Papá Estado repudia a sus hijos pródigos en el último testamento económico de Rajoy

Las aguas del mar Rojo, ese que anegó de deudas los balances de las grandes compañías españolas durante la época de la abundancia, han sido definitivamente cerradas por el Gobierno de Mariano Rajoy en un intento de congraciarse con la multitud de perdedores abandonados a su suerte tras siete años de vacas flacas. Guindos, Montoro y compañía han aparcado sus diferencias para hacer causa común con un renovado ideario de corte claramente electoral que pone fin a la era de los grandes rescates, donde la banca y los más sistémicos prebostes del Ibex han obtenido el favor oficial para pagar con recursos públicos sus más temerarias y ruinosas apuestas empresariales. Después de acumular una hipoteca superior al billón de euros, Papá Estado se ha hartado de tanto hijo pródigo y ha decidido repudiarlos a todos. Se acabó lo que se daba.

La reforma de la Ley Concursal no ha sido el arca de Noé que se presumía y, más bien al contrario, sólo ha servido para que las grandes entidades financieras se echen la manta a la cabeza antes de arriesgar un solo euro en proyectos de dudosa viabilidad. Los reyes de ladrillo, que llegaron a integrarse en el llamado G-14 de inmobiliarias por la excelencia, pueden dar fe de ello si es que todavía les queda algún aliento antes de certificar su inexorable liquidación por derribo. Para el resto de aventureros apalancados en sus delirios de grandeza la caída se presume más lenta pero no menos cruel si es que, de verdad, el Ministerio de Hacienda lleva a cabo la anunciada voladura de esa estructura jurídica de cemento armado que se esconde tras el eufemismo de la mal llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado.

La Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) es una trampa que blinda beneficios privados a cambio de socializar pérdidas cuando el negocio no sale bien

La socorrida RPA acaba de recibir la bendición RIP con esa regulación de la contratación pública que Cristóbal Montoro ha desplegado hace unos días en la mesa del Consejo de Ministros bajo el simple y elocuente principio de que cada palo aguante su vela. Los beneficiarios de las graciosas concesiones estatales deberán jugar a partir de ahora con el riesgo del que pierde paga porque el Gobierno se ha cansado de sacar la cara por todos esos deudos arrepentidos en la misericordia infinita de quien abastece perdones particulares que luego hay que sufragar a escote y lomo de todos los contribuyentes. Los negocios basados en las cuentas del gran capitán se han demostrado especialmente onerosos para el erario público y han dañado la causa del interés general que enarboló Rajoy a su entrada triunfal en el Palacio de La Moncloa.

Las constructoras y el infierno de las autopistas

Han tenido que pasar cuatro años para que la ministra de Fomento, Ana Pastor, se convenza que no hay nada que hacer con las autopistas de peaje, más allá de ganar tiempo y esperar que la amortización vegetativa de los activos vaya reduciendo las obligaciones de pago comprometidas por el Estado. El acuerdo con los bancos acreedores es imposible en estos momentos porque ni Hacienda ni las grandes entidades de crédito están interesadas en forzar un pacto donde hay mucho que perder y muy poco que ganar. Una vez más el carácter beligerante del BBVA se ha impuesto sobre el más emoliente del Banco Santander y el circunspecto Francisco González ha terminado por doblegar la sutil diplomacia de Ana Botín para demostrar que la mejor defensa de los accionistas no consiste en dorar la píldora constantemente al Gobierno de turno.

El vicepresidente de la entidad cántabra, Matías Rodríguez Inciarte, se ha quedado con cara de póker después de haber gastado muchos esfuerzos en complacer las súplicas que le indujeron a servir como introductor de embajadores ante los más de 40 bancos atrapados en el gran atasco de las radiales. De eso hace ya varios meses, cuando todavía se podía capitalizar un acuerdo de rescate que no soliviantara en exceso a la multitud de paganos que llevan la intemerata esperando que alguien les eche un cabo para mantenerse a flote. En año electoral la mediación del Santander es inútil porque ningún político en campaña asume ya el riesgo de una inmolación por causa ajena y los bancos prefieren forzar la liquidación de los proyectos fallidos que, además de la RPA, les permite ejecutar las garantías suscritas con los socios de las concesionarias; esto es, con las grandes constructoras del país.

El rescate de las autopistas es inviable porque ni Hacienda ni los bancos están interesados en un pacto donde hay mucho que perder y muy poco que ganar

No son solo las atribuladas promotoras inmobiliarias, sino también sus cómplices necesarios en la gran especulación del mercado de la vivienda los que han de enfrentarse a cara de perro con una legión de acreedores financieros que reclaman más de 6.000 millones de euros. Habrá que ver si el Gobierno que surja de las urnas el próximo invierno será capaz o tendrá valor para tejer otra red que auxilie a todos esos saltimbanquis que nunca han reparado en los enormes costes que separan un negocio ocasional de lo que ha de ser una verdadera empresa. A partir de ahora los proyectos basura ya no van a poder ser eliminados tirando de la cadena del Estado y los jugadores de ventaja han de saber que constituyen una siniestra especie en claro proceso de extinción.

El célebre modelo concesional se ha desgastado de tanta aclamación y aunque su inercia en los mercados internacionales sigue siendo santo y seña de la marca España no parece que su existencia pueda prolongarse por mucho tiempo con la próxima Ley de Contratos del Sector Público. La nueva regulación abandona el régimen tradicional de nuestro ordenamiento mercantil que blinda totalmente al concesionario y obliga al Estado a abonar todas las inversiones realizadas en los casos de resolución. Un procedimiento que, tal y como está concebido, tiene efectos perversos para la economía nacional por cuento que no incentiva el control riguroso de los costes, debilita la tutela del concesionario por parte de las entidades financieras y permite que todo el mundo se desentienda de los riesgos de demanda que son inherentes al desarrollo del negocio.

Las presiones del BEI con el Castor

Lástima que los responsables de la política económica y fiscal hayan tardado tanto tiempo en reconocer el truco de un sistema que ha malacostumbrado a muchos empresarios de tronío, capaces de implicar al Estado en operaciones financieras de alto calado para luego llamarse a andanas cuando vienen mal dadas. Algunos se han salvado por la campana gracias a la debilidad de un Gobierno que ha intentado mantener a toda costa la confianza de los mercados y de la comunidad financiera en general. Si no hubiera sido por las presiones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en su calidad de acreedor preferente otro gallo le hubiera cantado a ese Cástor de nombre propio que hizo temblar de pánico la costa de Castellón a finales de 2013. El ministro de Industria, José Manuel Soria, tuvo que tragarse el sapo que le dejó en herencia Miguel Sebastián y la broma la vamos a pagar a escote todos los españoles en la factura del gas durante los próximos 30 años.

Algunos empresarios de postín se han salvado por la campana de un Gobierno débil que sólo busca obtener la confianza de la comunidad financiera internacional 

España se ha salvado oficialmente del rescate a costa de convertir en deuda del Estado la deuda del sector privado y de las grandes empresas. Probablemente las cosas habrían ido mucho peor con una intervención en toda regla a manos de nuestros queridos vecinos comunitarios pero lo cierto es que a día de hoy la economía del país está prendida con los alfileres de una descomunal carga financiera que habrá que ir devolviendo a base de una mayor productividad y nuevos esfuerzos colectivos. El Gobierno cree firmemente que ha hecho lo que debía pero el testamento económico de Rajoy de cara a las elecciones no servirá de nada si el Partido Popular no es capaz de demostrar que el remedio, medido en términos de interés general, ha sido realmente mejor que la enfermedad.