Por qué Soria tenía que dimitir y ha dimitido

Cuando Nicolás Salmerón dimitió como presidente de la I República, la política española recuperó la dignidad perdida por años de corrupción y clientelismo. Salmerón, como se sabe, presentó su renuncia apenas dos meses después de ser nombrado para el cargo.

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Digno heredero del krausismo y de todo lo que representaba ese proyecto de regeneración intelectual del país, su concepción moral de la cosa pública era incompatible con la aprobación de las tres penas de muerte que se le exigía por la aplicación del Código de Justicia Militar.

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Salmerón argumentó que un imperativo moral le impedía firmar esa orden, y desde entonces su gesto se ha interpretado como un acto de decencia. Al fin y al cabo, la política es una cuestión de principios, y cuando un representante de la soberanía popular se comporta de forma no ejemplar, lo razonable es que dimita para no horadar el sistema democrático.

Es obvio que José Manuel Soria, el ministro de Industria en funciones, no es Nicolás Salmerón. Ni la España de hoy es la misma que la de hace un siglo y medio, pero los comportamientos morales trascienden a los momentos históricos. Algo que explica que en los países en que las instituciones funcionan, las renuncias -a veces por motivos nimios- sean una forma de medir la calidad de la democracia. Básicamente, por una razón de peso: los intereses particulares no pueden estar nunca por encima de los generales. Soria se ha resistido a tirar la toalla, aunque finalmente lo ha hecho, tal vez pensando que en el perjuicio en la marca España de su enroque.

Soria no es Salmerón. Ni la España de hoy es la misma que hace un siglo y medio, pero los comportamientos morales trascienden a los momentos históricos

La renuncia de Soria no tiene nada que ver con un acto delictivo. Ni siquiera con alguna irregularidad cometida por él o por su familia a través de paraísos fiscales. Tiene que ver con el hecho de que la democracia no es otra cosa que el régimen de la opinión pública, y cuando un cargo público miente o calla la verdad, no tiene más remedio que dejar el cargo. En caso contrario, se estaría ante un encanallamiento de la vida pública incompatible con el sistema de valores que encarna la Constitución. El cumplimiento de la ley en un Estado moderno es una condición indispensable, pero desde luego no suficiente, toda vez que la democracia no deja de ser un código de conducta moral.

Y las distintas versiones que ha dado Soria desde que El Confidencial publicó el pasado lunes su vinculación a sociedades pantalla radicadas en Panamá no son más que un cúmulo de despropósitos que han comprometido, además, a su partido.

Soria podría haber atajado el problema desde el primer día, informando verazmente a la opinión pública sobre sus vinculaciones con paraísos fiscales mucho tiempo antes de que fuera ministro o incluso alcalde. Una explicación convincente y fértil en datos hubiera dado resultados positivos. Pero el ministro en funciones optó por hacer justo por lo contrario. Prefirió ocultar la verdad, y eso le ha arrastrado por el peor camino posible, que ha culminado con su dimisión horas antes del Consejo de Ministros.

La crisis económica y los casos de corrupción han creado un nuevo ecosistema político que ya no acepta a políticos torticeros que intentan confundir a la opinión pública con medias verdades. Soria, aunque algo tarde, ha dado un paso atrás. Era el único movimiento sensato en sus circunstancias.