La caja de Pandora de los Colegios Profesionales y el Manifiesto de los Seis

El exministro y antiguo comisario europeo, Joaquín Almunia, se ha caído finalmente del caballo que le precipitaba contra los actuales padres de la competencia en España y ha decidido echar un cuarto a espadas para teatralizar de manera pública y sin ambages su incondicional defensa de la CNMC. Ha tenido que ser un conspicuo dirigente socialista quien, encaramado al estrado, rompiera una lanza en apoyo del llamado supervisor mayor del Reino y reclamara hace unos días la necesidad de imponer sanciones realmente disuasorias contra todos esos intereses engendrados por una actividad económica destinada a atiborrar estómagos agradecidos con cartas marcadas mientras calla bocas con la mordaza de estupefacientes subvenciones. Todo ello en nombre de una presuntuosa liberalización, más falsa que el ósculo de Iscariote.

La agenda reformista impulsada por el Partido Popular, al margen de rescatar a los bancos ahogando a las cajas de ahorros y de hacer añicos el viejo marco de relaciones laborales dominado por los sindicatos, no ha superado la prueba del algodón que se anunció con la nonata Ley de Servicios y Colegios Profesionales. La Comisión Europea ha reaccionado abriendo un procedimiento de infracción contra España, pero las presiones del más rancio abolengo carpetovetónico han sido más fuertes y han impedido saltar el candado de esa singular caja de Pandora donde reside la quimérica esperanza de garantizar algún día una economía realmente competitiva en nuestro país. Los discursos programáticos no parecen suficientes cuando no están soportados en un sustrato ideológico que ponga fin al exceso de regulación dentro de un país tradicionalmente gobernado a instancia de parte.

Dolores de Cospedal anunció a última hora la retirada de una normativa que había sido ensalzada como la quintaesencia del plan de reformas del Gobierno Rajoy

Nada tiene de particular bajo estos antecedentes que Mariano Rajoy y los mandarines que han dirigido la política económica hicieran mutis por el foro cuando María Dolores de Cospedal se soltó el pelo para hacer campaña en las últimas elecciones autonómicas y en un alarde de representación partidista anunció que el Gobierno había decidido ‘parar y retirar’ una normativa proclamada hasta poco antes como la quintaesencia de la gran liberalización económica. La abortada regulación había sido ensalzada con el encomiable propósito de eliminar para siempre las múltiples barreras de acceso al ejercicio profesional, poniendo término a los ancestrales atavismos que encorsetan el desarrollo de los sectores productivos y que encarecen de manera superflua la actividad de las grandes industrias y compañías de servicios en nuestro país.

El arranque de la secretaria general del PP, metida en labores impropias de portavoz monclovita, fue acogido con natural alborozo por todos los que venían empujando a Luis de Guindos para que aplacase su celo abolicionista y archivara el maldito anteproyecto en la papelera de reciclaje. A su modo y manera los colegios profesionales constituyen un exquisito nutriente de recursos financieros aparte de un nada despreciable caladero de votos, pues no en balde representan un 9% del PIB y más de un 6% del empleo total en España. Poderosas razones para que el ministro, a diferencia de lo ocurrido con otras disposiciones de última hora como la reciente Ley de Auditoría, tomara esta vez las de Villadiego con la conciencia relajada de quien no fue enviado para luchar contra los elementos y sabe, además, que el arroz se le ha pasado hace ya tiempo.

Una vez que el Gobierno ha rendido armas, cautivo del momento electoral y desarmado de argumentos políticos, deberá ser ahora el ejército de liberación reclutado en el seno de la CNMC el que actúe en forma de comando de resistencia para reactivar de nuevo un debate social y económico sobre el proteccionismo exacerbado que adorna a los colegios profesionales desde tiempos seculares. José María Marín Quemada, presto y dispuesto para disparar a todo lo que se mueve, ha salido rápidamente al quite empezando a mover los hilos de lo que puede resultar una experiencia verdaderamente inédita en el historial de todas esas supuestas instituciones independientes que a lo largo de los últimos veinte años se han encargado de velar por la sagrada competencia en nuestro país.

Sacar lustre al certificado de independencia

El comisionado en jefe del regulador único está negociando la puesta en marcha de un manifiesto de reflexión que sirva para despejar los recelos y demás anatemas que impiden en estos momentos meter mano a una regulación vigente desde el año 1974. Derribar los muros del acceso profesional establecidos en un ordenamiento preconstitucional es una tarea verdaderamente hercúlea y para abordarla con ciertas garantías Marín Quemada se ha propuesto reunir, del primero al último y bajo un mismo imperio, las rúbricas de todos los padres fundadores que dieron lustre, algunos más que otros, a las sucesivas autoridades nacionales de competencia en sus distintas modalidades, desde el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) a la actual CNMC.

La declaración de principios debe tener lo que se dice un ‘carácter ecuménico’ integrando las voluntades de los más insignes representantes que han ocupado estos últimos veinte años el primer frente de batalla dentro de la casa. El proyecto podría servir como embrión de un futuro comité consultivo y plural donde los antiguos capitanes de la competencia aportarían su criterio al margen de sus anteriores adscripciones políticas y de sus actuales funciones e intereses en el sector privado. El más duro de pelar en esta petición de firmas parece ser Miguel Ángel Fernández Ordoñez, desaparecido en combate tras su controvertido paso por el Banco de España, pero que fue cocinero en el primer y genuino TDC mucho antes que fraile de campaña al servicio del Gobierno de Zapatero.

El Manifiesto de la Competencia es una oportunidad para Miguel Ángel Fernández Ordóñez, desaparecido en combate tras su paso por el Banco de España

Las múltiples experiencias de Mafo en diferentes organismos reguladores son de gran utilidad y su autógrafo serviría de estímulo para reforzar el apoyo de otros leales a la causa como Amadeo Petitbó o incluso del más olvidado Gonzalo Solana, uno de los colaboradores que hicieron carrera en los días de vino y rosas al lado de Rodrigo Rato y José Manuel Fernández Norniella. Un sello también esencial y cuya firma parece asegurada es la de Luis Berenguer, encargado de pilotar en 2007 todo el proceso de transición a la vigente Ley de Defensa de la Competencia. La orla se completa con el magistrado Joaquín García Bernaldo de Quirós, el último de la fila en la presidencia de la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC) antes de que el Partido Popular decidiera crear el organismo único de supervisión en España.

La CNMC fue constituida como un monopolio de poder al servicio del partido en el Gobierno y en su pecado ha llevado la penitencia. El presidente del organismo supervisor ha visto como el fuego amigo hacía honor con creces al segundo de sus apellidos y de ahí el empeño por aunar adhesiones procedentes de todos los confines que ayuden a mejorar la percepción de la institución y aseguren sobre todo nuevos calibres de munición en una batalla que se antoja permanente contra los poderes establecidos. Los colegios profesionales son duros de roer pero desde luego que ofrecen una plataforma de choque para fijar, limpiar y dar esplendor a ese certificado de independencia al que Marín Quemada necesita todavía sacar mucho brillo. Valor pues...y al toro.