¿Quién va a pagar el octavo fracaso de España a la hora de cumplir con el déficit?

"España siempre acaba cumpliendo", proclamó Luis de Guindos en octubre. Pero no es verdad. 

El ministro de Economía pronunció esa ocurrente afirmación para transmitir confianza. En ese momento, Bruselas albergaba unas crecientes dudas con respecto a la capacidad del Gobierno de Mariano Rajoy para embridar el déficit público y cumplir con los compromisos adquiridos con las autoridades europeas, y Guindos quiso acallar esos recelos. Como frase, desde luego, no estaba mal. El único inconveniente es que no había sido verdad en los últimos años ni iba a serlo tampoco en 2015, como quedará acreditado en los datos que el Ministerio de Hacienda anunciará este jueves.

[Lea aquí: 'El déficit descarrila al 5,16% en plena formación de un gobierno del gasto']

La España cumplidora empezó a incumplir el objetivo de déficit marcado por Europa en 2008 y desde entonces no ha dejado de hacerlo, con lo que ya acumula ocho años de desviación. Primero lo hizo al sobrepasar el umbral del 3% marcado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), y luego ya al apartarse incluso de las distintas sendas pactadas con Bruselas para ir conteniéndolo. ¿Y en 2015? El compromiso alcanzado con la Comisión Europea consistía en reducir el desfase fiscal al 4,2%, pero la cifra que difundirá hoy el ministerio comandado por Cristóbal Montoro rondará el 5%. Ocho décimas no parecen mucho, pero en dinero impresionan más: son 8.650 millones de euros. 

Como lo poco gusta, pero lo mucho cansa, este historial cada vez molesta más en Bruselas. Por un lado, porque España está incumpliendo unos objetivos que ya habían sido relajados, sobre todo a partir de 2012. Y por otro, porque hasta el año pasado se concedía a España el beneficio de la duda por la debilidad económica que arrastraba el país, pero en 2015 este argumento se desvanece tras haber registrado un crecimiento del 3,2%, más del doble del 1,5% logrado en la eurozona. Si no se cumplió el déficit con ese crecimiento superior al 3%, solo pudo deberse a una combinación de tres motivos: complacencia, incapacidad y error de cálculo. En resumen, nada del agrado de la Comisión Europea y nada que deje en buen lugar a España.

La anestesia de Draghi genera la sensación de que incumplir la meta de déficit no es grave; pero sí lo es. Resta credibilidad, cuesta dinero y enfada a Bruselas

Para llegar a ese 4,2%, el déficit del Estado debía situarse en el 2,9%, una meta que en noviembre sí parecía asumible, pero que se antoja complaciente; a las comunidades autónomas les correspondía reducir su desajuste fiscal al 0,7% del PIB, una cifra a la que ni siquiera se acercarán, para ratificar la incapacidad de poner orden en las finanzas autonómicas, y a la Seguridad Social le tocaba ajustar su desfase hasta una cifra equivalente al 0,6% del PIB, una meta que desde el principio sonaba demasiado ambiciosa y que todo indica que será difícil de lograr, con lo que certificaría el error de cálculo del Gobierno. A la cuarta pata de las administraciones públicas, la de los ayuntamientos, se le pedía un déficit del 0%, pero en este frente no se esperan sorpresas negativas. 

Ejerciendo el papel vigilante que le corresponde, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) venía advirtiendo de que España no iba a cumplir con ese 4,2% desde finales de 2014 y luego lo reiteró en distintas ocasiones a lo largo de 2015. Pero ni por esas.  

En un entorno anestesiado por las extraordinarias medidas monetarias -con ribetes fiscales- aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE) de la mano de su presidente, Mario Draghi, los incumplimientos de España no parecen graves porque no se traducen en un castigo tan profundo como el que reflejó la prima de riesgo en el verano de 2012, cuando llegó a los 650 puntos básicos. Sin embargo, sí lo son. Primero, porque una prima como la actual, de 130 puntos básicos, es muy alta en un contexto en que los tipos de interés oficiales están en el 0% y en que la prima de países como Italia, Irlanda o Bélgica está por debajo, con lo que no rebajar más el déficit no solo perjudica a la credibilidad de España, sino que se traduce en tener que pagar una factura de intereses más cara de la que se debería estar pagando. Segundo, porque con lo que sí cumple España es con seguir luciendo uno de los déficits públicos más altos de la eurozona -en 2014, solo por detrás de Chipre y Portugal-. Y tercero, porque Bruselas cada vez le tiene más ganas a España. 

Considerando que para 2016 el objetivo es aún más exigente, puesto que la meta de déficit se sitúa en el 2,8% -ya dentro del redil marcado por el PEC-, el malestar europeo amenaza con ser una pesada herencia para el futuro Gobierno. Los líderes de los partidos, Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera, sin excepción, ya han anticipado su voluntad de renegociar ese objetivo -e incluso el de los próximos años- con la Comisión. Pero todos, también sin excepción e independientemente de quién llegue a la Presidencia, se pueden encontrar con un sonoro No. En ese caso, España debería emprender el notable ejercicio de reducir el déficit en 2,2 puntos porcentuales en un único año. O lo que es lo mismo, un tijeretazo de unos 25.000 millones de euros. ¡Bienvenidos a La Moncloa!