cuello blanco contra el que fuera su máximo responsable ministerial entre 1996 y 2004. Los antiguos seguidores de Rato son ahora sus más firmes perseguidores y lo que para algunos es simple cuestión de honradez profesional para otros supone una batida en toda regla. Una cacería en la que hasta el cazador más avezado puede resultar electoralmente cazado.