El riesgo país y la ‘doctrina Cambó’; no es miedo, es precaución
Las grandes sociedades del Ibex han empezado a encapsular los negocios en España con filiales separadas del resto de sus grupos para protegerse ante eventuales riesgos políticos en nuestro país
No hace falta irse muy lejos para comprender el grado de preocupación con que las grandes compañías multinacionales del Ibex observan la deriva de España. Basta con preguntar a los más afamados despachos mercantiles de abogados, donde a diario se reciben consultas de insignes clientes preguntando el modo, coste y manera que supondría el traslado del domicilio fiscal allende los Pirineos, a un lugar alejado de los tentáculos amenazadores de esa pinza que acecha con situar al Estado como máxima instancia reguladora de una economía claramente intervenida. El nuevo leninismo acendrado al servicio de la democracia política y social con que se manejan los Pablo Iglesias de cada día aterroriza a los empresarios mucho más que todos los votos del miedo que pueda disparar Mariano Rajoy en su desesperada caza del lobo rojo.
La situación que se dibuja recuerda a la protagonizada por el ubicuo político catalanista Francesc Cambó con la vieja Compañía Hispano Americana de Electricidad, más conocida por la CHADE, concebida a principio de los años veinte del pasado siglo para evitar que la alemana CATE, principal empresa energética de América Latina, fuera decomisada por los aliados tras la Primera Guerra Mundial. El que fuera ministro con Alfonso XIII y líder de la Lliga Regionalista consiguió españolizar la compañía con el apoyo del marqués de Comillas para años después, una vez desencadenada la Guerra Civil, trasladarse con todos los trastos a Buenos Aires en una huidiza transformación societaria bajo la denominación de la Compañía Argentina de Electricidad (CADE).
Francesc Cambó no se lo pensó dos veces y trasladó a Buenos Aires la sede de la compañía eléctrica CHADE nada más desencadenarse la Guerra Civil en 1936
Los detalles de esta alambicada y múltiple metamorfosis, fruto de una exhaustiva investigación realizada por el historiador catalán Borja de Riquer, sirven para ilustrar el deseo inconfesable de muchos dirigentes obsesionados con asegurar su margen operativo de actuación al timón de sus poderosos trasatlánticos empresariales. Ni que decir tiene que las pretensiones no se muestran tan diáfanas y descaradas porque en los tiempos inciertos que corren la línea recta ha dejado de ser el camino más corto cuando se trata de emprender una estrategia corporativa especialmente arriesgada en el terreno político. Ahora es mejor empezar el recorrido partiendo con algún rodeo que distraiga la atención, sin adentrarse en atajos de sobra conocidos y que luego terminan conduciendo a un callejón cerrado.
No es tanto una salida por piernas lo que buscan los más precavidos gestores y financieros, sino más bien la reordenación de estructuras organizativas que permitan abrir los adecuados cortafuegos ante la perspectiva de un incendio provocado por las altas temperaturas que irradia la política nacional. El manual de primeros auxilios indica la conveniencia de encapsular los negocios en España mediante un spin off destinado a escindir la filial doméstica de la casa matriz o sociedad holding en la que se toman las decisiones estratégicas con plenos poderes ejecutivos y muy relativa responsabilidad legal. La carencia en el ordenamiento mercantil de una regulación clara sobre el llamado derecho de grupos facilita este divorcio a la española que se está poniendo tan de moda en el seno de los grandes bancos y sociedades cotizadas.
En contra de lo que cabía esperar, ni la nueva Ley de Sociedades de Capital ni el más reciente Código Unificado de Gobierno Corporativo han establecido ningún cordón umbilical que determine una estricta vinculación jurídica entre los consejos de administración de empresas pertenecientes a una misma entidad corporativa. De esta forma, aunque las decisiones procedan siempre de arriba a abajo, cualquier preboste puede luego llamarse a andanas si vienen mal dadas en sus compañías participadas. Esta persistente y graciosa laguna permite a los gestores irse alejando en cascada de la propiedad representada por los accionistas minoritarios, gobernando todos los movimientos de sus distintas subsidiarias con el mando a distancia y desde una torre de marfil protegida de cualquier contingencia legal.
Los casos de Telefónica, Iberdrola y Santander
La filialización por actividades o territorios dentro de un mismo grupo industrial se ha manifestado con especial crudeza en el caso de Endesa, la antigua empresa líder del mercado eléctrico español romanizada bajo el poder del Estado italiano que representa Enel. Algo equivalente puede suceder ahora con Iberia, una vez que terminen en enero los pactos de fusión con British Airways y que el Grupo IAG decida desde Londres el destino final de la aerolínea de bandera en función de lo que más conviene, claro está, a los intereses británicos. Este modelo de separación de negocios se ha insertado igualmente durante los últimos años como pieza clave en la estrategia de diversificación de las grandes multinacionales españolas que han tratado de compensar en el exterior la pérdida de sus viejos monopolios nacionales.
Telefónica fue de las primeras que estableció fronteras para marcar territorio en España, dentro de una estrategia que ha sido imitada con mayor o menor alarde por otras grandes del Ibex. Entre las que han patentado el modelo sin ningún tipo de complejos está Iberdrola, que ha dotado de personalidad jurídica propia a un nuevo subholding doméstico estructurado como pararrayos ante cualquier tormenta regulatoria en el mercado energético. Las reformas del ministro José Manuel Soria han curado de espanto a Ignacio Galán, quien ha comprobado lo duro que puede ser enfrentarse a cara descubierta con el Gobierno de turno. El presidente de la primera eléctrica verdaderamente española se ha cubierto las espaldas, pasando de las palabras a los hechos, no vaya a ser que lo peor esté aún por llegar a un sector acostumbrado durante muchos años a manejar el BOE a su antojo.
En el sector bancario el ejemplo más inmediato de una incipiente división de aguas lo acaba de dar Ana Botín con la creación de una marca específica en España que, en principio, no tendrá naturaleza jurídica pero que funcionará con todas las de la ley como nueva filial del Grupo Santander. La entidad cántabra ha colocado al frente de la operativa en nuestro país a Rodrigo Echenique, sin lugar a dudas el paladín de todo el proceso de transición experimentado por el Banco Santander tras el fallecimiento de Emilio Botín, incluyendo el nombramiento exprés de su hija como presidenta con plenos poderes ejecutivos. El Banco Santander trata así de proyectar un mensaje de confianza en España que no viene nada mal en el actual momento económico y que sirve de paso para alejar la mayor exposición del negocio internacional en países de incierto futuro, como pueda ser principalmente Brasil.
La deriva secesionista de Artur Mas genera también que algunos empresarios catalanes se curen en salud con el eventual traslado de sus domicilios sociales
Otro que se ha movilizado con este mismo sentimiento de protección ha sido el Banco Sabadell. La entidad que preside Josep Oliu ha utilizado los servicios de uno de los más ilustres lobistas catalanes con tarjeta de acceso a Moncloa para introducir una enmienda en la Ley Concursal aprobada el pasado mes de mayo y que supone un salvoconducto especial por si algún día empiezan a pasar lista en Cataluña pidiendo que el personal se presente con el carné independentista en la boca. La modificación normativa introduce un pequeño gran matiz en la Ley de Sociedades de Capital para facilitar el cambio de domicilio social dentro de todo el territorio nacional con el mero acuerdo del consejo de administración y sin pasar por la junta general de accionistas.
Hasta ahora este mismo procedimiento estaba limitado a los cambios dentro del propio municipio, lo que evidentemente no resuelve la espantada que algunos empresarios catalanes vienen preparando ante la deriva secesionista de Artur Mas y compañía. Está visto que, sea como fuere, en la España actual cada cual blinda su futuro como mejor le parece. Por distintos aunque no tan lejanos motivos, la ‘doctrina Cambó’ cuenta a día de hoy con infinidad de seguidores que no van a reparar en gastos a la hora de provisionar el riesgo político. Quizá sea pronto para pensar en términos de fuga, pero el temor es soberano y a ver quién es el valiente que además de negar el miedo no actúa con un mínimo instinto de precaución.